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Informe al Pleno del Comité Central
 
Corresponde a este pleno de octubre de 2018 examinar los primeros meses del gobierno de Duque y poner en claro los delineamientos de la política del partido en lo que resta del año, así como la previsión de las tareas e iniciativas en 2019.



Parte principal del temario previsto tiene que ver con la discusión sobre el Semanario Voz, el papel de las publicaciones y los balances de las distintas tareas que han constituido hasta el momento la preocupación y la actividad del Partido y la Juventud Comunista: muy importante, ante todo, los avances unitarios, en la conjunción de la Convergencia y el frente parlamentario; el balance del Congreso de la Juventud Comunista; e igualmente el significativo esfuerzo del colectivo en las elecciones de CUT y FECODE que vienen de concluir. Mirando el resto de lo previsto en 2018 tenemos las movilizaciones por la paz y por la vida, junto con la protesta educativa en defensa de la educación pública del 10 de octubre y la realización, tanto del Festival de Voz como del 12 Foro Nacional por la Defensa de los DDHH.

En medio de esta cargada agenda aflora la necesidad del examen de la realidad política y de los nuevos retos que la coyuntura ha puesto por delante.

PROPÓSITO DE DUQUE: PROFUNDIZAR LOS ASPECTOS AUTORITARIOS, BELICISTAS Y CONFESIONALES DEL RÉGIMEN.

El nuevo gobierno viene desarrollando las líneas previsibles, contempladas desde la campaña política. No hay sorpresas, hay líneas de continuidad que marcan las características de clase y la influencia de la extrema derecha que representa el Centro Democrático, especialmente en su propósito de frenar la implementación de los Acuerdo de Paz y retrotraer lo alcanzado poniendo en riesgo la existencia misma del Acuerdo. 

No obstante, debemos afirmar que se acentúan los rasgos de dependencia e instrumentación del gobierno de Duque frente a la política exterior de Estados Unidos, lo que está marcando un rumbo de alineamiento del país con otra versión de la Guerra a la droga, caracterizada por la aceptación de las fumigaciones, el desconocimiento de los pactos para sustitución voluntaria, el retorno a la llamada política dura frente a los cultivos de uso ilícito, lo que hace prever severas confrontaciones sociales con una extensa capa de campesinos cocaleros, ya de suyo desconocidos en su empeño de lograr la aplicación de lo acordado en el punto 4 del acuerdo de la Habana.

En ese mismo horizonte, la postura de Duque plantea de forma abierta derrocar el gobierno Bolivariano, a través de todos los métodos posibles, incluida la demanda contra el presidente Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional por supuestas violaciones de los derechos humanos en Venezuela y sin descartar la intervención militar, lo que ha generado un encendido debate que hoy enfrenta distintas vertientes de la opinión. Entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre se realizaron las maniobras Unitas 2018, con sede principal en Cartagena y el despliegue de los ejércitos de Estados Unidos, Brasil, Perú, Argentina, Colombia y Chile, con la participación cómplice de Panamá, en maniobras y simulacros de agresión a Venezuela para  facilitar una eventual entrada de fuerzas de estos distintos países, en lo que pareciera prefigurar la idea de una intervención colectiva, tema grato a sectores empresariales colombianos con intereses económicos en una aventura bélica.

Hay que agregar que la política de Estado, heredada del gobierno Santos, de adhesión como socio de la OTAN, constituye, en el marco del estilo servilista inaugurado por Duque en la ONU, un salto de calidad peligroso y regresivo, con un repudio inmenso en América Latina y absolutamente inaceptable en una perspectiva de paz. En contraste, crece en el país el rechazo a la idea de una guerra con Venezuela y este sentimiento que ha venido ampliándose incluso en sectores del propio establecimiento y de sus medios de comunicación, señala la creciente contradicción entre la lucha social popular, en la perspectiva de consolidar la paz interna en Colombia, junto al papel consecuente de la oposición política democrática y las fuerzas partidarias de la paz, frente al vergonzoso alineamiento de Duque con la política imperial.

La campaña en contra de Unasur, el retiro y la denuncia del tratado por Colombia y el espaldarazo a la OEA, junto con su nefasto Secretario Luis Eduardo Almagro, intenta cerrar un espacio de debate, convivencia y cooperación pacífica. El triunfo del gorila Bolsonaro en la primera vuelta en Brasil y su eventual confirmación, puede agravar la amenaza intervencionista, con el apoyo de la derecha extremista latinoamericana y la complicidad de Macri, Vizcarra y Piñera.

UN PASO MÁS EN LA NEGACIÓN DE LA SOLUCIÓN POLÍTICA.
 
