San Andrés y Providencia
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El arquitecto Álvaro Rincón, esposo de la señora vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, es socio en la construcción de un proyecto residencial y hotelero en las islas de San Andrés y Providencia que está a cargo de la empresa Hitos Urbanos S.A. y de Gallardo & S.A., en la que Rincón es socio con los señores Mauricio Gallardo Archbold , Álvaro Rincón Muñoz, y Julián Bernardo Gálvez.

 

Sin embargo, en San Andrés están denunciando que la edificación se desarrolla bajo presuntas irregularidades que tendrían que ver con las normas que rigen en la isla en asuntos de construcción. La ley señala que se debe respetar un límite de 6 pisos. Sin embargo, el proyecto “Gran Sirenis” tiene cinco pisos más de lo permitido.

Adicionalmente, el ex gobernador Álvaro Archbold Núñez denunció en 2018, que este hotel de la firma Hitos Urbanos estaría ligado a la entonces precandidata presidencial y se construye sin contar con disponibilidad de servicios de alcantarillado.
Asimismo, es una construcción en acero con “expuesta a los altos contenidos de cloruros generados por el entorno marino de San Andrés, este aire afecta gravemente hasta los aceros inoxidables, pudiendo en un lapso de tiempo no muy lejano, afectar la estabilidad estructural de la edificación. La corrosión de cloruro de hierro nunca se detiene”, señalan expertos.

La construcción del esposo de la vicepresidenta, no cuenta con los permisos necesarios para intervenir en los ductos, no tienen disponibilidad para adelantar modificaciones a la estructura subterránea de acuerdo a lo expresado en su momento por la directora de Veolia.

Este caso ha sido denunciado por el periodista sanandresano Álvaro Archbold Núñez, quien investiga el lote donde se adelantan las obras. Archbold le contó a Cuarto de Hora que la ciudad no está preparada para este tipo de infraestructura y que también tendrá consecuencias en el cambio climático de la isla.

El comunicador ha denunciado públicamente en el portal Quitasueño y, a su vez, ante la Fiscalía General de la Nación, debido a la incongruencia de los materiales utilizados para la construcción del esqueleto base de la estructura, hecha en acero, material altamente corrosivo que podría generar un aumento exponencial de alto riesgo a largo plazo en los ocupantes de dicho inmueble.

Además, denunció maniobras onerosas en la titulación del predio, desde el gobierno del ex-intendente Adalberto Gallardo Flórez donde prevalece esta reseña: “sus herederos o cualquier persona natural o jurídica, no podrán hacer ni tolerar construcciones diferentes a parques o zonas verdes en el lote que recibe”.

Lo que más llama la atención nuevamente es la visita de la esposa del arquitecto, a su vez vicepresidenta Martha Lucia Ramírez, quien durante su visita el pasado jueves, acompaño ante un juez de garantías al contralmirante Juan Francisco Herrera Leal para legalizar nuevamente su cargo como gobernador encargado de la isla de San Andrés, como lo dio a conocer el noticiero Noticias Uno.

La vicepresidenta Ramírez ha resaltado de forma pública su interés por San Andrés.

Para el congresista del Partido Verde, Antonio Sanguino, “genera por lo menos inquietud lo que está ocurriendo en la isla de San Andrés y Providencia. Hay un proyecto urbanístico, estrato 6, que además de que viola las normas de ordenamiento territorial de la isla, constituye una inversión que se hizo y un proyecto urbanístico que se adelantó sin las consultas previas a las comunidades raizales”.

El senador de la República dice que este caso también genera mucha inquietud que esa inversión sea, precisamente, del esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y “del interés especial que la vicepresidenta ha tenido en imponer un gobernador militar, el único en Colombia, un gobernador militar el único después de la constitución de 1991, y además de eso, un gobernador que no ha recibido el beneplácito de la Asamblea Departamental, de tal suerte que no quisiéramos creer que hubiese una relación entre este proyecto multimillonario que se está adelantando en San Andrés con el interés especial que ha mostrado la vicepresidenta en imponer un gobernador militar en las islas de San Andrés”.

El almirante Juan Francisco Herrera Leal fue nombrado gobernador encargado por la Presidencia de la República el 21 de octubre del 2018, como reemplazo del ex mandatario suspendido Ronald Housni Jaller quien es investigado por corrupción.

Según el ex gobernador Álvaro Núñez “el nuevo nombramiento fue ilegal”, pues era competencia de la Asamblea de San Andrés y Providencia posesionar o no al gobernador, acción a la que se negaron absolutamente y que le impidió al almirante Herrera tomar posesión del cargo ante la asamblea, decisión que fue reversada por la actual vicepresidenta.

Los ponentes de la asamblea, además afirmaron haber entregado una terna de posibles candidatos para el cargo, con todos los requisitos, por lo que ratificaron su llamado al presidente de la República para que elija uno de los postulados.

Pero mientras se desarrolla el proyecto, critica Sanguino, todo contrasta “con las condiciones económicas y sociales y de la isla de San Andrés, una isla que tiene problemas de abastecimiento de agua potable, una isla que tiene problemas de servicios públicos, de disposición final y tratamiento de sus aguas salientes, una isla que ha tenido serios problemas de corrupción y serios problemas en atención de los servicios básicos en salud, en educación”.

Es preciso resaltar que el archipiélago de San Andrés y Providencia tiene 25 kilómetros de superficie y resalta el ex gobernador Archbold Núñez “las limitaciones del territorio y austeros problemas inconvenientes en la movilidad consistente en un parque automotor, sobrepasa la capacidad de carga de la isla con 35.000 vehículos en el territorio”.

Cuarto de Hora