Comitè Ejecutivo
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Para el Partido Comunista Colombiano es un hecho trascendental que la Jurisdicción Especial para la Paz haya abierto el caso número 006, "Victimización de Miembros de la Unión Patriótica por parte de miembros del Estado".



La JEP demuestra su hondo compromiso con la justicia y con la verdad como una combinación esencial para confrontar el desconocimiento, la estigmatización y la impunidad que ha caracterizado el discurso oficial negacionista del conflicto.

Reconocer la sistematicidad de los crímenes de Estado, identificar los intereses de "terceros" en la dirección de la violencia y sentar como premisa que las víctimas fueron asesinadas por sus convicciones políticas, develan que la conspiración no provenía de los de abajo sino que se lavaba principalmente en las altas esferas del poder, para acaparar más tierras, concesionar riquezas mineras e hídricas y secuestrar la política pública para ponerla exclusivamente al servicio de la acumulación privada de capital.

El "genocidio por razones políticas" nunca ocultó su profunda raigambre anticomunista. La mayor parte de los crímenes contra miembros de la UP tuvieron una intencionalidad dirigida a destruir el alma organizativa que incluía una gran proporción de militantes, activistas y dirigentes connotados del Partido Comunista Colombiano, entidad que asumió compartir, unitariamente con otras expresiones políticas, el compromiso de constituir la UP.

Las prácticas genocidas en Colombia no surgieron con la UP. Desde albores del siglo XX acompañaron la configuración del capitalismo y su régimen político. El 9 de abril de 1948, inauguró un viraje trágico al anticomunismo como línea de Estado. Operaciones Villarrica de 1955, Marquetalia, de 1962 y 1964, fueron estruendosas matanzas de campesinos justificadas en el exterminio masivo de comunistas. Al término del Frente Nacional, el país conoció los genocidios de la Unión Nacional de Oposición UNO y del Frente Democrático, antecedentes próximos de la Unión Patriótica.

El hilo conductor de esta tragedia histórica que no concluye ha sido la estigmatización y la persecución a personas y organizaciones por su manera de pensar. El paramilitarismo y el terrorismo de Estado coinciden en el propósito de extirpar corrientes del pensamiento universal a partir del exterminio selectivo y su naturalización, por tratarse del "enemigo" interno comunista. La lucha de clases y la "limpieza social” se han dado la mano con las normas que legalizan los aparatos que asesinan a opositores de izquierda. El reto de la justicia restaurativa es también reconocer las causas profundas del exterminio fundadas en fanatismos y prejuicios ideológicos para encubrir intereses y privilegios privados.

Las y los comunistas hemos luchado por la solución política, el acuerdo de paz, su implementación cabal, por el punto final a la persecución política y las garantías de no repetición, sin renunciar al proyecto revolucionario, popular, antimperialista, y su concreción en la paz democrática con justicia social y ambiental.

Entiende el Partido Comunista que, como sujeto colectivo, gravemente afectado por el comportamiento del Estado y por el genocidio como práctica social, su deber es elevar su voz ante la JEP para explicar los criterios destinados a poner fin a la práctica anticomunista y su utilización como pretexto de violencia, odio y motivo discriminatorio. Al llamar a la defensa de la jurisdicción especial de paz JEP, ofrece toda su disposición de contribuir al pleno cumplimiento de los objetivos, definidos por el Acuerdo final e incorporados a la institucionalidad transicional.

Partido Comunista Colombiano
Comité Ejecutivo

Bogotá DC, marzo 6 de 2019