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La ofensiva de la ultra derecha en el marco de la nueva estrategia hacia América Latina que lidera la administración Trump desnuda sus Ases:



La prisión de Lula, en Brasil; la realización excluyente de la cumbre de las Américas, en Lima, dirigida a deslegitimar la elección presidencial en Venezuela, el próximo mes de mayo; y la detención de Jesús Santrich en la proximidad de los comicios presidenciales en Colombia, parecen develar vínculos de un actuar destinado a revertir y a evitar procesos y cambios democráticos en el continente. La conexidad que señalamos no es una manifestación paranoica. La  captura de Seuxis Pausias Hernández, un destacado dirigente de FARC, es una burda provocación al proceso de paz y a la fuerza política legal en cuyo nombre fue electo parlamentario.

El   novelón de la DEA, de un supuesto delito, inducido mediante la perfidia, con agentes infiltrados para dar apariencia de complicidad y justificar así la extradición, cae como anillo al dedo al propósito desestabilizador. Fiscalía tiende cortinas de humo para eximir responsabilidades en el manejo del Fondo de Paz, ante las queja de los países donantes. La JEP tiene un papel fundamental que cumplir jurídicamente en el debido proceso y lo que verdaderamente está en juego es la vigencia de un tratado de paz, que es un asunto político central del interés nacional.

Estados Unidos  tuvo un observador permanente en el diálogo de La Habana, el señor Bernard Aronson.  En la actualidad, los funcionarios del Departamento de Estado  estigmatizan a FARC con la especie de no haber hecho dejación plena de las armas, no haber entregado la totalidad de sus recursos, propiciar supuestas disidencias e incitar al campesinado cocalero a rechazar la erradicación forzada. En síntesis, estar violando el Acuerdo. La Segunda Misión de las Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad y su Secretario General, al igual que los países Garantes, Cuba y Noruega, han expuesto sus serias preocupaciones y sus llamados al gobierno colombiano frente al cumplimiento, implementación y expresiones referentes al Acuerdo. Santrich se agrega a 632 presos/as políticos/as que permanecen en prisión. De su parte FARC ha honrado lo convenido,  mientras el Estado no ha cumplido ni una quinta parte de su compromiso con La Paz, ante la sociedad y ante el mundo. Frente a Estados Unidos, el gobierno colombiano tiene el deber de defender  la aplicación soberana de la letra del acuerdo de paz y no dar la razón a terceros sin establecer los criterios que convienen al interés del país.

La ultraderecha, representada en las candidaturas presidenciales de Duque y Vargas Lleras trabajan de gancho con la derecha continental y el imperio, enajenados en su estrecho propósito de clase, de odio a la izquierda y desprecio por lo social. Santos, en Lima, ha reafirmado su posición de desconocer las elecciones en Venezuela, lo que coloca a Colombia en el proyecto desestabilizador de un país hermano, vecino y solidario con el proceso de paz.

Sostenemos  la bandera de defensa del acuerdo de paz, el reclamo por el debido proceso, el papel de la justicia especial para la paz y el compromiso de no extradición de prisioneros políticos. Ahora es cuando más es necesaria la unidad del pueblo, de todas las vertientes de la democracia y de la lucha popular porque el sentido profundo de la contraofensiva de la derecha es impedir el triunfo de la política renovadora, de un gobierno democrático y pluralista de transición hacia la paz con justicia social y ambiental,  una sociedad donde la política se ejerza sin armas y sin paramilitarismo. Y la derecha quiere probarlo todo: el terror, el miedo a los cambios y el fraude electoral. La unidad del pueblo debe prepararse para actuar en toda circunstancia.

Jaime Caycedo Turriago
Secretario General del PCC