Otra característica regresiva del gobierno consiste en el retorno a la política de guerra, al proceder a la supresión del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional que se había venido adelantando en La Habana. El gobierno no sólo retira a sus negociadores sino que establece nuevas condiciones para retomar el diálogo, entre ellas el del cese al fuego y de hostilidades unilateral, la idea de concentrar la fuerza en un solo lugar, la exigencia de liberar lo que el gobierno llama "a todos los secuestrados”, haciendo caso omiso de las liberaciones en Arauca y el Chocó adelantadas por esta guerrilla; y finalmente, la idea peregrina de rediscutir toda la agenda hasta ahora acordada y establecida por el gobierno anterior. Adicionalmente el gobierno desconoció el papel de Venezuela como garante, quizá en la idea de subrayar la finalización de toda posibilidad de avanzar en este diálogo. Hay que recordar que el ELN acordó en su último congreso adelantar pasos exploratorios, más no el desarrollo de un proceso de negociación para una solución política con el gobierno colombiano. Este mandato y otros confusos aspectos tácticos, han limitado el horizonte del proceso, no obstante su alcance estratégico para la paz integral.

Esta renuncia del establecimiento al diálogo representa un golpe formidable a una política que había comenzado a desenvolverse en los dos cuatrienios anteriores en dirección a la solución política por la vía de acuerdos, del cese al fuego y la vía de las conversaciones ininterrumpidas, para buscar soluciones a los graves desequilibrios y las profundas desigualdades que padece la sociedad colombiana. Lo que resalta en claro es la reinauguración de la guerra de contrainsurgencia y la renuncia a cualquier forma de articulación con el proceso paz hasta ahora logrado con las FARC. De nuestra parte, mantenemos en alto la bandera de la solución política y el diálogo, el restablecimiento del mismo con el ELN y el inicio de un camino de conversación con el EPL

POLÍTICA DE CLASE Y REPRESIÓN PARA RECORTAR DERECHOS.

La imagen de un orden fuerte, que busca consolidar, no la paz sino la legalidad, con los instrumentos de la ley y la coacción policial, hacen parte de una política de seguridad y represión de las manifestaciones populares y de domesticación de las conductas con argumentos de una moral ultra conservadora, normativa y uniformizante y una exaltación del modelo de familia patriarcal premoderno como patrón exclusivo para reformular la sentencias de la Corte constitucional, juzgadas como demasiado liberales. Ese enfoque de revisión de la jurisprudencia y de la Constitución busca también reglamentar las protestas sociales, hacer más difíciles las consultas populares y restringir el derecho de la tutela, lo que muestra las intenciones de los sectores empresariales con quienes Duque ha pactado lo central de su política económica y social, en su alianza con el narcoparamilitarismo y el neo confesionalismo radical disfrazado de “libertad” religiosa o de conciencia. Sin embargo, Duque no ha logrado poner en marcha un plan coherente de gobierno, por las contradicciones en su propio partido CD y con sus aliados de la coalición que lo eligió, que abanderan voraces apetitos del botín del poder.

En ese mismo sentido el reconocimiento formal de cumplir con los compromisos de implementación del Acuerdo de Paz con FARC se mantiene sin despegar en varios aspectos centrales y, como lo ha dicho FARC, “el proceso de implementación se ha caracterizado por avances indiscutibles, alteraciones sustanciales e incumplimientos manifiestos”, lo que muestra la complejidad y las dificultades en la brega por darle forma y concreción a lo acordado. El gobierno se reserva la iniciativa de “modificar algunos puntos”, lo que es pretexto para la lentitud en asumir una postura clara, designar a los funcionarios correspondientes y poner en obra la ejecución de lo pactado. La elusión del compromiso financiero con el PMI del mediano plazo y la ausencia de partidas económicas para la paz en el presupuesto de 2019 son indicadores recios de que se intenta frenar la materialización de lo convenido.

Como lo resaltó el Pleno del Consejo Nacional del Común, órgano de dirección de Farc, hay que garantizar la continuidad del proceso en un “contexto adverso”,  “trabajar sin descanso por hacer realidad el potencial transformador del Acuerdo, conjugando la acción parlamentaria con la necesaria acción de masas, la actividad diplomática, el uso de la vía gubernativa y judicial, y el acompañamiento internacional”, ya que su desenlace dependerá de la correlación de fuerzas que se inclinan a favor de la paz.1

UNA POLITICA ECONÓMICA EN CONTRAVÍA DE LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL.

La agenda económica del gobierno, bajo la batuta del ministro Carrasquilla, tiene el sello de los conglomerados empresariales que financiaron la campaña de Duque y que han marcado la pauta de la política económica y social de los últimos gobiernos. La reforma tributaria, cuando no termina de implementarse aquella de 2016, busca reducir los impuestos a las grandes empresas, bajo el pretexto clásico de que con ello se generarán nuevos empleos; su fuente de ingresos es la ampliación del IVA a los productos de la canasta familiar y la rebaja del rasero mediante el cual nuevas franjas de asalariados deberán declarar renta y ser sujetos de impuesto; según la lógica regresiva de este tipo de reformas impositivas, los dividendos de los dueños del capital, las  ganancias giradas a sus matrices por las empresas transnacionales no tributan y la gran propiedad territorial no se toca. La reforma pensional

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1 De la Declaración del Consejo Político Nacional de Farc, del 2 de octubre/18.

que se anuncia intenta restarle posibilidades a Colpensiones afectando el sistema solidario y subrayando la importancia del ahorro y de los sistemas privados. En materia rural las medidas que se anuncian, favorecen a los grandes inversionistas agroindustriales y agroexportadores, el manejo de los llamados baldíos en el contexto de la política de ZIDRES, sin avances en cuanto a reforma agraria o cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de paz, mientras se aprueba una reducción de inversiones para el desarrollo rural en el presupuesto nacional y los planes de desarrollo con enfoque territorial PDET no despegan como deberían en apoyo de la paz.

