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La orden de detención domiciliaria de la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe Vélez es una decisión judicial muy importante, que rompe una prolongada fase de indecisiones y despierta la esperanza que nuevos hechos de justicia confronten la impunidad reinante.



El caso en proceso de investigación tiene que ver con la manipulación de testigos, el intento de soborno, las amenazas coactivas contra ciudadanos declarantes en contra del expresidente.

La Corte Suprema ya había exonerado de responsabilidad al senador Iván Cepeda acusado por Uribe con falsas pruebas que revirtieron en contra de sus propósitos. El paso dado en términos de la justicia tiene a su vez un sentido político.

Este proceso es apenas uno entre una infinidad de causas denunciadas que muestran las relaciones del expresidente y de su entorno inmediato con el paramilitarismo, el narcotráfico, el espionaje a las Cortes y hostigamiento a la Oposición política, los falsos positivos, así como distintas formas de abuso de poder.

El gobierno Duque ha mostrado parcialidad y complicidad para ganar tiempo, aprovechar cambios en la composición de las Cortes y desconocer los aportes del Acuerdo de paz a los derechos de las víctimas. El pronunciamiento conjunto de las Cortes es una reafirmación de independencia y una respuesta a los apetitos de violar la separación de poderes.

Es necesario destacar el empeño del senador Iván Cepeda, del colectivo José Alvear Restrepo, de la bancada Alternativa del Congreso y el equipo jurídico de las organizaciones de derechos humanos que han contribuido a esta reclamación de justicia.

También es importante subrayar la presión de la comunidad internacional, en cabeza del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ha reclamado el respeto por el Acuerdo final de Paz y su implementación, el restablecimiento de una política de diálogo para la paz y la necesidad de que el Estado garantice el derecho a la vida, el fin del exterminio de líderes y lideresas sociales, excombatientes, sindicalistas y militantes de la izquierda.

En tal sentido ha tenido un papel el pronunciamiento de casi un centenar de parlamentarios estadounidenses, cuya influencia condiciona el cumplimiento de obligaciones del Estado con los derechos humanos.

Hacemos un llamado a todas las expresiones democráticas y populares de la sociedad colombiana, a las organizaciones del movimiento obrero, la academia, las organizaciones étnicas, regionales, de la mujer, de los jóvenes, del estudiantado, de la cultura, par que redoblemos la denuncia y la movilización contra la impunidad, la corrupción y el fin de los privilegios que atentan contra la dignidad de las y los colombianos.

Bogotá, agosto 4 de 2020

Partido Comunista Colombiano (PCC)
Juventud Comunista Colombiana (JUCO)
Unión Patriótica (UP)