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Por una salida democrática y popular a la crisis.

El Comité Central del Partido Comunista Colombiano, reunido en Bogotá los días 22 y 23 de noviembre de 2019 hizo un examen cuidadoso de la coyuntura postelectoral, de la actividad de lucha popular en curso, la convocatoria del 23 Congreso en el marco del 90 aniversario de la fundación del Partido y su posición ante las tareas políticas del momento.



El paro nacional del 21 de noviembre

El movimiento de protesta, convocado como paro Nacional el 21 de noviembre, ha devenido en una grandiosa expresión de inconformidad, indignación y rechazo al gobierno de Iván Duque, a su política social y al tratamiento de guerra a los reclamos ciudadanos. Es una movilización social legítima, que muestra un nuevo espíritu de repudio al miedo y se abre a nuevos ambientes de lucha. Decenas de miles de jóvenes, de asalariados/as, de desempleados/as, de estudiantes, mujeres y diversidades organizados/as, de capas sociales muy diversas, han decidido darle continuidad a través de los « cacerolazos », las marchas, plantones, bloqueos y mítines relámpago.

Allanamientos, estigmatizaciones, toques de queda y amenazas no impidieron la protesta. Millones de compatriotas coinciden en responsabilizar a este gobierno, al  presidente y a su padrino político, el senador Álvaro Uribe, de retrotraer el país, por una variante de la  « seguridad democrática », que experimenta con la población métodos fascistas de pánico y agresión; de insistir en el desconocimiento del Acuerdo Final de paz  y tratar de imponer forzadamente medidas de despojo económico a los jóvenes trabajadores, nuevas privatizaciones, privilegios exclusivos a  selectos círculos del capital en abierta  tolerancia con la corrupción.

La irrupción de un proceso de protesta cívico ciudadana de las características del actual, pone al descubierto la profunda crisis del “uribismo”,  de su credibilidad, en particular su incapacidad de dar respuesta a las demandas socioeconómicas de la población, su desprecio de la ética pública, su responsabilidad en bombardeos atroces,  amparados en la explícita renuncia a una política de paz del Estado,  su regreso  a la guerra y su desconocimiento de compromisos ante el país y el mundo en el cumplimiento de lo acordado para la paz. La crisis humanitaria con crímenes de sistema, planeados y ejecutados cotidianamente contra líderes y lideresas sociales, excombatientes y defensores de derechos humanos, ocurre ante la total insensibilidad de las autoridades, preocupadas por derrocar al gobierno de Venezuela o lanzar irresponsables acusaciones a Cuba, dos Estados hermanos, este último, garante del acuerdo de paz con las FarcEp y escenario generoso del diálogo del gobierno colombiano con el ELN.

Las explosiones sociales en Haití, Ecuador, Honduras, Chile, las contrarreformas de Macri en Argentina y las de Bolsonaro en Brasil son respuestas populares a las imposiciones del modelo neoliberal en crisis y llevan el mismo sello del FMI. La valerosa resistencia del pueblo boliviano al golpe de Estado denuncia los métodos fascistas y violentos que utiliza la derecha, en su empeño de hacer del golpe una contrarrevolución. En Colombia, se culpabiliza al Foro de Sao Paulo, a la izquierda, a ciudadanos extranjeros de la agitación social, a la que, intencionalmente, se identifica con los brotes de vandalismo, en muchos casos inducidos por la actuación del Esmad o de sus funcionarios, camuflados e infiltrados con tal propósito en las marchas.

El gobierno de espaldas al país.

La crisis social y política se concreta en la negación de la existencia del “paquetazo”, anunciado por meses, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y recomendado por la OCDE. Una reforma laboral, una reforma pensional, abandono de todo enfoque social en reforma agraria, política universitaria confiada al financiamiento contingente de estudiantes y egresados, anuncio del regreso a las fumigaciones con glifosato, nuevas privatizaciones bajo la figura de un holding estatal.

Sin reconocer ni un ápice de las razones de la protesta, Duque ha propuesto una “conversación” fragmentada, por sectores y regiones, ante su incapacidad de enfrentar un diálogo social que implique un cambio de rumbo en la política, como lo exige la ciudadanía movilizada. El movimiento popular debe exigir al gobierno cesar el manejo de la situación como problema de orden público, pánico programado desde la Policía y metodología de guerra. El diálogo debe ser con el conjunto de las fuerzas populares que han impulsado el movimiento, sin exclusiones y al margen de la Comisión Nacional de Concertación.