En materia salarial, Carrasquilla habló del salario mínimo colombiano como “ridículamente alto”, queriendo significar que comparativamente con el salario promedio colombiano resulta porcentualmente más elevado dado el bajo nivel de los salarios en el país, en comparación con el promedio de OECD. La propuesta populista de derecha, impulsada por Uribe para elevar una sola vez el salario mínimo según el saber y entender del presidente de la República, resulta en su aplicación una forma diferida, controlada y manejada por el sector financiero. No son descartables este tipo de maniobras demagógicas, cuando la propia patronal prevé un clima de agitación social y de inconformismo que pretende prevenir y disuadir mediante la represión, como lo ha recalcado el ministro de defensa Botero.

Los altos precios del petróleo le dan un respiro a los ingresos del gobierno. El acuerdo laboral en Ecopetrol, en gran medida logrado por la tenacidad y el empeño de la unión sindical obrera USO, muestra que el sector empresarial elude de momento confrontaciones radicales, mientras le baja perfil a los anuncios de nuevos paquetes de privatización de la petrolera estatal. Como lo ha señalado la senadora Aída Avella, podría evitarse la anunciada reforma tributaria si se cerraran las venas abiertas del presupuesto nacional que alimentan la corrupción, el aprovechamiento privado “legal” de los recursos públicos y el despilfarro de los mismos.

Continúan en marcha los megaproyectos agroindustriales y exportadores, energéticos, mineros, hídricos y forestales, así como también portuarios, con base en la inversión privada, en buena medida, de origen transnacional. Pese al escandaloso revés de Hidroituango, cuyo destino final sigue siendo incierto y al descalabro monumental del puente de Chirajara, los megaproyectos otorgados a la turbia participación de Odebrech, que reafirman la apertura del país a la inversión extractivista y financiera del capital transnacional, son el hilo conductor de una ocupación del territorio que ya no se enfrenta a la rebeldía guerrillera y sin embargo se sigue acompañando de la expansión territorial simultánea del paramilitarismo, que representa el soporte esencial de “seguridad”, para el “orden” y el control social, en tanto se preserva intacto como un aliado insustituible el sector empresarial vinculado a estos proyectos. El pacto entre una parte poderosa del capital y el narcoparamilitarismo, es el principal obstáculo a la consolidación de la paz y al fin de la violencia estructural que extermina a los líderes sociales.

UN NUEVO ESCENARIO DE LUCHA: LA ACCIÓN PARLAMENTARIA.

La resistencia a la política continuista y antidemocrática del nuevo gobierno ha encontrado en el Congreso de la Republica una importante bancada de oposición. Conforme a los resultados electorales obtenidos la llamada bancada parlamentaria por la paz y por la vida está funcionando como unidad de acción política en medio de su pluralismo, integrada por los congresistas de la Alianza Verde, el PDA, Decentes (UP – MAIS), MAIS, Colombia Humana y FARC. Dependiendo de los temas logra ampliarse y contar con el apoyo de parlamentarios de otros partidos a título individual.

Este bloque político democrático cualitativa y cuantitativamente constituye un avance  y ha permitido en los primeros meses de la legislatura, en medio de las muy ajustadas mayorías conformadas por los partidos de gobierno, ejercer una importante labor de control político en el que se destaca el debate y la moción de censura en trámite en contra del Ministro Carrasquilla, las audiencias en defensa del derecho a la vida y denuncia del asesinato a los líderes sociales, la denuncia de la crisis de hidroituango, entre otros temas  relacionados con los derechos de las comunidades. Así mismo, se garantizó la participación en algunas mesas directivas, comisiones, y la postura independiente en la elección de ciertas dignidades como la que permitió de manera autónoma garantizar un magistrado en el nuevo Consejo nacional Electoral.

A pesar de la correlación de fuerzas se presentaron como bancada  12 proyectos entre Actos legislativos y Leyes, en las que se destaca el compromiso con las iniciativas  necesarias para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, como  las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, la reforma política, la reglamentación de las coaliciones, la reforma a la ley de víctimas y otros temas de carácter social, valiosos como el reconocimiento al campesinado como sujeto de derechos,  entre otros. Además de estas iniciativas, se presentará conforme a lo anunciado en campaña de UP, en coordinación con las centrales obreras y otros aliados, un proyecto de reforma pensional con énfasis en la pensión universal y otro sobre diversificación de fuentes de ingresos corrientes de la nación con medidas como la recuperación de recursos públicos administrados por privados y  la eliminación de algunas excepciones y beneficios tributarios.

Hay que resaltar también la convocatoria y conformación de mesas de trabajo que buscan integrar los equipos de las UTL con representantes del movimiento social, las ONGs y sectores progresistas de la intelectualidad y la academia alrededor del trabajo colectivo en los siguientes temas: Agrario, Justicia y DDHH, Ambiental, Mujeres, Economía, DESC y participación política.

