Bolívar
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A propósito de la noticia de reponer la resolución 022 de enero de 2017, mediante la resolución 001 del 28 de junio del 2017, por la Dirección General Marítima, (DIMAR) en la cual se otorgaba concesión a la sociedad Marina Park S.A.S, por 20 años, para el proyecto Castillo Landing Place Marina en los barrios Castillogrande y Bocagrande en la ciudad de Cartagena, debido que el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T) de la ciudad no lo permite, en cuanto expresa, que el uso del suelo en dichas zonas es residencial, comercial 1 e industrial 1; contemplando embarcaderos y no marinas.



Esta decisión se produce después de acciones de distintos sectores en la ciudad, los directamente afectados, el alcalde Manolo Duque, congresistas del departamento de Bolívar y concejales de la ciudad, entre otras autoridades.

Sobre esta decisión es importante manifestar que al igual que se reverso este proyecto, en estos barrios señalados, también se tenga en cuenta otros proyectos de marina, ubicados en la isla de Barú, y Tierrabomba, apegado al mismo rasero de derechos fundamentales, al P.O.T y a la información debida a las comunidades y la consulta previa en estos territorios, en cuanto al desarrollo que los mismos territorios decidan.

La construcción de estas marinas pasa por la planificación exhaustiva, para cualquier lugar en que se vayan a construir, no sea que se apele de acuerdo a intereses, donde en una zonas no se puede, pero en otras que teniendo el mismo impedimento si se puedan construir, contraviniendo todas las normas y derechos fundamentales, acudiendo al argumento manido que está por encima el “desarrollo de la ciudad” al capricho de comunidades y con este, el derecho constitucional que estas tienen a ser consultadas.


La comunidad, en decenas de eventos, han manifestado su rechazo a la construcción de marinas en zonas residenciales. Foto El Heraldo

Esperamos la misma diligencia de las autoridades nacionales y locales para todas las comunidades donde se pretenda construir este tipo de proyectos, utilizando los argumentos legales, ambientales y de planificación territorial en el marco del P.O.T, entre otras cosas este último, está en deuda en cuanto su actualización y reglamentación, la cual debe abrirse a una real participación, con miras desarrollo de la ciudad, más allá del apetito lucrativo de unos pocos gremios y transnacionales, referente al uso del suelo de la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar.

Esto sin duda alguna nos pone de presente que todo tipo de proyecto debe pasar por la  participación real de las comunidades, que permita el desarrollo sostenible, la preservación y protección del medio ambiente, mas allá de la exclusividad de unos barrios, en la tendencia de seguir construyendo dos ciudades: una que tiene derechos y que la institucionalidad se vuelca a defender y otra ciudad que no tiene derechos, donde la institucionalidad es obsecuente con los gremios, los inversionistas y las transnacionales cerrando las puertas en las narices de la gran mayoría de la población que tiene que conformarse con la vulnerabilidad, producto del mal manejo histórico de la clase política tradicional, la clase pudiente de esta y junto con el los gremios en la ciudad. 

En esta ciudad no se puede seguir practicando el refrán  de unas de cal y otras de arena, por conveniencia, haciendo uso de derechos cuando se ven vulnerados en sus intereses, pero callando cuando se vulneran esos mismos derechos en otros territorios, en el marco de ciudadanos de primera y de segunda clase. 

Gráfica pie de foto.- Sociedad Marina Park S.A.S. Foto: Flickr Wilson Enrique Villadiego


*Militante del partido comunista, zonal Cartagena, Bolívar.