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Bogotá
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La indignación ciudadana se pronunció el 9 de septiembre en repulsa al asesinato de Javier Ordoñez, un abogado que rebuscaba su sustento en un taxi y era padre de dos niños.



Javier fue torturado por la policía frente a sus familiares y amigos en el occidente de Bogotá, en medio de lo que la policía calificó como “un procedimiento”, donde abusaron del uso de la fuerza y habiendo neutralizado a Javier, quien rogaba por su vida pidiéndoles que se detuvieran, con un “por favor no más”, y haciendo caso omiso a los gritos desesperados y súplicas de sus familiares, hicieron múltiples descargas con las denominadas eufemísticamente armas no letales, teaser.

El acto de brutalidad policial impactó al país gracias a que fue grabado segundo a segundo por un amigo que logró ocultar su celular y logró hacer la denuncia por redes sociales del atroz hecho, ya que los policías destruyeron otros equipos con los que eran grabados.

La familia denunció que Javier, brutalmente agredido fue trasladado al CAI, (Comandos de atención inmediata, pequeñas estaciones operativas de policía ubicadas en barrios y localidades), donde lo siguieron golpeando hasta ocasionarle la muerte.

No fue un hecho aislado, la alcaldesa de Bogotá reportó que existen 137 denuncias contra efectivos de la policía tan solo en el distrito capital.

En diciembre el asesinato del joven Dylan cruz, víctima de un artefacto disparado por el ESMAD, escuadrón móvil antidisturbios de la policía, desató protestas en todo el país, esta práctica es recurrente afirmó la alcaldesa, la ONG temblores reportó que desde el año 2017 al 2019 la policía cometió 639 homicidios, y hasta la muerte de Javier Ordoñez en lo corrido del 2020 se reportaron 10 asesinatos ejecutados por policías.

Esta situación conllevó a la movilización ciudadana convocada el día de ayer para rechazar la brutalidad policial, diversos sectores políticos y sociales de distinto signo llamaron a iniciar un proceso de restructuración y reforma de la policía colombiana, este tema ha sido una bandera de sectores democráticos y de izquierda, el mismo ex presidente liberal Cesar Gaviria expresó en una entrevista el día de ayer, que “la policía colombiana había sido formada para la guerra y que actuaban en la lógica de la confrontación, y era menester reformarla”, es evidente que la lógica de doctrina de la seguridad nacional y el enemigo interno ha generado terribles consecuencias expresadas en la sistemática violación de Derechos Humanos (DDHH) por parte de esa institución.

En horas de la tarde plataformas de DDHH y ciudadanos se concentraron en las inmediaciones del CAI del barrio Villaluz, donde fue asesinado Javier Ordoñez, y diferentes instalaciones policiales en la ciudad, e iniciaron una jornada pacífica, encendiendo velas y coreando arengas contra el abuso policial y el derecho a la vida, entre tanto arribaron unidades del ESMAD e iniciaron la habitual provocación contra los manifestantes, hecho que desató la respuesta que se expresó en una confrontación que se extendió por toda la ciudad.

En el transcurso de la noche, como ha pasado en varias ciudades norteamericanas en los disturbios contra el racismo y la brutalidad policial, hubo enfrentamientos de manifestantes con palos y piedras y unidades policiales, donde después de que la policía inexplicablemente abandonó los CAI, la multitud enardecida y rabiosa prendió fuego a las instalaciones policiales.

La respuesta de las unidades de policía no tardó y en una violenta arremetida, registrada por videos grabados por la comunidad, agredieron salvajemente a toda persona que estuviera en la calle y dispararon indiscriminadamente con armas de fuego, asesinando un número indeterminado de personas, por lo menos siete ciudadanos, entre los cuales están Julieth Ramírez, de 19 años, en Suba La Gaitana, Christian Hernández, de 24 años, y Jaider Fonseca, de 17 años en Verbenal, Germán Smith Puentes, de 25 años, en Suba Rincón y Christian Hurtado Menecé, de 27 años, ASESINADO por la policía en Soacha, ciudad verde. Cayeron víctimas de las balas oficiales, en un acto de barbarie sin antecedentes.

Entre tanto el ministro de defensa Carlos Holmes, sin hacer mención a las personas asesinadas de manera aleve por la policía, anunció medidas de militarización de la ciudad y su partido señaló como responsable al jefe de la oposición, Gustavo Petro, acusándolo de promover la confrontación por haber publicado en sus redes minuto a minuto las denuncias de la comunidad frente a la oleada de abusos cometidos en la noche, además han señalado a los medios alternativos e influencers progresistas de ser responsables por haber promovido en sus redes imágenes y noticias frente a los sucesos, en una clara expresión de su talante antidemocrático y en una clara agresión a la libertad de prensa e información.

Los medios convencionales han instalado una matriz que pone el foco en la destrucción de los CAI, y el incendio de buses, desdibujando el trágico desenlace de la acción criminal de la policía, documentado en cientos de videos y denuncias que siguen circulando en redes.

Hablan de “balas perdidas”, en un fantasioso recurso para evitar la responsabilidad de un cuerpo constitucional que debería velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos y que violando todo precepto constitucional hizo gala del terror para pretender controlar la rabia ciudadana.

No hubo balas perdidas, las imágenes son contundentes, la policía disparó en los barrios bogotanos haciendo blanco en ciudadanos inermes, ese debe ser el foco de atención de los medios, organismos de control, políticos y del mundo, en Bogotá anoche se vivió una jornada de barbarie y terrorismo de estado, como lo afirmaron diversos colectivos de defensores de Derechos Humanos y las comunidades de las barriadas capitalinas.

No podemos permitir que se instale un relato que descansa la responsabilidad de la atrocidad contra los ciudadanos vivida la noche de ayer, en quienes han denunciado la brutalidad y abuso policial.

La furia ciudadana se expresó en repulsa al infame asesinato de Javier Ordoñez, y contra la sistematicidad de un comportamiento que una sociedad democrática no puede tolerar, los responsables gozan de impunidad y buscan que un remedo de justicia como la militar, asuma el caso para impedir que los responsables sean castigados, eso potenció la movilización social.

La respuesta desproporcionada, represiva y atroz por parte de la policía, es un desafuero que debe ser repudiado por la sociedad en su conjunto, debe haber justicia para las vidas cegadas, urge una transformación profunda de esa institución, la paz es el camino y para consolidarla no debe seguir incólume el terrorismo de estado y sus instituciones, la perversión de la guerra no puede ser el guion de la policía y las Fuerzas Militares (FFMM), el país requiere una institucionalidad democrática, tolerante y para la reconciliación.

10 de septiembre de 2020

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Tomado de prensarural.org