Bolívar
Tipografía

La fiscal 53 de esta ciudad citó a ocho concejales en ejercicio del Concejo Distrital de Cartagena y a uno que tiene la credencial anulada por el Consejo de Estado, para una audiencia de imputación de cargos fijada para el 24 de octubre próximo, dentro de la "Operación Heroica II" que investiga la elección de la contralora Nubia Fontalvo, quien lleva más de un mes detenida en la cárcel de mujeres.




La fiscal 53 Liliana Velásquez radicó ayer en el Centro de Servicios Judiciales de Cartagena una solicitud de imputación y medida de aseguramiento contra los siguientes concejales de la capital de Bolívar: Javier Wadi Curi Osorio y Érich Nijinsky Piña Féliz (del Partido Liberal); Antonio Salim Guerra Torres y Luis Javier Cassiani Valiente (de Cambio Radical); Édgar Elías Mendoza Saleme (del Partido Conservador); Duvinia Torres Cohen (del Partido de La U); Angélica María Hodeg Urango (del Partido Alianza Verde) y Américo Elías Mendoza Quessep (de la Alianza Social Independiente), a quien el Consejo de Estado le anuló la credencial porque se hizo elegir a pesar de estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.


Dentro de la investigación llamada OPERACIÓN HEROICA II en esta nueva fase, ya se encuentran detenidos el alcalde titular Manuel Vicente Duque y el concejal Javier Useche en la cárcel para funcionarios públicos de Sabanalarga, Atlántico, la contralora Nubia Fontalvo en la cárcel de mujeres de San Diego y José Julián Vásquez, primo del alcalde Duque, a quien señalan de ejercer un poder en la sombra en materia de nombramientos y contratos, desde una oficina de Bocagrande conocida como la segunda alcaldía, donde se produjo su captura hace más de un mes. Vásquez también conocido como JJ, "El Rey de la contratación", fue enviado a la cárcel nacional de Ternera, cerca de Cartagena.

Los detenidos esperan un juicio por el presunto delito de cohecho propio, cometido en una empresa criminal en la que "se comprometieron cargos y contratos para algunos de sus electores", refiriéndose a la contralora distrital, Nubia Fontalvo, elegida en enero de 2016.

Los defensores vienen trabajando en la fase de apelación con el fin de tumbar las medidas de aseguramiento, entre tanto Cartagena tiene de alcalde a Sergio Londoño Zurek, del partido de la U, encargado por decreto presidencial.

Toda la administración pública de Cartagena se encuentra flotando en una especie de limbo, en las dependencias oficiales de la alcaldía hay caras largas y se percibe una sensación de inseguridad laboral pues nadie sabe, a ciencia cierta, de qué lado van a amanecer las cosas al día siguiente.

Quedan 11 concejales, descontando la lista de los llamados a imputación de cargos, en una audiencia en la que deben presentarse voluntariamente.

Catorce de los 19 concejales que tiene el Distrito de Cartagena votaron por la contralora Fontalvo.
El veedor Jorge Quintana Sosa, autor de la denuncia por el presunto delito de cohecho ante la fiscalía de Cartagena, en la elección de la contralora Fontalvo dijo al conocerse el nuevo giro de los acontecimientos: "está pasando lo que tenía que pasar".

Se sabe que hay más audios de conversaciones de concejales de Cartagena en relación con la OPERACIÓN HEROICA II, y en medios no oficiales se afirma que el 24 de octubre deben producirse más detenciones.

Por una aparente casualidad, la crisis política de Cartagena, el entredicho y el mar de dudas, conjeturas y el ambiente enrarecido en la administración de una ciudad empobrecida en extremos lamentables, coincide con el hecho sin precedentes de que un ex presidente de la Corte Suprema de justicia, Francisco Ricaurte, sea cartagenero y se encuentre tras las rejas en el mayor y más grave escándalo que envuelve a las altas cortes colombianas.

En cuanto al Concejo Distrital se escuchan comentarios ciudadanos que expresan la necesidad de que todo el cabildo, si tienen un poco de vergüenza, renuncie en pleno con el alcalde Duque a la cabeza.

Hay una marcha anunciada para demandar dignidad frente a una ciudadanía que no termina de salir de su asombro, endeudada y acosada por las tarifas de los servicios privatizados, el desempleo, la crisis en salud, la inseguridad y la ola de atracos en todos los barrios cartageneros.