Santander
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La reunión plenaria del comité zonal metropolitano de Bucaramanga del Partido Comunista Colombiano, realizada el 21 de octubre analizó con detenimiento los últimos sucesos que marcan un signo trágico en el desarrollo del Acuerdo de La Habana, y que demuestra la falta de voluntad y compromiso político del Estado y el Gobierno colombiano para la implementación, y muestra palmaria de la falta de garantías, incluso con miras a las elecciones del 2018, con la intención de preservar las caducas formas de hacer política.



La matanza de campesinos en Nariño por parte de la policía y el hostigamiento a la comisión humanitaria que acudió al sitio de la masacre; el asesinato en masa de ex guerrilleros que se hallaban cumpliendo a cabalidad sus compromisos; la captura de un veterano excombatiente, acusado de ser miembro de una disidencia, y la amenaza generalizada de capturas por una Fiscalía General al servicio de candidaturas partidistas; el asesinato de varias decenas de dirigentes cívicos, populares y campesinos, presentados solo como líderes sociales, ocultando sospechosamente su militancia con organizaciones políticas revolucionarias y alternativas, en la mayoría de los casos sobrevivientes de la UP y el PCC, y ahora vinculados con Marcha Patriótica o con el partido FARC. El asesinato de 12 connotados dirigentes, potenciales candidatos a las listas de Cámara de las 16 circunscripciones especiales de paz,  el asesinato selectivo de exguerrilleros, son pruebas del incumpliendo cabal, de la falta de seguridad y garantías para el partido político producto del acuerdo para la terminación del conflicto armado.

Pero a ello se suma el acoso paramilitar contra otras organizaciones políticas y sociales alternativas, como la reciente amenaza (desestimada por el Estado) contra la Unión Patriótica, la que ya intento plasmarse con el viernes 20 de octubre contra el compañero Omar Romero, ex candidato a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, miembro de la junta patriótica nacional de la UP y destacado dirigente sindical de los trabajadores cementeros. El gobierno, junto a no brindar las garantías, viene desmontando a muchos dirigentes nacionales y regionales las medidas de seguridad aplicadas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de DD.HH. de la OEA. Sigue siendo el acoso y el crimen la forma predilecta del Estado y sus paramilitares para excluir a la oposición revolucionaria y democrática, como ha sido a lo largo de nuestra historia.

Además la impasividad y negligencia del gobierno para aplicar las reformas político-electorales que permitan jugar las coaliciones para la elección de cuerpos colegiados, y las demás reformas pactadas en el Acuerdo de La Habana, muestran que el gobierno de Santos no le juega a que se garantice un congreso de la República comprometido con el proceso de paz, sino que ladinamente le juega al escenario presidencial que obligue a todos los demócratas a adherir a la candidatura que se comprometa a continuar el proceso, y a ganar luego con mermelada y corbatas a los indecisos, vacilantes y trepadores que lleguen al Congreso.

El PCC y la UP se apestan a participar en las elecciones de marzo, buscando la más amplia unidad que garantice que desde el Congreso se defienda y amplíe la búsqueda de la paz; y a participar en la búsqueda de la más amplia unidad que permita ganar la presidencia de la república. Pero nuestra participación no será per se y por eso la exigencia de garantías plenas, efectivas y sólidas al Estado para que se proteja a los candidatos populares y en particular a los de Unión Patriótica.

El pleno llama vincularse en las actividades de la conmemoración del centenario de la Revolución Bolchevique del 7 de noviembre y a las actividades de la conmemoración del bicentenario del fusilamiento de la heroína criolla Colombiana, símbolo de la mujer latinoamericana Policarpa Salavarrieta que se cumple el próximo 14 de noviembre.


Partido Comunista Colombiano
Comité zonal metropolitano de Bucaramanga