En este marco, y a pesar del comportamiento tramposo y clientelista del Senador Tamayo, elegido por el esfuerzo colectivo de la lista de la DECENCIA en representación de ASI, ahora declarado como partido de Gobierno, frente al cual se prevé una demanda por fraude al elector, los demás integrantes de esta coalición – Gustavo Bolívar, María José Pizarro y David Racero - que llegan por primera vez al Congreso se han destacado por su comportamiento e iniciativa consecuente.

La compañera Aída Avella viene cumpliendo un papel destacado desde la comisión constitucional IV relacionada con los temas del presupuesto y el plan de desarrollo ejerciendo la labor de control y denuncia de sus contenidos más lesivos2 y la defensa de los recursos necesarios para los sectores sociales hoy en conflicto, como las universidades públicas.

Así mismo, por su trayectoria representa una voz de izquierda visible en las labores de control político y la denuncia que se nutre permanentemente del contacto con los procesos y líderes populares. Oficialmente se hace parte de la comisión legal de ética, la comisión accidental de paz y se participa permanentemente de la comisión legal de mujeres. En estos tres últimos meses articulando la labor parlamentaria con el trabajo de proyección política de la UP y el Partido se han visitado las ciudades de Valledupar, Rio Hacha, Bucaramanga, Barrancabermeja, Cali, Buenaventura, Ibagué y de manera más permanente, Boyacá. En la mayoría de visitas se han promovido conversatorios amplios de entrega de informes y de dialogo directo con militancia y sectores populares aliados, afianzando los llamados a la organización y a la unidad de cara a los nuevos desafíos de la lucha social y político electoral que marcan el nuevo momento.

Esta agenda de visitas a los territorios y de contacto y atención ciudadana directa y permanente a sectores y liderazgos populares que se acercan al trabajo parlamentario debe ir fortaleciéndose y exige de una mayor coordinación con las estructuras políticas y organizativas del partido, la JUCO y la UP.

PERSISTIR EN LA CONVERGENCIA Y LA POLÍTICA DE UNIDAD.
 
Como lo precisa la reciente carta política conforme a las definiciones del XXII Congreso la orientación partidaria es la de contribuir de la mejor manera a fortalecer los procesos de unidad y convergencia que en diversos campos se vienen desarrollando en una perspectiva de frente amplio.

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2 Ver informe anexo sobre asuntos problemáticos del PGN – 2019 elaborado por el equipo técnico de la oficina de Aída Avella

La política de unidad y alianzas para el PCC no se reduce a la simple creación de un nuevo partido o aparato político. El acumulado expresado en las pasadas elecciones parlamentarias y presidenciales así como la misma experiencia social y política en desarrollo es mucho más compleja que ese tipo de decisiones. A la vez que saludamos, acompañamos y respetamos la decisión de un sector de la Colombia Humana por constituirse en partido y reclamar su personería jurídica, también valoramos sobre todo el llamado a avanzar en una gran convergencia y en la definición de candidaturas unitarias y de coalición en los municipios y departamentos para las elecciones del 2019.

Junto a la Colombia Humana hay que reconocer la existencia de otras dinámicas y procesos de lucha social y política haciendo énfasis en el movimiento real que se vive en cada municipio, departamento o región del país. La política de unidad y convergencias que impulsamos va más allá de la izquierda pero a la vez no tiene enemigos a la izquierda. Tampoco acepta vanguardismos o caudillismos. Es el reconocimiento de una resistencia amplia y plural que se puede ir reagrupando con inteligencia, sin sectarismos e integrando nuevos métodos de trabajo y construcción colectiva que hagan énfasis en la elaboración y agitación programática, la acción social directa, la promoción de nuevos liderazgos populares y la solidaridad entre comunidades, sectores y organizaciones que padecen por igual la amenaza que representa un nuevo gobierno de derechas.

Al respecto habría que agilizar los procesos de dialogo y coordinación a todos los niveles. La Mesa nacional constituida para tal fin todavía necesita fortalecerse y recuperar confianzas. En proceso están los debates internos del PDA de cara a su próximo congreso, el debate interno en la Alianza verde y junto con ellos el grupo de Fajardo y la pretensión de revivir la Coalición Colombia. Algo similar ya se ha señalado se presenta con la Colombia Humana y la Coalición Decentes. Incluso, entre sectores liberales que han decidido oficialmente separarse de ese partido; también en otras dinámicas de la lucha social en las que participan sectores socialistas y de izquierda que han convocado la Asamblea de los pueblos. De ahí la importancia que en los municipios y departamentos se tome la iniciativa propia de facilitar y constituir espacios de unidad y convergencia, sin tener que esperar necesariamente orientaciones nacionales específicas.

A un año ya de las elecciones locales, la necesidad de construir acuerdos y empezar a tomar decisiones, al menos en el campo electoral, son de urgencia para llegar con fuerza a disputar gobiernos estratégicos como los de Bogotá y otras ciudades importantes del país.  Con esta línea política, trazada en sus aspectos generales por el XXII Congreso y ajustada por los plenos posteriores, se puede combatir el anticomunismo que busca aislarnos y seguir proyectando al Partido en los procesos de unidad, convergencia y coaliciones.

