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Bogotá
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Colombia atraviesa uno de los periodos más violentos de los últimos tiempos. Los sectores políticos tradicionales han instrumentalizado la violencia para perpetuarse en el poder y dar continuidad al genocidio generalizado contra el conjunto de la población civil, las organizaciones sociales, sindicales, populares y las fuerzas políticas de izquierda.



Las amenazas contra la vida, los asesinatos selectivos y las masacres en cada rincón del país, son parte de la estrategia paramilitar, la cual se afianza en el marco del terrorismo de Estado para mantener el control político y económico en zonas estratégicas del País.

Dicho panorama se circunscribe en la concepción militarista y guerrerista de las Fuerzas Armadas que niega su misión de proteger al Pueblo y a la nación, y por el contrario, incorporaron prácticas gringas como el control, el dominio y el sometimiento a la población, venidas de la Doctrina de Seguridad Nacional y del discurso de acabar con el enemigo interno, pretenden militarizar la vida de la población en medio de una sistemática violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

El asesinato del abogado Javier Ordoñez por parte de patrulleros de la Policía de Bogotá, aplicando métodos de tortura con descargas eléctricas y golpes contra su humanidad, evidencia la sevicia y la gravedad del comportamiento terrorífico de esta institución: ¡el Pueblo no es el enemigo interno y, en particular la juventud, no son dianas para el entrenamiento militar!

Estas prácticas criminales junto a la ya conocida brutalidad del ESMAD, les ha costado la vida a dirigentes populares, campesinos y estudiantes. No olvidemos el caso de Dylan Cruz, no fue un “hecho aislado” como pretenden hacer creer desde las altas esferas del gobierno y desde los grandes medios de comunicación. Estos son crímenes de Estado que se suman a las 137 denuncias por abuso policial en Bogotá durante el 2020, según cifras de la Mesa de DDHH del Distrito.

La protesta social ES LA RESPUESTA CARGADA DE INDIGNACIÓN de las comunidades de diferentes localidades de la ciudad, es un rechazo a esta política criminal del actual gobierno.

La situación vivida en Bogotá en horas de la tarde y noche del 9 de septiembre “Día Nacional de los Derechos Humanos”, dejó como resultado, según cifras de la “Campaña Defender la Libertad es asunto de todos”, recopiladas por diversas organizaciones defensoras de DDHH, un total de 24 heridos, 19 de ellos con arma de fuego, cerca de 45 detenidos y 8 asesinatos. Bogotá vivió, sin lugar a dudas, una masacre perpetrada por la Policía Nacional.

Por lo anterior, planteamos la necesidad imperiosa de abrir un debate nacional frente al papel de la Fuerza Pública en un Estado Social y de Derecho y de exigir la derogatoria de los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional, que tenga como principal propósito la reestructuración de las Fuerzas Armadas y el desmonte del ESMAD. Se necesita más que unas simples reformas, como lo plantea la Alcaldesa Claudia López.

De igual manera, invitamos a la sociedad de Bogotá a participar en las expresiones de protesta popular contra estos actos de barbarie orientados desde el gobierno central y ejecutados por la fuerza pública.

A que nos vinculemos a la Jornada Nacional por la Vida y la Paz a realizarse el próximo lunes 21 de septiembre y, a que levantemos una sola voz en rechazo a los asesinatos selectivos, las masacres contra la población, lideresas sociales y ex guerrilleros firmantes de la paz, como una expresión de humanidad y de lucha contra la impunidad.

Bogotá, 9 de septiembre del 2020

Comité Ejecutivo Distrital
Partido Comunista Colombiano
Regional Mario Upegui Hurtado