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El debate del día de 18 de mayo en el Senado, adelantado por el Partido de Gobierno Centro democrático y los funcionarios del gobierno, mostró ser un juicio político al nuevo partido político surgido de la negociación, FARC, bajo el argumento de los supuestos incumplimientos de las FARC al acuerdo final de paz.



Queda de manera clara que el objetivo del pretendido debate es el interés del actual partido de gobierno por justificar su política evasiva de los compromisos del Estado con el Acuerdo Final y pasar a la ofensiva con el supuesto de que FARC no ha entregado los recursos económicos para la reparación de las víctimas.

El falso debate fue un desfile lamentable de ataques al acuerdo de paz, de informes parcializados, de tergiversaciones en los indicadores de evaluación de la implementación, pero estuvo especialmente enfocado a sustentar la “propuesta” del Ministro de Defensa de acabar de volver trizas, bajo la golosina de modificar “por las buenas”, en medio del estado de excepción y de la crisis nacional generada por la pandemia, los términos esenciales del pacto para la paz.

Fue evidente el intento de levantar la imagen del gobierno y sus medidas, promoviendo la polarización contra las FARC, contra el Acuerdo Final, y justificar el incumplimiento de gran parte de las obligaciones.

Incumplir con la democratización, la Reforma Agraria, y las medidas de no repetición como la eliminación de la teoría del enemigo interno al interior de las fuerzas militares, y frenar el esclarecimiento de lo ocurrido, con el debilitamiento aún mayor de la JEP y los mecanismos de Reparación de Víctimas previstos y a cargo del Estado.

Las Senadoras citantes hicieron gala de soberbia y dejaron en claro la falta de garantías a las cuales estaremos expuestos durante el actual periodo de gobierno. El lenguaje es bélico, irresponsable y estigmatizante, añora el retorno a la confrontación con las FARC, pero olvida que la antigua guerrilla ya no existe y que es deber del Estado garantizar la seguridad y el cumplimiento de lo pactado en la Habana.

Resulta preocupante la justificación por las Senadoras citantes, respecto al genocidio en contra de 196 ex combatientes asesinados, con un nivel de impunidad del 91% de acuerdo a cifras de la misma Fiscalía general de la nación.

Este debate, configura una anomalía política y jurídica, reafirma el autoritarismo del régimen y promueve discursos de odio.

La senadora Valencia acusa al Partido Comunista porque abogados de amplio reconocimiento en la búsqueda de la paz ejercen su actividad profesional en defensa de víctimas y excombatientes, con lo que contribuyen al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en especial el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz, que el uribismo pretende liquidar.

A las senadoras citantes les decimos que el Partido Comunista propuso desde su 13 Congreso, en 1980, la necesidad de la solución política, en contraposición a la solución militar defendida por la derecha bipartidista, el militarismo anticomunista y el Comando sur.

Defendemos el Acuerdo Final, defendimos el SI y exigimos su plena implementación. Hoy, el único acuerdo con el país que reclama que cese el genocidio de defensores/as de la paz es que el Estado cumpla su compromiso con la implementación ante el pueblo y ante la Comunidad internacional.

Y agregamos, no es a través del anticomunismo ni de la estigmatización como se busca la reconciliación.

EL Centro Democrático justifica los genocidios con el discurso mentiroso que las FARC no entregaron todas las armas, para justificar el rearme paramilitar y el no cumplimiento.

La conducta del gobierno del Centro Democrático es contraria a la paz: niega la historia, niega los 104 asesinados desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha, y los 23 durante la Pandemia. Nuestra respuesta será la de enjuiciar y resistir el juego autoritario del actual gobierno, el encubrimiento del genocidio en curso, desenmascarar la crisis de la inteligencia militar, su responsabilidad en la violencia y la corrupción y la necesidad de la unidad para alcanzar una salida democrática de la crisis nacional, sanitaria y laboral.

(*) Comité Central
Partido Comunista Colombiano
Bogotá, D.C., mayo 20 de 2020