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El Partido Comunista Colombiano -PCC- y la Juventud Comunista Colombiana – JUCO- manifiestan su rechazo al trato inhumano e ilegal que ha dado la Fiscalía General de la Nación, al compañero Jesús Santrich, dirigente nacional de Fuerza Alternativa, firmante del Acuerdo Final de Paz y parlamentario de dicho movimiento.



La justa decisión de la JEP de conceder garantía de no extradición y proceder a la liberación del detenido fue interrumpida por una nueva sindicación. Se han denunciado irregularidades que configuran una ilegalidad con el ocultamiento predeterminado de pruebas y procedimientos por parte de la Fiscalía General de la Nación y la DEA. A ello se suma la violación a la soberanía nacional por parte del gobierno de Trump, que sin previa autorización de las autoridades nacionales y pasando sobre los tratados de cooperación realizan procesos de investigación en el país.

El gobierno de Donald Trump en complicidad con el gobierno Colombiano, el Centro Democrático y en general las facciones que se han beneficiado de la guerra y del despojo de la tierra en Colombia, tienen el propósito de atacar la JEP para dar un golpe artero al Acuerdo de Paz. Intentan vulnerar las instituciones creadas mediante el Acuerdo en tanto herramientas para la transición democrática de la guerra y la contrainsurgencia permanente a la paz. Intentan volver atrás la rueda de la historia. Por fortuna el proceso ha alentado nuevos factores de resistencia, la lucha popular ha aflorado con mayor vigor, la actitud consecuente de Farc con los acuerdos concita reconocimiento, el papel decisivo de la Comunidad internacional y el surgimiento de un movimiento de fuerzas coincidentes, sociales y políticas en defensa de la paz contrarrestan en parte los arranques regresivos. La extradición de Santrich como un botín de guerra. El actuar del ex Fiscal General ha sido irregular e ilegal, configura un acto de perfidia contra el proceso de paz, una acción criminal de tortura y violación del debido proceso contra Jesús Santrich, con la complicidad del gobierno nacional y del presidente Duque.  

Las presiones del poder ejecutivo al conjunto de las ramas del poder público reviven un periodo ya vivido en el país. Nos encontramos en desarrollo de una campaña de desprestigio contra la Jurisdicción Especial para la Paz con la intención de promover una reforma al Estado Colombiano y a la escasa tradición republicana. La decisión política de los nostálgicos de la guerra, es modificar el Acuerdo de Paz a espaldas y en contra de Farc, de las Naciones Unidas, los países garantes, acompañantes y de la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Su metodología consiste en romper el orden jurídico existente, interrumpir la implementación del acuerdo de paz, renunciar definitivamente al diálogo y la solución política, desconocer los derechos de las víctimas e impedir que se conozca la verdad del conflicto armado.

Destruir lo construido con tanto esfuerzo, no sería solo el regreso a la guerra sino el paso a una dictadura sangrienta que el pueblo colombiano no aceptará jamás. Decretos como el 2362 de 2018 sobre porte de armas, las directrices de Mindefensa para incentivar el número de bajas por las fuerzas militares, su creciente participación en ejecuciones extrajudiciales, son muestra de una peligrosa deriva que reproduce en los crímenes de ex combatientes y de activistas populares los genocidios anticomunistas en Colombia, condenados universalmente.

Llamamos a todas y todos los sectores democráticos y revolucionarios del país, a no ahorrar esfuerzos en la solidaridad con Jesús Santrich, la exigencia de su libertad como preso político así como la de los ex combatientes que prosiguen en prisión, pese a la ley de amnistía. Hay que derrotar la estigmatización de terroristas y narcotraficantes contra líderes y suscriptores de un acuerdo de paz, la violación de la soberanía nacional y la utilización de la extradición como instrumento para decapitar a la oposición democrática y fracturar de manera irreversible el proceso de paz.

Convocamos a las víctimas del terrorismo de Estado, de la persecución política y de la guerra contrainsurgente a la movilización, a la solidaridad y a la unidad de las y los colombianos y sectores que defienden la paz y la democracia, exigiendo la libertad de Jesús Santrich y las y los prisioneros políticos de manera inmediata; y el cese de los crímenes de excombatientes y activistas del pueblo colombiano. Hay que reclamar medidas para desmontar el sicariato paramilitar, derogar las normas y las complicidades que lo alientan, adelantar acciones preventivas en zonas críticas, resaltar el papel del Sistema de Alertas Tempranas, con decisiones que permitan salvar la vida de decenas de activistas. Hay que elevar la presión popular sobre el gobierno nacional, con seguimiento persistente y denuncia pública de las y los funcionarios cómplices del exterminio.

Partido Comunista Colombiano
Juventud Comunista Colombiana
Comité Ejecutivo Central

Bogotá DC, mayo 20 de 2019