En primer lugar, contribuyendo a fortalecer la UP a todos los niveles mediante el destacamento de cuadros para la atención política dirigida que  ayuden a recuperar y estabilizar sus juntas municipales y departamentales y su iniciativa política con criterio amplio, como el movimiento político con personería jurídica  con el cual tenemos responsabilidad directa y que mejor interpreta nuestro legado programático.

No se trata de poner a competir a la UP con el PCC, sino de asumir su fortalecimiento como un frente político de trabajo, vital para el despliegue de la acción unitaria y de convergencia del Partido, que representa además de su significado y autoridad histórica, una realidad jurídica y política con representación, desde la cual se ha demostrado es posible avanzar. La UP, con nuestra participación activa en la pasada junta nacional, ya cuenta con definiciones y criterios políticos claros en cuanto a la política de unidad y coaliciones, y con un plan general de trabajo lo suficientemente flexible para adecuarse a cada contexto.

En los próximos meses deben definirse sus precandidaturas para las elecciones locales. En esta misma dirección y con la misma línea de unidad y convergencia, se debe asumir como PC y UP el proceso de coordinación y trabajo unitario con los compañeros de FARC, con los cuales se viene avanzando en algunas regiones en experiencias importantes de unidad de acción en el campo educativo, parlamentario, sindical y de la lucha social. La experiencia nos indica que debe ser un proceso que ayude a recuperar identidades y confianzas mutuas desde el trabajo cotidiano, y no simplemente la manifestación de la voluntad exclusiva de las direcciones.  De los avances en el campo de la resistencia social y política en defensa de los derechos sociales, la paz , la justicia, las libertades, la soberanía y la democracia y del fortalecimiento de las dinámicas de unidad y convergencia, que ayuden a concretar espacios de gobierno local en las elecciones del próximo año, dependerá en buena parte la perspectiva de cambios y democratización que hemos venido impulsando para derrotar la guerra y el proyecto de dominación de las élites y la sociedad colombiana en los actuales momentos históricos.

Aspiramos que el proceso de construcción de estas convergencias potencie la movilización social contra las medidas regresivas y peligrosas que ya desarrolla el Ejecutivo nacional.   Las nubes de guerra contra el pueblo venezolano, la pretensión de destrozar el acuerdo de paz, el genocidio sistemático de dirigentes sociales, la exacerbación de la violencia política y social, las gravísimas medidas presupuestales y tributarias, la propuesta de reforma a la justicia a la medida del uribismo y contra la tutela, los proyectos de ley que procuran minar libertades ya ganadas en temas de derechos de las mujeres y protección a las familias, la reactivación del modelo de criminalización de consumidores de sustancias psicoactivas y de cultivadores de hoja de coca, entre otras, exigen de los sectores democráticos avanzar en propósitos unitarios para detener una tardía regeneración conservadora y allanar el camino para lograr un gobierno de apertura democrática.

REPENSAR EL PAPEL DEL PCC EN EL MOVIMIENTO OBRERO Y SINDICAL.

El Partido Comunista acaba de desarrollar su participación en el proceso de elección de las direcciones sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Y de la Federación Colombiana de Trabajadores del Educación FECODE, con el fin de impulsar las posiciones clasistas mandatadas por el 22 Congreso.  El colectivo partidario adelantó los preparativos para su participación en medio de un contexto político de profundización del modelo neoconservador y enfrentando las condiciones de crisis política ideológica y organizativa que afectan al movimiento sindical colombiano. Llegado a término el proceso eleccionario se ve la necesidad de abrir el más amplio balance sobre las condiciones que hoy enfrenta el movimiento sindical clasista y sus posibilidades de acción.

La preparación contó con el despliegue del acumulado e influencia del Partido en las diferentes organizaciones en las que hace presencia, representó un proceso de coordinación y desarrollo de las tareas de campaña a nivel regional y nacional; sin embargo aún se requiere una profunda evaluación desde las bases con un sentido crítico y autocrítico que permita retomar el rumbo y rescatar el poder transformador de la clase trabajadora. El mandato del 22 congreso busca llevar a la práctica un mayor protagonismo desde abajo y garantizar la conformación de colectivos en estas dos organizaciones sindicales nacionales.

En esa dirección realizó un cuidadoso trabajo preparatorio y conformó listas, proclamó  candidaturas y coordinó tareas de campaña a partir de la más amplia consulta democrática, con el respaldo de las direcciones partidarias y con un empeño particular en expresar una política coherente para renovar y fundamentalmente para imprimir un viraje al accionar del movimiento obrero y el movimiento sindical en su conjunto, hacia un mayor protagonismo desde abajo y una mejor configuración de los equipos dirigentes de estos dos cuerpos sindicalistas de tan grande importancia en la vida colombiana.

