Bolívar
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El punto tres del acuerdo de Paz de la Habana, suscrito entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, el Fin del Conflicto, establece los términos para dar fin y dejar atrás las más de cinco décadas de confrontación armada.



Este punto, en el cual se contempla la dejación de armas, las zonas veredales transitorias de normalización-ZVTN-, la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros, el Consejo Nacional de Reincorporación – CNR-, entre otros, no ha sido exento de polémica, mitos, malas y malintencionadas interpretaciones.

En el punto 3.2, el cual habla sobre la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, expresa que “Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país”. El simple hecho de hablar de reincorporación económica implica varias cosas, por lo menos, garantizar temporalmente que los excombatientes tengan acceso o capacidad adquisitiva para obtener sus medios de vida.  Por tanto, el acuerdo contempla la identificación de necesidades del proceso de reincorporación económica y social (ver punto 3.2.2.6) en el que se realizarán: a) censo socioeconómico, b) Identificación de programas y proyectos productivos sostenibles, c) Desarrollo y ejecución de programas y proyectos productivos sostenibles. En la ejecución del literal C cada integrante de las FARC-EP en proceso de reincorporación, tendrá derecho por una vez, a un apoyo económico, por la suma de 8 millones de pesos, para emprender un proyecto productivo individual o colectivo.

En materia de reincorporación económica, el acuerdo establece dos procesos paralelos, uno es de carácter individual, donde el excombatiente decide emprender algún proyecto productivo o de vivienda de manera individual con la suma del apoyo económico antes mencionado. El segundo es de carácter colectivo, para tal propósito, en aras de promover un proceso de reincorporación económica colectiva las FARC-EP constituirán una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común- ECOMUN- (ver punto 3.2.2.1).

ECOMUN estará sujeta a la normatividad vigente para este tipo de organizaciones, tendrá cobertura nacional y los miembros de las FARC-EP se integrarán de manera voluntaria. Para la ejecución de los proyectos productivos se constituirá por una sola vez un fondo, cuya viabilidad será verificada previamente por el CRC, otro organismo que se creara en el marco de la implementación del punto tres, y los recursos que harán parte de este fondo corresponden al apoyo económico que recibirán las personas que decidan participar en proyectos colectivos (ver literal c del punto 3.2.2.6.). El valor del fondo dependerá del número de integrantes de la FARC-EP que opten por los proyectos colectivos.


ECOMUN, como organización se enmarca en la economía solidaria y en términos organizativos asumirá la forma de cooperativa, las cuales se caracterizan por que sus medios de producción son de propiedad colectiva, la producción es social basada en la cooperación, la producción es apropiada por todos los cooperadores, la utilidad de la producción es el beneficio de los asociados, entre otros. Por tanto, las FARC-EP no se aleja mucho de una de sus fuentes ideológicas, el Marxismo y también es una muestra de coherencia con uno de los valores que identifican  su ética revolucionaria, la solidaridad, teniendo en cuenta lo expresado por el economista francés, Charles Guide “La cooperación no es más que una de las numerosas manifestaciones de la solidaridad”.

El acuerdo también expresa unas Garantías para una reincorporación económica y social sostenible (ver punto 3.2.2.7), en la cual se contempla una renta básica mensual equivalente al 90% del SMLV para cada excombatiente durante 24 meses, una asignación única de normalización que corresponde a 2 millones de pesos cuando culminen las ZVTN y también se garantizará los pagos para la seguridad social en salud y pensiones para quienes no se encuentren vinculados a actividades remuneradas.

En materia de implementación, el gobierno por medio del decreto ley 899 de 2017 ha dado el impulso para definir y establecer los criterios, medidas e instrumentos del Programa de Reincorporación Económica y Social, colectiva e individual, a la vida civil de los integrantes de las FARC-EP.