La implementación del Acuerdo Final está en grave riesgo. Al boicot legislativo se han agregado las masacres de la fuerza pública y del paramilitarismo, especialmente en Tumaco y el Sur occidente colombiano. Los 6 excombatientes desarmados asesinados en San José del Tapaje, el crimen de José  Jair Cortés en zona rural de Tumaco, los crímenes de las docentes Liliana Astrid Ramírez, en Natagaima, Tolima, de Benicia Tobar, en Guachené, Cauca y del excombatiente amnistiado Henry Meneses Ruiz, en Miranda, Cauca, entre otros, acaecidos con pocos días u horas de diferencia; las amenazas a la dirección nacional de la Unión Patriótica y el atentado frustrado al compañero Omar Romero en Cali, no pueden seguir siendo clasificados como hechos aislados por el Estado colombiano, que se coloca de espaldas a sus responsabilidades constitucionales.

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La masacre de campesinos cocaleros cerca de Tumaco es un crimen de Estado con graves consecuencias para el proceso de solución política que se implementa en el país. El gobierno Nacional adelanta una ambigua política de erradicación forzada de cultivos contrariando el acuerdo de paz en su punto cuarto en donde se establece la prioridad del dialogo, la concertación y la sustitución voluntaria con base en planes y proyectos que el Estado debe financiar y concretar con los agricultores. El gobierno colombiano se doblega ante la presión de Washington, que públicamente descree del Acuerdo de Paz en su punto IV y le impone al país la erradicación forzada e incluso exige retornar a la fumigación.

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La amenaza contra la vida de los y las integrantes del comité ejecutivo de la Unión Patriótica es una provocación burda en medio de la crisis política del país, en el marco de la implementación del Acuerdo de paz, del dialogo en Quito y del desarrollo de una campaña electoral en la que se confrontan las fuerzas de la paz y las fuerzas del oscurantismo.

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La implementación del Acuerdo de Paz del gobierno y las Farc Ep se sumerge en una grave crisis. Asistimos a un viraje en el compromiso adquirido por el Estado colombiano, que se manifiesta en un alargamiento intencional de los tiempos en la ejecución de las obligaciones correspondientes a los organismos oficiales, un abandono del liderazgo del gobierno frente al legislativo y una desarticulación de los partidos del oficialismo para la vigencia del fast tract. Simultáneamente, los fenómenos de corrupción develan la descomposición del régimen político.

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