El Partido ha defendido la unidad del movimiento sindical en general en torno a la CUT y desde luego en el campo magisterial a FECODE, que es prácticamente la única organización del magisterio a nivel nacional con carácter representativo y con capacidad de movilización. Sin embargo, es conocida nuestra actitud crítica y la preocupación porque estas organizaciones lideren la inconformidad popular, contribuyendo a la vez a cimentar la unidad de las fuerzas sociales vinculadas al campo laboral y productivo capaces de forzar avances y desarrollos por el mejoramiento de las condiciones de vida, pero también para la creación de conciencia política para las transformaciones profundas que requiere la sociedad colombiana.

Aunque es pronto para sacar una conclusión completa de los resultados de este proceso eleccionario, algunas voces han señalado el carácter artesanal del procedimiento aplicado, las limitaciones para el ejercicio del voto, la ausencia de un sistema digitalizado eficaz para garantizar la prontitud y la transparencia de la cadena de custodia y del escrutinio. No es extraño que las más fuertes organizaciones proletarias del sector productivo petrolero, minero-energético, de la construcción, de la industria manufacturera, del transporte o del sector rural, están quedando ausentes o insuficientemente representadas en la dirección de la CUT; o que ciertas prácticas viciadas aseguren dudosas mayorías; mientras antiguos líderes, ahora pensionados, continúan validando su calidad de activos a través de fachadas sindicales. Una ética proletaria exige actuar para poner fin a las prácticas corruptas que desprestigian el sindicalismo. Además, estos métodos burocráticos, caudillistas y de acomodamiento sindical se han constituido en una barrera que distancia a la dirección de las bases y a la Central de los problemas fundamentales de la lucha de clases.

Los comunistas, que nos sentimos orgullosos de impulsar la unidad de clase de los trabajadores y su capacidad de convergencia en el contexto del gran frente amplio de características transformadoras, consideramos que aún se requiere un gran esfuerzo no solamente del Partido y de sus aliados en el campo de la izquierda revolucionaria sino también de las fuerzas democráticas y de clase, de los sectores independientes y sin partido, que luchan por superar el capitalismo, en el marco de transformaciones con profundos contenidos políticos democratizadores.

Proponemos al pleno en el marco del Seminario que se va a realizarse próximamente en conjunto con los compañeros de FARC sobre estos temas, reflexionar de fondo sobre los nuevos retos y las tareas que permitan imprimirle al movimiento de los trabajadores y trabajadoras del país la verdadera dimensión que tiene de manera objetiva y que puede desplegar en el marco de las resistencias a la política sesgadamente autoritarista que pretende reimplantarse con el gobierno de Duque. Esto debe llevarnos a revisar con seriedad los mecanismos, las cualidades de los cuadros, el estilo de trabajo, las alianzas y todos aquellos factores que sean necesarios cambiar para avanzar en esa dirección.

La clase obrera colombiana y el conjunto de los trabajadores así como las fuerzas populares del país necesitan una dinámica de dirección renovada, dispuesta a enfrentar el poder del gran capital congregado en torno al Consejo Gremial Nacional, el Grupo Empresarial Antioqueño y el gobierno del Duque. Este ídolo con pies de barro, pero con aparatos represivos, de guerra sucia y poder mediático muy poderosos, no es irreductible para avanzar hacia una paz justa, democrática y con plena justicia social, en rumbo a nuestra propia concepción del socialismo por la vida, a la que no renunciamos ya que constituye un norte en el debate de ideas y en la formación política de nuestros militantes y amigos.

JUVENTUD COMUNISTA: ENCARNAR LA RENOVACIÓN Y EL COMPROMISO.

El XVI Congreso de la Juventud Comunista realizado en Ibagué fue un acontecimiento de gran importancia, que expresó la voluntad y la convicción de las bases juveniles para profundizar en las vías de la resistencia, de la organización y de la movilización frente a la violenta rapacidad del sistema capitalista contra los jóvenes, a los que utiliza, explota y reduce en “falsos positivos”. La Juventud Comunista es la encarnación de esa rebeldía juvenil y de la iniciativa por unir muy diversas expresiones de las luchas etarias. En este Congreso se puso de manifiesto la unidad de la Juventud Comunista y la renovación de su espíritu de iniciativa en torno a la línea, la orientación política y las tareas del PCC.

La renovación de su dirección refleja liderazgos vinculados a escenarios de debate que fortalecen la unidad de la JUCO y una relación con las luchas reales que se proyectan en el campo de la paz con justicia social, la lucha contra la guerra, la educación pública, gratuita y de calidad, los derechos juveniles en todos los campos y los espacios para ejercerlos con plenitud desde los 16 años, la objeción de conciencia, el punto final a los “falsos positivos”. De este Congreso se desprenden expectativas importantes del Partido Comunista en la promoción de nuevos cuadros a las tareas políticas de masas y al reforzamiento de sus filas con decenas de jóvenes que hacen tránsito a la vida partidaria.

Al mismo tiempo el Partido alienta el papel la Juventud Comunista en la dinámica de la movilización estudiantil en curso y el impulso a la UNEES, la reactivación de la ANDES y los nuevos espacios que ha contribuido a abrir cerca del movimiento obrero sindical y de otras organizaciones sociales, en el campo ambientalista, en el campo animalista, y en los movimientos juveniles de la cultura, las actividades lúdicas y el deporte.

