Santander
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Aunque las autoridades locales, siguiendo la moda de las nacionales, se obstinan en negar que existen grupos criminales en el departamento y en el área metropolitana, nuevamente aparecen amenazas de muerte, declarando “objetivo a militar” a una docena de dirigentes sindicales y sociales de la ciudad, pertenecientes a agrupaciones políticas y sindicales (con nombres propios), así como a los directivos del partido Farc, a quienes acusan de “intentar bloquear la ciudad, realizar marchas y promover desinformación, y poner tropiezo a las buenas costumbres y los proyectos de desarrollo en Bucaramanga”.



El panfleto, a nombre de las autodenominadas ‘águilas negras’, ‘bloque central colombiano’, se encamina en pretender imponer un clima de intimidación y terror paralizante, y va destinado esencialmente contra activistas del Comando Unitario Metropolitano, y contra organizaciones sindicales que afrontan graves conflictos, como actualmente las de los trabajadores del acueducto,  de la UIS y del magisterio, y es una muestra de cómo el tal grupo (que algunos no dudan en llamar águilas verdes) es una realidad que mediante espionaje e inteligencia se entera a cabalidad de las acciones que promueven los sectores populares en contra del desgobierno imperante.

Pese a lo pantomímico que aparenta el panfleto, plagado de errores ortográficos y de hilarantes pretextos, lo cierto es que en Colombia, por desgracia, ninguna amenaza puede ser desestimada, y menos aún −como lo ha constatado el Relator Especial de la ONU, Michel Forst− cuando la situación de los líderes sociales es horrorosa y dramática, pues en lo corrido del año (hasta ayer) son ya 226 los dirigentes sociales asesinados, sin contar los amenazados y los que han sobrevivido tras sufrir atentados contra su vida e integridad, a lo que se suman acciones intimidatorias como las de un juzgado de Apartadó de condenar con arresto por cinco días y multa de cinco salarios diarios al presidente de la comunidad de paz de San José de Apartó, por no rectificar la acusación contra el ejército, de ser cómplice de los paramilitares que intentaron asesinarlo, y que ya están libres.

El Partido Comunista en Santander repudia las nuevas amenazas contra los dirigentes sociales y organizaciones que figuran en esa lista, entre los cuales se encuentran varios de nuestros militantes, comenzando por nuestro secretario general, contra la UP, la Farc, la CUT y los sindicatos de trabajadores del acueducto, del magisterio y de la UIS. Junto a entablar la demanda penal (que siempre es un canto de sirena) ante la Fiscalía General de la nación, exigimos de las autoridades departamentales y locales, de la Policía, la UNP y el ministerio del Interior las acciones preventivas para la protección de los amenazados, y en general de las organizaciones que representan.

A los organismos de control como Defensoría del Pueblo y Procuraduría General exigimos la vigilancia de estas amenazas y el acompañamiento a las organizaciones sociales, sindicales y políticas que resultan intimidadas. A los organismos de verificación internacional solicitamos su acompañamiento y las acciones para exigir del alto gobierno el esclarecimiento de las amenazas y la cesación de  las mismas y de cualquier mecanismo intimidatorio. Y a las organizaciones sociales del área y el departamento, a las nacionales y a la comunidad internacional las llamados a redoblar la solidaridad con los luchadores sociales, sujetos en toda Colombia a un clima de terror como nunca se ha visto ni se verá en un país que se reclama democrático.

Bucaramanga, diciembre 5 de 2018.