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Bogotá
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Durante estas semanas hemos socializado con las comunidades de varias localidades de Bogotá lo que será nuestro proyecto de acuerdo sobre “Alianzas Público Populares”, ¿A qué nos referimos con esto?



Esta propuesta pretende poner en evidencia que los sectores populares tienen dinámicas económicas propias que se resumen en la característica de su exclusión del mercado formal del trabajo (en un sentido amplio de la palabra), es decir, la mayoría del pueblo colombiano y por supuesto también bogotano, no accede a un empleo, sea este mediante contrato de trabajo (una excepción), prestación de servicios, un contrato con el Estado, participar de algún proyecto o incluso los “contratos de asociación”, una nueva forma de explotación velada.

Al estar excluidos y excluidas del mercado formal del trabajo, han tenido que desarrollar formas de supervivencia que, desde la diversidad de sus condiciones, pero aprovechando el relacionamiento con el territorio, se constituyen en su “cotidianidad laboral” y se convierten en un importante renglón de la economía colombiana y de la capital.

Esta economía popular, de la que hacen parte vendedores informales, trabajadores por cuenta propia, la economía del cuidado, la economía social y solidaria, empresas familiares o individuales, entre otras formas, no ha sido reconocida por el Estado como renglón de la economía. Esto porque, se aproximan a las realidades de estas personas desde enfoques que no dimensionan toda su complejidad, en ocasiones, desde una aproximación de “combate a la pobreza” mediante políticas de asistencia social, en otras, desde la perspectiva de la informalidad laboral o tributaria, y en algunos casos  se les denomina MIPYMES o “cuentapropismo”; todas estas aproximaciones apenas reflejan una de las aristas de este complejo pero numeroso sector poblacional y no logran su comprensión holística en términos económicos y sociales.

Así pues, lo primero que proponemos es un reconocimiento por parte del Estado de que este sector o renglón de la economía no solo existe, sino que es uno de los más importantes de la capital, en cuanto al número de personas que lo componen y en cuanto a su rol en la economía urbana en la que garantizan la distribución de bienes y servicios en coberturas que no logra la economía de capital; para ello proponemos un registro y caracterización en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico para empezar a dimensionar desde la esfera pública estatal, la realidad de esta economía.

Pero además, esa caracterización es la puerta de entrada a lo segundo que queremos proponer: las alianzas público populares, cuyo nombre es un claro intento por equiparar el apoyo constante que el Estado le da a la economía de capital (en el que las APP’s y las concesiones son ejemplos paradigmáticos) pero que le niega a la economía popular.

En ese sentido, las alianzas público populares son mecanismos por medio de los cuales el distrito puede apoyar a este renglón de la economía mediante recursos públicos que apoyen estas dinámicas sin pretender transformarlas, sino potenciarlas, sin buscar que se formalicen y sean economía de capital (intento que ha fracasado las últimas tres décadas) sino potenciando la economía popular como una lógica válida y necesaria dentro de nuestro aparato productivo.

Así, proponemos hasta el momento, tres formas de alianza público popular:

La primera son los acuerdos de acción colectiva establecidos en el artículo 135 del actual Plan de Desarrollo. Mediante dicha reglamentación proponemos ejecutar este importante acuerdo distrital de manera que el distrito (fundamentalmente el IPES y las alcaldías locales) en el marco del diálogo con los actores de la economía popular, sus organizaciones u otros sujetos de la economía popular acuerden de manera conjunta la gestión del espacio público.

Esto a su vez, lleva aparejadas una serie de condiciones para el ejercicio del trabajo digno en estos espacios  con el objetivo de que quienes ejercen su trabajo en el espacio público no tengan que depender de la buena voluntad del alcalde de turno, del IPES o peor, de acuerdos privados con la Policía, sino que se establezca un procedimiento reglado para apoyar y acordar esta forma de supervivencia económica.

La segunda modalidad es denominada transferencia monetaria condicionada que, lejos de la lógica neoliberal de programas como familias en acción, busca un giro directo a los sujetos y actores de la economía popular que contribuyan a cumplir ciertas metas del Plan de Desarrollo. Por ejemplo, las huertas comunitarias son, sin duda, una forma de materialización de la aspiración del Plan de avanzar en soberanía alimentaria para Bogotá. Por lo tanto, a las y los huerteros comunitarios se les podría hacer un giro directo en términos económicos para que potencien su actividad y de esta manera se profundice su colaboración con la consecución de los objetivos del Plan.

En tercer lugar, proponemos como alianza público popular un mecanismo de discriminación positiva en el marco de los procesos de selección que adelante el distrito. Esto implica la ejecución de una exhortación que la Corte Constitucional le hizo directamente al Concejo de Bogotá en la sentencia T-724 de 2003, y consiste en que aquellos actores de la economía popular que quieran participar en licitaciones u otros procesos de selección que haga el Estado en el marco de la contratación estatal, tengan un puntaje adicional por el hecho de ser actores de la economía popular. Así se podrán equilibrar las cargas en el marco de una competencia desigual con la economía de capital con la que siempre van a estar en desventaja y por lo tanto, nunca van a poder contratar con el Estado.

Estas propuestas las presentamos al conjunto de la ciudadanía capitalina, seguros que en el marco de los diálogos territoriales pueda ser nutrida por la comunidad y que, localidad a localidad, aprendamos cada vez más qué implica la economía popular, qué actores la componen, y sobre todo, cómo podemos impulsarla.

14 de octubre de 2020

(*) Concejal de Bogotá por Colombia Humana – Unión Patriótica. Es abogada y cursó una especialización en Derecho Ambiental y un máster en Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia

Tomado de cuartodehora.com