El Partido Comunista Colombiano saluda al gobierno de la república de Cuba y por su intermedio al pueblo cubano por la contundente votación en las Naciones Unidas para condenar el bloqueo, las medidas de estigmatización y exigir un cambio en la agresiva actitud de Estados Unidos hacia la patria de Martin y Fidel.
La implementación del Acuerdo Final está en grave riesgo. Al boicot legislativo se han agregado las masacres de la fuerza pública y del paramilitarismo, especialmente en Tumaco y el Sur occidente colombiano. Los 6 excombatientes desarmados asesinados en San José del Tapaje, el crimen de José Jair Cortés en zona rural de Tumaco, los crímenes de las docentes Liliana Astrid Ramírez, en Natagaima, Tolima, de Benicia Tobar, en Guachené, Cauca y del excombatiente amnistiado Henry Meneses Ruiz, en Miranda, Cauca, entre otros, acaecidos con pocos días u horas de diferencia; las amenazas a la dirección nacional de la Unión Patriótica y el atentado frustrado al compañero Omar Romero en Cali, no pueden seguir siendo clasificados como hechos aislados por el Estado colombiano, que se coloca de espaldas a sus responsabilidades constitucionales.
La amenaza contra la vida de los y las integrantes del comité ejecutivo de la Unión Patriótica es una provocación burda en medio de la crisis política del país, en el marco de la implementación del Acuerdo de paz, del dialogo en Quito y del desarrollo de una campaña electoral en la que se confrontan las fuerzas de la paz y las fuerzas del oscurantismo.
Las elecciones de gobernadores en Venezuela el 15 de octubre reflejan la consolidación del régimen democrático, de las garantías y las libertades a todos los ciudadanos y ciudadanas, tanto favorables al gobierno como a la oposición.
La masacre de campesinos cocaleros cerca de Tumaco es un crimen de Estado con graves consecuencias para el proceso de solución política que se implementa en el país. El gobierno Nacional adelanta una ambigua política de erradicación forzada de cultivos contrariando el acuerdo de paz en su punto cuarto en donde se establece la prioridad del dialogo, la concertación y la sustitución voluntaria con base en planes y proyectos que el Estado debe financiar y concretar con los agricultores. El gobierno colombiano se doblega ante la presión de Washington, que públicamente descree del Acuerdo de Paz en su punto IV y le impone al país la erradicación forzada e incluso exige retornar a la fumigación.
