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En el marco del apoyo al SIVJRNR (*), como parte fundamental del Acuerdo de Paz, el PCC ha decidido en su dirección nacional presentar informes a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas.



Expresa así su interés de contribuir al esclarecimiento de la verdad histórica y judicial, frente al negacionismo del conflicto, la historiografía ecléctica, el ocultamiento del anticomunismo como una causa central de victimización y la continuidad de aparatos criminales aun sin desvertebrar.

La falacia anticomunista que incita al odio ha hecho del genocidio político una práctica social recurrente en la larga duración.

La lucha para revelar la verdad desde las resistencias populares riñe con el propósito de imponer desde el poder una verdad oficial sobre la guerra.

En el contexto de una modalidad de guerra social antisubversiva prolongada no existe una actitud neutra del Estado, en particular de las instituciones vinculadas a la seguridad y al llamado control del orden público.

El SIVJRNR, expresión de la justicia transicional resultado de una negociación es un logro muy importante del Acuerdo Final. Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene limitaciones, es un mecanismo idóneo que ha marcado la diferencia con la impunidad dominante.

El Partido Comunista Colombiano (PCC) y la Juventud Comunista Colombiana (JUCO), son conscientes de su deber con la historia social y política del país, que antecede al conflicto armado y aún no concluye.

Como víctima colectiva, el PCC fue reconocido por la Unidad Nacional de Víctimas y organismos internacionales de Derechos Humanos.

La JEP, entidad ante la que se oficializa inicialmente el caso del PCC – JUCO se complementa con el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos.

Mientras que la Corte Interamericana se encarga de declarar la responsabilidad del Estado por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la JEP por su parte, se encarga del esclarecimiento judicial y la búsqueda de la verdad, la justicia penal transicional que en el caso PCC-JUCO, buscará juzgar a los perpetradores.

No es posible aducir por parte del Estado Colombiano para su defensa ante el Sistema Interamericano respecto del caso del genocidio político de la UP “la carencia de agotamiento de los recursos internos”, pues gran parte de las investigaciones después de más de 30 años de ocurrido continúan en la Impunidad.

En la experiencia colombiana el objetivo del anticomunismo ha sido la destrucción de la organización política denominada Partido Comunista, la desarticulación de su estructura, el bloqueo a su medio de comunicación VOZ, el espionaje de su actividad legal, así como la de la Juventud Comunista; el asesinato, el destierro o el exilio de sus dirigentes; la estigmatización de sus símbolos, de su nombre y en consecuencia de su identidad.

El genocidio como práctica social justificada en el anticomunismo no solamente ha generado un daño profundo al Partido, privándolo de sus mejores

Conductores, sino que también ha hecho daño a la sociedad colombiana pretendiendo lanzar al ostracismo su praxis política y de masas.

El Partido Comunista Colombiano, al igual que otras fuerzas políticas ha sido parte de la Unión Patriótica como una fuerza legal y de convicción, en lucha por la paz y la solución política negociada al conflicto durante décadas.

Esta práctica, sin duda con apoyo e intervención del Estado, ha existido de manera sistemática por los menos en los últimos tres cuartos de siglo, desde la década de los 50 del siglo XX, con varios momentos de monstruosa intensidad.

Este informe busca abrir un capítulo frente a las víctimas del Partido bajo el Frente Nacional, la Unión Nacional de Oposición, el Frente Democrático, la UP, el Frente Social y Político, el Polo Democrático, Marcha Patriótica.

Tanto la Comisión de la Verdad (CEV) como la JEP tienen tiempos y plazos definidos a los que hay que sujetarse.

Las y los comunistas que voluntariamente estén dispuestos/as a declarar sobre la victimización colectiva anticomunista, dirigida a destruir la organización de carácter legal, sus apuestas unitarias e impedir vía genocidio la actividad legítima, la divulgación del programa y la participación democrática del Partido y la Juventud Comunistas, y figuren en el caso UP como militantes comunistas, deben poder hacerlo sin ningún tipo de presión, previo asesoramiento con el equipo jurídico que acompaña esta tarea.

(*) SIVJRNR: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

Partido Comunista Colombiano
Comité Ejecutivo
Bogotá, D C, septiembre 26 de 2019