Bolívar
Tipografía

Una sensación de postración social y de frustración colectiva atraviesa a Cartagena, con más fuerza que nunca en los dos últimos meses, cuando salieron a flote señalamientos por corrupción contra figuras de la vida política local.



Casi la mitad del Concejo Distrital de Cartagena está con un pie en la cárcel, una fiscal citó a ocho concejales en ejercicio y a un ex concejal que se hizo elegir a pesar de estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, por presunta conducta criminal en la elección de la contralora distrital.
El alcalde titular, la contralora y un concejal y un elemento externo que ejercía como "poder en la sombra", están detenidos a la espera de un juicio por cohecho y delitos conexos.

Hace pocas horas, se conoció otra imputación de cargos al concejal distrital, David Dager, conservador, quien tendrá que presentarse el 4 de octubre próximo, de manera voluntaria, por presuntas anomalías en contratación y en falsedad ideológica durante el periodo en el que ejerció como presidente de la corporación, con la firma Neuromind, para un proceso de selección y elección de contralor y personero.

Un sector de la ciudadanía está expresando, en diferentes formas, que el alcalde Manuel Vicente Duque, presente renuncia del cargo para que se haga posible una convocatoria a elecciones atípicas y se le ponga fin a la interinidad. Duque está detenido pero no ha sido vencido en juicio y se encuentra moviendo su defensa, con un grupo de abogados.

Si los concejales citados para el 24 de octubre son detenidos en la audiencia de imputación de cargos, el concejo quedaría reducido a su mínima expresión.

Debe precisarse que el 1 de octubre venidero comienza el último periodo de sesiones, es decir, 23 días antes de la audiencia fijada por la fiscal 53, Liliana Velásquez.

Un total de 14 concejales, de 19 que forman el Concejo Distrital, votó por la señora Fontalvo para Contralora, acto que originó el más complicado embrollo de cohechos, conjeturas, dudas y especulaciones denunciadas por el veedor Jorge Quintana Sosa.

La captura, encarcelamiento y acusación contra el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, se suma al desconcierto ciudadano de la capital de Bolívar pues este jurista es cartagenero.

"Hay una cantidad de sentimientos encontrados, no hay un norte para la ciudad" comentan ciudadanos del común.
En varios niveles de la opinión libre de personas conocedoras de Cartagena, se está planteando la necesidad de un gran pronunciamiento colectivo, que exija un alto a la corrupción y una denuncia contra casas políticas cómo la que maneja, desde su apartamento, el ex senador Juan José García, quien fue condenado e inhabilitado para ejercer cargos públicos, pero que conserva intacto su poder para quitar y poner en la vida de la ciudad, es el esposo de Piedad Zuccardi, procesada por presuntos nexos con el paramilitarismo y tiene un hijo senador.

Si el 50% del Concejo de Cartagena va a la cárcel, como lo piden a gritos cientos de ciudadanos, se estancaría la aprobación del Presupuesto de inversiones del Distrito para 2018, quedaría también engavetado el Plan de manejo de aguas pluviales y de defensas costeras, calculado en 2.1 billón de pesos.

El desempleo y la pobreza siguen creciendo en Cartagena. Una interinidad y una ola de corrupción crean un panorama desalentador fácilmente perceptible, con un vistazo a barrios empobrecidos en un cuadro injusto, la insalubridad es lo corriente para millares de familias.

La delincuencia barrial  nutre las páginas de un periodismo que no va al fondo de la crisis y de un despojo de las elites apoderadas del Plan de Ordenamiento Territorial POT, para edificar sus condominios especulativos para millonarios que sólo ven a la "Cartagena fantástica" como han dado en llamarla en los folletos hoteleros.

Hay una actitud expectante en el ciudadano cartagenero que no sale del asombro por el alud de noticias de un escándalo tras otro, no bien se conoce de un episodio de corrupción local, cuando irrumpen nuevos señalamientos que comprometen la imagen de Cartagena, donde el montaje de la planta de REFICAR dio lugar a unos sobrecostos y unas imputaciones que prometen más de una sorpresa.

(Foto cortesía Álvaro Cárcamo)