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Los Primeros 100 días de gobierno han develado varias contradicciones que deben ser estudiadas por el movimiento popular. En términos generales, salta a la vista la que contrapone la aspiración creciente de la sociedad colombiana de cambiar el rumbo político, económico y social del Estado y el empeño de Iván Duque de restaurar la línea autoritarista que conjuga las políticas neoliberales, el coqueteo con enfoques confesionales en materia ideológica y educativa y el mantenimiento de las medidas represivas contra la protesta social que ya habían venido incubándose en el gobierno Santos. Al continuismo en las políticas de clase del Banco Mundial, se agrega la tendencia a restablecer una nueva versión de la “seguridad democrática” con base en la “legalidad” y no en las garantías.



Algunos hechos ilustran estos primeros 100 días: 
 
• En primer lugar, hay una herencia común en las orientaciones de la política exterior que vienen desde el gobierno de Santos con el ingreso de Colombia a la OECD, el compromiso del Estado y de sus fuerzas militares con la doctrina, el principio estratégico  y la asociación con la OTAN; la hostilidad activa en contra del gobierno legítimo de Venezuela; el retiro y denuncia del acuerdo de Unasur, que ha conducido a un acentuado alejamiento de antiguos proyectos de integración y unidad Latinoamericana; así como un realineamiento con la política exterior de los Estados Unidos, conjuntamente con la resurrección de la Organización de los Estados Americanos como instrumento de esos enfoques regresivos en política exterior del país.

• En segundo lugar, se advierte una contradicción entre las posturas que asume Duque fuera del país cuando asegura tener un compromiso con el Acuerdo Final en contraste con la ausencia de voluntad política para concretar las reformas, como la de las 16 circunscripciones especiales de paz CTEP, que ha naufragado de nuevo tras los intentos de modificar en materia grave su contenido; la no convocatoria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad de punto 3.4, creada por el Decreto legislativo 154 de 2017 y la simplificación de sus complejas funciones en el Plan de Acción Operativo bajo otra comisión, sin participación de la sociedad civil ni los organismos de control. En todo ello se manifiesta la idea de cambiar lo acordado en aras de una mayor eficiencia, pero con la tendencia sostenida a desactivar los principios activos que anulan la eficacia prevista por el Acuerdo. Va en aumento la presión del gobierno para desmontar el diálogo en la Habana con el ELN, incluidas las órdenes a Interpol para detener a sus dirigentes. Duque da la espalda de momento a una política integral permanente de paz del Estado, con graves consecuencias en la prolongación de la guerra interior.

• En tercer lugar, las maniobras tortuosas del uribismo parlamentario por introducir modificaciones a la Justicia Especial de Paz con el propósito de anular las versiones de la verdad que pueden aportar los militares y la opción de que puedan ser juzgados por otro equipo de magistrados, escogido bajo los métodos de la politiquería tradicional. Son notorias las diferenciaciones en sectores de las Fuerzas Militares, que en número apreciable se han acogido a la JEP. Se trata de una fractura de fondo que ha dejado sin piso el pacto de silencio impuesto por el mundo empresarial y políticos a la cúpula militar, el que ha entrado en franca contradicción con la Justicia Transicional. El vice fiscal de la CPI ha advertido sobre las implicaciones de eventuales cambios a la JEP.

• En cuarto lugar, ningún gobierno en la historia colombiana en dos siglos de existencia, concitó en su despegue tanto rechazo social y ha cosechado merecidas expresiones de repudio en los primeros 100 días como el actual gobierno. Hay una incoherencia entre el discurso del presidente, la política del partido de gobierno y las maniobras del señor Álvaro Uribe quien aprovecha la complicidad de los grandes medios de comunicación para adelantar una táctica demagógica y oportunista, en un intento desesperado de contrarrestar la vertiginosa y temprana caída del prestigio del gobierno. El movimiento popular, estudiantil y sindical prevé el escalamiento de movilizaciones y paros en un esfuerzo por contrarrestar las medidas de ajuste económico, que son una grave amenaza a las condiciones de vida de millones de colombianos.

• En quinto lugar, lo que hoy presentan como proyecto económico y social en materia de política pública es un típico ajuste estructural de choque, con el IVA a los alimentos de la canasta familiar, que ha levantado la mayor ola de indignación entre los asalariado, en sectores universitarios, en las capas intermedias que sienten el peso de la reforma tributaria de 2016 ejecutada por Santos, a la que se agregaría la nueva ley de financiamiento, en realidad una reforma tributaria con características regresivas. Tanto estas medidas, como lo que se anuncia para el Plan de Desarrollo arrastrarán con ellas una reforma pensional que amenaza con hacer aún más lesivas las implicaciones del implemento del IVA y de las cargas impositivas a los asalariados del país, todo lo cual solo conducirá al incremento de las desigualdades ya de por si insostenibles en la realidad colombiana. Adicionalmente, la política educativa superior llamada Generación E, al tiempo que se presenta como una opción por la gratuidad, dirigida a jóvenes de estratos 1 y 2 es la puerta para la aplicación de la ley 1911 de 2018, conocida como de financiamiento contingente al ingreso, que completa el paso de la obligación presupuestal el Estado con las IES al sistema financiero mediante el endeudamiento de las familias y  de los egresados, cuya vida  productiva va a estar gravada con la carga del crédito de largo plazo.

En conclusión, puede decirse que el gobierno de Duque no ha logrado armonizar las agendas del bloque empresarial, incluidas exigencias del Banco Mundial, con los enfoques autoritaritas y demagógicos del jefe del partido de gobierno y la solución a las crecientes protestas sociales que indican una agudización de la lucha de clase. Lo más importante es que la unidad de acción alrededor de la resistencia a las medidas de ajuste será decisiva en los meses que vienen para conformar la correlación de fuerzas necesaria para frenar su imposición. La unidad de acción política y programática será fundamental para que la lucha del pueblo complemente su importante papel en las elecciones territoriales y locales de octubre de 2019. Hay que ganar nuevas fuerzas para transformar la resistencia creciente en alternativa eficaz.

Departamento Político
Partido Comunista Colombiano