Así mismo, es necesario que la Juventud Comunista se incorpore de una manera mucho más decidida a la actividad electoral, desde su experiencia del trabajo de masas, acompañando las tareas del activismo con la camiseta de la Unión Patriótica, de la Unión de Jóvenes Patriotas, desde luego en el marco del proceso de convergencia con Colombia Humana-Decentes y los nuevos horizontes unitarios que se han puesto sobre el tapete.

De este Congreso surge la iniciativa de trabajar por unir en una sola organización juvenil comunista las experiencias de trabajo de jóvenes de inspiración marxista-leninista, que permita contribuir a la unidad estratégica de las nuevas generaciones en proceso de incorporarse al quehacer de la lucha social y a la transformación de la sociedad colombiana.

El Partido Comunista, como ha sido su tradicional orientación y enfoque, valora en el más alto grado el esfuerzo de los jóvenes comunistas en materia de formación ideológica y también de iniciativas orientadas a la mayor unidad del movimiento juvenil, que tiene sin ninguna duda un gran porvenir en la perspectiva de consolidar la paz y lograr que estos procesos que se han iniciado en el marco de la solución política no perezcan en las manos de la irresponsabilidad de los gobiernos de turno. Asimismo, valora la visión internacionalista de la JUCO y su capacidad de incorporar a su quehacer propuestas que destacan el antiimperialismo, la solidaridad y amistad entre países hermanos de América Latina y el Caribe, la lucha por la paz en el mundo y el significado de la paz en Colombia para el conjunto de los pueblos del continente.

PASAR A LA OFENSIVA EN LA MOVILIZACIÓN SOCIAL.

Las luchas sociales y la unidad de las fuerzas del campo sindical, juvenil, de las mujeres, de las organizaciones cívico regionales, indígenas y negras, como expresión de la lucha social del país desde el punto de vista democrático y de clase, aun no logran tomar la fuerza que se requiere frente a las medidas que en el plano económico se anuncian por el nuevo gobierno.

Afirmamos sin embargo, que el despliegue y la dispersión de las luchas en las actuales condiciones no constituyen una fatalidad que no pueda ser superada y reorientada en el sentido correcto. Afirmamos que hoy juega un papel muy importante el debate y la batalla de ideas para acercar la inconformidad que se ha expresado políticamente en recientes procesos eleccionarios con las reivindicaciones más sentidas por grandes sectores de capas medias gravemente golpeados por la reforma tributaria de 2016, el desfinancimiento y las medidas de privatización de las Universidades Públicas, la corrupción e irresponsabilidad de los grandes capitalistas y funcionarios del poder en las políticas de infraestructura energética, petrolera, vial, portuaria como en los casos de Hidroituango, Chirajara, Electrocaribe, Reficar, Ruta del Sol y otros, cuyos costos muy seguramente van a recaer en alzas de tarifas para los usuarios es decir las grandes masas populares del país.

Toda esta perspectiva nos está indicando la necesidad de profundizar la lucha ideológica política y la formación programática, como claves de propuestas de reformas con contenidos contrapuestos a la lógica capitalista, que eduquen a las masas en la viabilidad de otra realidad posible y que deslinden nuestra política de las ilusiones reformistas, en el contexto de la convergencia de luchas y de acercamiento políticos, que apuntan en la perspectiva electoral de 2019.

EL PCC DEBE CUMPLIR UN PAPEL DE NÚCLEO DINAMIZADOR Y DIRIGENTE.

En este conjunto de tareas que implican el relacionamiento estrecho entre el trabajo parlamentario y la bancada de unidad con las movilizaciones populares de protesta frente la política económica y social del régimen, pero también en la movilizaciones por la vida y por la paz, contra la guerra con Venezuela y por una política de Estado que defienda la paz, las soluciones políticas por la vía del diálogo y los acuerdos, como política coherente y permanente del Estado colombiano, exigen del Partido Comunista un especial énfasis en la tarea de apoyo, formación política y dirección. En tal sentido, la dirección nacional se propone apoyar para fortalecer el trabajo de las direcciones locales y Departamentales, para lo que se proponen varias iniciativas, entre las cuales la Cátedra Política itinerante, con temas de interés estratégico y de actualización política, que deben ser compartidos por las direcciones, así como el fortalecimiento del papel de los secretarios políticos, de organización e ideológicos, en el marco de la dirección colectiva.

El Partido entiende que su tarea en los distintos frentes de masas debe complementarse, no sólo con la iniciativa y el esfuerzo para impulsar las protestas y reivindicaciones organizadas y unitarias desde la base popular, en aproximación y unidad hacia Colombia Humana-Decentes, hacia las diversas expresiones de sectores independientes y  sin partido, que hoy cuentan de manera importante en la unidad de acción, como también y particularmente, en el acercamiento, el trabajo conjunto y la búsqueda de puntos de mayor afinidad con los compañeros de Marcha Patriótica y de FARC.

Entendemos la particular circunstancia en que FARC debe desarrollar su actividad y las dimensiones de los compromisos como nuevo partido, así como las discusiones y debates que son de su incumbencia y que corresponden a los factores de formación y puesta en práctica de un activismo político que constituye una novedad para muchos de sus integrantes. Entendemos que la política del establecimiento sigue teniendo en su norte la destrucción de FARC como ideal político, a comenzar por promover su división y su fraccionamiento, sin subestimar las amenazas a la integridad de sus militantes.

