Arauca
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Las comunidades, fuerzas sociales y políticas del departamento de Arauca y del país acompañaron este jueves 31 de agosto a la comunidad de la vereda Santo Domingo, municipio de Tame, Arauca, en el acto de perdón ofrecido por el Estado Colombiano por la masacre cometida por la Fuerza Aérea Colombiana el 13 de diciembre de 1998 donde murieron bombardeados dos 6 niños, 11 adultos y 32 personas más resultaron heridas.



Según el informe del defensor de Derechos Humanos, Martin Sandoval, la delegación del Gobierno Nacional la encabezó el propio Ministro de Justicia, el vice ministro de defensa, la cancillería, directora nacional de la unidad de víctimas, Generales, Gobernador de Arauca y Alcalde de Tame, entre otras autoridades de alto nivel. Hubo presencia especial de las víctimas, familiares, sectores cívicos, sociales, de organizaciones de Derechos Humanos y comunidad internacional.

Martín Sandoval califico de “importante paso por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición” este acto realizado en Santo Domingo el día 31 de agosto.

En la historia de los actos infames y del Terrorismo del Estado queda marcada la fecha del 13 de diciembre de 1998, cuando un helicóptero militar asesinó a 17 personas en la vereda Santo Domingo en el municipio de Tame, Arauca, en medio de un enfrentamiento con el Frente Décimo de las Farc. A las 10 de la mañana, la tripulación de uno de los siete helicópteros que sobrevolaba la vereda lanzó sobre la calle principal un dispositivo cluster, compuesto por seis granadas, provocando así la muerte de los pobladores. Siendo las 10:02 de la mañana la aeronave era la UH-1H, matrícula 4407, piloteada por el Teniente César Romero Pradilla, el copiloto Johan Jiménez Valencia y el técnico Héctor Mario Hernández, sin distinguir entre combatientes y población civil, lanzaron sobre Santo Domingo un artefacto explosivo tipo clúster (AN-M1A2), compuesto por seis bombas de fragmentación de 20 libras cada una.

El acto de perdón y responsabilidad tienen que ver en desarrollo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de noviembre de 2012, que ordena al Estado hacerlo, por el lanzamiento de un dispositivo explosivo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana.