Córdoba
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La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba – ASCSUCOR, ante la agudización del conflicto armado en el Sur de Córdoba en lo corrido del año que está por terminar, con atención a las cinco alertas tempranas que han sido emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.



Alerta sobre la pugna por el control territorial y social en esta zona estratégica para obtener el dominio de economías ilícitas que se ha producido en los últimos dos años, con ocasión de la dejación de armas de las FARC-EP y la no ocupación del Estado, sumado a otros factores de ilegalidad particulares, ha puesto en riesgo la vida, integridad y seguridad de las comunidades que residen en las estribaciones de este resistente sur de Córdoba y de los líderes, lideresas, dirigentes, representantes, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos.

Durante el 2017 y en lo corrido del 2018, grupos armados organizados han reconfigurado situaciones violentas en sus disputas territoriales que han implicado el incremento de la vulnerabilidad de las comunidades, además hay una suerte de competencias entre varios grupos armados organizados o delincuenciales por el control del territorio empleado para el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras actividades ilícitas, así como la consolidación de nuevas alianzas entre dichos grupos.

En estos escenarios de vulneración los grupos armados organizados y delincuenciales, con el objetivo de lograr el control de los negocios ilícitos, han procurado ejercer, de igual forma, un control social sobre la población, dinámica que ha repercutido en la ocurrencia de nuevos desplazamientos forzados, amenazas y delitos contra las libertades, en el que han resultado afectadas distintas comunidades rurales, líderes sociales y comunitarios, sin que se cuente con cifras exactas al respecto.

En una zona determinada por cinco municipios, contemplada por el Decreto 893 del 28 de mayo del 2017 como PDET, creado este con el fin de cumplir el mandato constitucional previsto en el artículo 22 de la Constitución Política, el cual señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; por ello el 24 de noviembre de 2016 el Gobierno Nacional suscribió con el grupo armado FARC-EP, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Con instancias, mecanismos e instrumentos jurídicos nacionales creados recientemente en su mayoría para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad, la seguridad y las afectaciones a la convivencia contra comunidades y organizaciones en los territorios, sus líderes, lideresas, dirigentes, representantes, activistas y defensores de derechos humanos en los territorios, desde la mirada de la “política pública de prevención de violaciones a los derechos humanos”.

Nos resulta oprobioso que el “desescalamiento” del conflicto armado, y la superación del estado de pobreza socioeconómica para el campesinado sur cordobés en clave al conflicto social y ambiental sea un sofisma jurídico al día de hoy.

El campesinado del Sur de Córdoba le ha apostado a la “Construcción de una Paz estable y duradera”, ha dado todo de sí, desde la erradicación concertada de cultivos de uso ilícito, la participación directa en la construcción de las líneas base del PDET, la viva voz en los escenarios populares de afirmación de la implementación, pasando por la alimentación del comisión de la verdad y la justicia especial para la paz. A todas estas, las formas y mecanismos que han llegado hasta ahora al territorio.

Por consiguiente, y con especial atención a la Alerta Temprana 083-18 del 25 de noviembre del 2018:

Solicitamos al Gobierno nacional, departamental y municipal actuar acordes a las indicaciones señaladas en esta alerta temprana,

Se avance con celeridad en la implementación territorial para el sur de Córdoba del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección – PAO y el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios,

En los municipios del sur de Córdoba integrados a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-:-PDET, en concordancia con el articulo doce (12) del Decreto 2124 del 18 de diciembre del 2017 se creen las “Instancias territoriales para la reacción rápida” con el fin de que las respuestas rápidas sean en verdad operativas y busquen conjurar y mitigar los riesgos y amenazas; de igual manera los “comités de prevención” para aterrizar los “planes integrales de prevención” en los territorios conforme a las dinámicas actuales,

Que para los Capítulos 5, 6 y título 3 a la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015 se garanticen su veraz implementación y se haga estricto seguimiento y monitoreo.

Es menester recordar que el Estado Colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque Márquez tiene responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos; sobre el recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales; sobre el Estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el, quien adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional.

Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que hechos lesivos de la vida, la libertad, la integridad, la seguridad y las afectaciones a la convivencia contra comunidades y organizaciones en los territorios, sus líderes, lideresas, dirigentes, representantes, activistas y defensores de derechos humanos en los territorios del sur de Córdoba se sigan presentando.

En concordancia con lo anterior hacemos un llamado a las alcaldías de los municipios del Sur de Córdoba, en especial a Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador a que exhorten, requieran e insten a las instancias de Gobierno nacional y departamental con competencia para atender las situaciones de vulneración de derechos humanos y violación al derecho internacional humanitario para que actúen en prevención y se apropien de los espacios e instancias recordadas en este comunicado; desde luego esa apropiación local nos acerca a la Paz territorial y el avance en la consolidación de la reconciliación y la convivencia de los colombianos y las colombianas.

Prensa Rural