La búsqueda de la unidad presupone el diálogo permanente, la cooperación en pié de igualdad, la no ingerencia en las decisiones internas, la fraternidad y la solidaridad recíprocas. En este contexto, la unidad de Farc debe ser preservada y defendida por todos los revolucionarios.

El Partido Comunista otorga la mayor importancia a los compromisos para la formación política en distintos niveles y en reforzar, en las bases territoriales, tanto rurales como urbanas, los procesos de unidad en la perspectiva de apoyo a la implementación y a la pedagogía de la paz. Varias experiencias realizadas destacan resultados en sentido afirmativo, en torno a las afinidades ideológicas y los nuevos horizontes de unidad, en los frentes de masas y hacia las elecciones locales territoriales de 2019.

EL NUEVO SIGNIFICADO DE LA LUCHA POR LA PAZ

Dentro de las tareas previsibles del año entrante, cuya preparación debe empezarse desde ahora esta nuestra propuesta de una conmemoración del bicentenario de la Batalla de Boyacá como elemento estratégico de la visión revolucionaria de Simón Bolívar y de su concepción de Sur América como una unidad, que condujo a la liberación de gran parte de nuestro continente incluidas las áreas andinas y la conjunción con las provincias del Río de la Plata y Chile. Esta visión del Bicentenario plantea reivindicar el carácter anticolonialista por la Segunda Independencia y la Paz de Nuestra América, frente al hecho insólito y vergonzoso de que el Estado colombiano se ha asociado a un pacto militar transnacional de los países capitalistas del norte como es la OTAN, cuya vocación intervencionista y agresiva, en el plano global, se hace cada vez más manifiesta.

El recientemente constituido Consejo Colombiano de la Paz, capítulo nacional del Consejo Mundial de la Paz, se propone impulsar estas tareas con un sentido de máxima amplitud y con el respaldo de las entidades de Historia, del país y del exterior, en perspectiva de contribuir a una amplia divulgación y al mismo tiempo a la realización de un evento internacional que permita mostrar el enorme significado de la Batalla de Boyacá en el marco de una política de paz para América Latina y el mundo y por el retiro de Colombia de la OTAN, acorde con la Proclama de CELAC, que establece a América Latina y el Caribe como Continente de paz.

Tanto la juventud comunista en su Congreso como la Dirección Nacional del Partido vienen trabajando con distintas entidades en la necesidad de la enseñanza de la historia, en todos los niveles de la educación en Colombia, cuya ausencia ha intentado desdibujar la identidad Bolivariana de nuestra institucionalidad, de nuestra cultura y de la memoria. Se trata de superar el enfoque militarista que el régimen pretende darle al Bicentenario y contribuir a la formación de conciencia en un contexto de paz, de amistad y fraternidad colombo venezolana y de unidad de América Latina y el Caribe.

LIBRAR UNA VEZ MÁS LA BATALLA POR LA VIDA, LA PAZ Y EL DESMONTE DEL PARAMILITARISMO.

Este mes de noviembre se celebrará el 12 Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos, que constituye un nuevo punto de partida en la toma de conciencia, en la movilización y en el reclamo al Estado colombiano en relación a la defensa de la vida, el desmantelamiento de las estructuras paramilitares que están intactas, consolidadas y en plano de expansión en todo el país, en el marco del modelo económico-social de los megaproyectos, de la economía del despojo y el desplazamiento forzado de poblaciones rurales a las ciudades, del repoblamiento por vías del terror y el control territorial narco paramilitar.

Este foro, que contará con la presencia de participantes de todo el país y de visitantes internacionales implica un gran esfuerzo de organización, de movilización, de financiamiento popular, para que pueda convertirse en el corazón del gran movimiento democrático colombiano en favor de la paz con justicia social, el cumplimiento pleno del  Acuerdo de Paz, la implementación del mismo, el restablecimiento inmediato del diálogo entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional y la apertura de un diálogo del gobierno con el Ejército Popular de Liberación.

Este mismo foro analizará y balanceara los aspectos que hasta ahora se han cumplido en relación a las garantías de seguridad para la vida de los ex combatientes de FARC, de los líderes populares que siguen cayendo en las distintas regiones del país y en particular en la denuncia del genocidio y del exterminio como práctica sociales contrarias a toda idea de democracia, sin cuya erradicación la paz podría, una vez más, quedar frustrada en Colombia. Su éxito debe ser un paso hacia el Pacto Político nacional, formulado por el Punto 3.4 del Acuerdo Final, para sacar las armas de la política que constituye la base esencial del compromiso de No Repetición.

POR LA VIDA, LA PAZ Y LA UNIDAD
NO A LA GUERRA CONTRA VENEZUELA
POR UNA POLÍTICA INTEGRAL DE PAZ DEL ESTADO
POR LA UNIDAD Y LA SOLIDARIDAD LATINOAMERICANAS

COMITÉ CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
BOGOTÁ, 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2018