En consecuencia el gobierno debe:

- Garantizar el derecho a la vida de las/os líderes locales, de la oposición democrática, ex combatientes, defensores de derechos humanos, sindicalistas y estudiantes.
- No implantación del estado de conmoción, cesar de inmediato la represión, no regulación de la protesta social, desmonte del Esmad.
- Poner en libertad a todos los detenidos y judicializados e indemnizar a quienes han sido víctimas de la represión violenta.
- Asumir el cumplimiento de lo pactado con las Mingas indígenas, campesinas y populares, el movimiento universitario, Fecode, los paros cívicos de Buenaventura y Chocó.
- Suspender la estigmatización hacia las organizaciones responsables del paro, las fuerzas políticas de la oposición al gobierno, los extranjeros residentes o exiliados en Colombia.
- Asumir plenamente el cumplimiento de los compromisos institucionales de Estado con el Acuerdo Final de paz, restablecer el diálogo con el ELN.

En un nuevo momento de la lucha popular.

La continuidad del movimiento implica recoger las demandas de trabajadores asalariados, sectores populares y capas medias, expresadas en la movilización, en un proceso de consulta de abajo hacia arriba que incluya dinámicas asamblearias por territorios y sectores hasta llegar a estructurar un pliego unitario nacional que sea la bandera de diálogo nacional con el gobierno hacia las transformaciones económicas sociales, políticas, culturales e institucionales que el país necesita. Junto a esa bandera debe convocarse a mantener la dinámica de la protesta, la organización y la acumulación de fuerzas hacia un paro cívico nacional en caso de que el gobierno se niegue a escuchar y dar trámite a las demandas del proceso de consulta democrática por la base.

Hacia un proyecto democrático popular transformador.

La profunda crisis política, social, cultural, humanitaria y moral que pone en jaque al Estado oligárquico colombiano es una manifestación de la crisis de estructura de la formación económica y social toda, y sólo puede tener una solución democrática, con la participación decisoria e independiente de las mayorías populares en sus definiciones. Una salida democrática necesitará de cambios en los medios de poder, en particular de un gobierno de amplia coalición popular, que enarbole los elementos básicos de un proyecto democrático popular nacional, en perspectiva de transformaciones sociales profundas.

Los resultados de las elecciones locales del 27 de octubre mostraron un voto-castigo al partido de gobierno y un avance de las corrientes opositoras expresadas en candidaturas por firmas o reagrupadas en coaliciones y listas unitarias. La política de convergencias y Frente amplio avanzó con el acuerdo Colombia Humana – Unión Patriótica, con Mais, Farc, Polo, Verdes, Congreso de los Pueblos e independientes, en relación con la situaciones regionales. En ese marco, UP, PCC y JUCO obtuvieron avances políticos, ampliaron el radio de acción de masas y trabajan en mejorar la formación política y la capacitación de las y los jóvenes activistas. La VOZ ha abierto sus páginas a las regiones y a la pluralidad de las opiniones en la convergencia. Hay que persistir con inteligencia, flexibilidad, amplitud y sentido estratégico la línea de alianzas, en todos los campos del actuar político y de masas. La unidad de los comunistas y de otras fuerzas de la izquierda avanzada hacia un Bloque Popular alternativo es más necesaria que nunca y reafirmamos nuestra disposición a continuar trabajando en esa dirección.

Mantenemos en alto la bandera de la solución política para la paz.

La solución política, cuya columna principal es el Acuerdo Final de Paz y la lucha por su implementación, es un proceso prolongado,  caracterizado por la confrontación con los beneficiarios de la guerra, enquistados en el poder del Estado. No existe sustituto a la vía de solución política, diálogo y búsqueda de acuerdos. En consecuencia, deben restablecerse las conversaciones con el ELN, en el punto en el que habían avanzado, iniciarlas con el EPL y no cerrar puertas.

Saludamos el Tercer aniversario de la suscripción del Acuerdo Final de paz.

Con este motivo reiteramos la trascendencia histórica de este acontecimiento que ha abierto el camino a la terminación de la guerra, a la perspectiva del cese de la persecución política, a la apertura de cambios democráticos, la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición junto con la justicia social para dar pasos a la superación de las desigualdades. Al reafirmar el necesario cumplimiento de acuerdo reclamamos la repatriación de Simón Trinidad y la libertad todos los presos políticos sociales.

Comité Central
Partido Comunista Colombiano