La Guajira
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Un grupo de activistas de la campaña de Colombia Humana, en San Juan del Cesar, Guajira, apareció en una lista de amenazados de muerte por haber votado por Gustavo Petro en el reciente debate electoral.



Un panfleto firmado por "Águilas negras", en forma de anónimo, amenaza a ciudadanos de la sede de la campaña en San Juan del Cesar, Guajira, y en el Hospital San Rafael del Cesar, Wilfer José Arciniegas, Boris Palacio Márquez, Aldo Amaya Daza, Betty Daza Oñate, Arnoldo Marulanda, Horacio Manjarrez, Hernán Cujia (abogado) Jorge Cuello, Arnaldo Gámez, Beto Mendoza, Camilo y Silvia Daza.

Las amenazas van además "contra quienes hayan votado por PETRO “en esta zona de la Región Caribe, términos que produjeron una reacción de denuncia, que exige una investigación de la fiscalía seccional, sobre la policía y el ejército, además sobre la delegación departamental de la Registraduría, puesto que sólo en esa dependencia pudieron entregar una lista de activistas de Colombia Humana, de manera tan precisa, y poner en grave peligro la vida de este grupo de personas ampliamente conocidas.

La denuncia sobre la nueva aparición del paramilitarismo amenazante en San Juan del Cesar la divulgó el Equipo de Convergencia Internacional de Colombia Humana, con una alerta de urgencia para reforzar medidas de protección alrededor de los que aparecen en la lista.

"Tomamos muy en serio estas amenazas pues en todo el territorio nacional siguen ocurriendo asesinatos de líderes del proceso de restitución de tierras, de activistas contra el extractivismo petrolero,  del "fracking", de indígenas y de afrodescendientes previamente satanizados en los medios informativos financiados por terratenientes y políticos corruptos de toda la costa", declaró un dirigente de la reciente campaña electoral, plagada de anomalías fomentadas por agentes de la corrupción del Estado.

Colombia apareció esta semana en una relación de crímenes contra líderes sociales ya enviada a la Organización de las Naciones Unidas ONU, en la que se registra un auge de los asesinatos.

En 2017, cayeron asesinados en Colombia 77 activistas sociales entre enero y junio, y en el mismo lapso en 2018 la cantidad aumentó en un 27% al 15 de junio.

Defensores de Derechos Humanos y militantes de partidos de izquierda y de organizaciones gremiales, agrarias, afrodescendientes e indígenas rechazan y denuncian los asesinatos y las amenazas que tienen el objetivo de crear pánico y desestabilizar la actividad de la oposición social en Colombia.

Finqueros y políticos corruptos de la Región Caribe colombiana fueron financiadores del paramilitarismo desde los años 90 del siglo pasado, cuando los asesinos Carlos y Vicente Castaño se aliaron con Salvatore Mancuso para sembrar de muerte y luto pueblos empobrecidos y excluidos de cualquier forma de bienestar o de inversión social.