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El 23 de marzo de 2017, el líder de la Corporación Cahucopana y defensor de derechos humanos Carlos Morales se dirigía de la ciudad de Barrancabermeja hacia Medellín en el esquema otorgado por la Unidad Nacional de Protección, ante el riesgo que corre en el marco de su labor. Salió aproximadamente a las 8 de la noche, posterior a su asistencia al Foro Regional de Participación Ciudadana con su escolta José Edilberto Beltrán Restrepo.



En la vía que conduce de Puerto Berrío a Cisneros fueron detenidos por la policía quienes realizaron una verificación de los papeles. Posterior a esto, fueron perseguidos por un carro de la Policía desde el peaje El Trapiche, hasta hacerlos detener para realizar el mismo procedimiento.

Siendo las 2 de la mañana, encontrándose en la puerta de la oficina de Cahucopana en Medellín, llegaron los intendentes Arbey Riasco y Edison Yepes, quienes con pistola en mano pusieron al escolta contra la pared y le quitaron su arma de dotación, requiriendo una requisa.

Ante esto, Carlos se presentó como defensor de derechos humanos, entregó su cédula y preguntó de forma respetuosa, que qué estaba pasando ya que era la tercera vez que la Policía lo había detenido para lo mismo. Uno de los uniformados le solicitó que presentara el carné que certificara su labor.

Carlos respondió que no es necesario tener un carnet para identificarse como tal, mientras los agentes iniciaron una requisa al esquema y los objetos personales. Anotaron las cédulas y revisaron el carro. Además llamaron a la empresa donde trabaja el escolta y confirmaron la información del mismo. Se presentó el acta de entrega del vehículo para la movilidad de Carlos. Todo este procedimiento duró una hora aproximadamente, el cual fue grabado por los agentes.

En seguida llegó el Capitán Roa de la estación de Policía del barrio Villa Hermosa, quien manifestó tener 5 horas para corroborar la información suministrada por los retenidos, por lo que decidieron trasladarlos a la estación. En ningún momento señalaron qué tipo de procedimiento realizaban.

Al haber pasado una hora y ser grabados todo el tiempo, fueron anotadas las informaciones de Carlos, su escolta y la dirección de la oficina de la Corporación.

Es pertinente señalar que Carlos es miembro del Movimiento Político y social Marcha Patriótica, defensor de derechos humanos de la Corporación Cahucopana desde el 2005, elegido como representante legal en la última asamblea el pasado 18 de marzo. Fue privado de la libertad durante 7 meses y medio en la Cárcel de Palogordo bajo un montaje judicial que realizó la Fiscalía.

Cahucopana exige al Gobierno nacional y departamental tomar las medidas pertinentes frente a las actuaciones de los agentes de policía, en especial promoviendo el reconocimiento del trabajo y labor de los defensores de derechos humanos. A la Procuraduría realizar las investigaciones y sanciones pertinentes del caso. A la Unidad Nacional de Protección, atender y dar trámite ante este tipo de situaciones con los demás entes gubernamentales, en especial la fuerza pública.

Cahucopana solicita a la comunidad nacional e internacional acompañar y denunciar estas situaciones, quienes deben estar atentos al abuso de autoridad legalizado en el nuevo Código de Policía.