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Tolima
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El drama de los presos de las cárceles colombianas se acentúa cada día más, ante la mirada indiferente del gobierno nacional y la política penitenciaria criminal e inhumana que viene desarrollando el gobierno nacional, siguiendo fielmente el modelo de Estados Unidos. Ni siquiera en eso los gobiernos colombianos han sido originales. Se viene aplicando con sevicia todas las imposiciones del Tío Sam en estos centros reclusorios.



La situación se ha agravado aún más a raíz de la pandemia del Covid – 19 y la manera inhumana como las autoridades carcelarias vienen actuando, con la indiferencia sepulcral de los medios masivos de comunicación, las religiones y las autoridades competentes. Estas autoridades al parecer han olvidado que estas personas son también seres humanos.

Ayer hubo un comunicado de prensa desde la penitenciaría de Tunja (Boyacá), en la que los presos hacen un dramático llamado a las autoridades para que actúen consecuentemente con base en los derechos humanos. Los presos de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, demandan del gobierno nacional y los organismos internacionales, entre ellos, la comisión interamericana de derechos humanos, acciones concretas para conjurar la dramática situación que se viene presentando allí y en los demás reclusorios del país.

En primera instancia solicitan la renuncia inmediata del director nacional del Inpec, brigadier general, Norberto Mojica, a quien sindican de actuar irresponsablemente facilitando la circulación del mortal virus por estas prisiones. Dice el comunicado: “Por ser éste quien propagó el Covid – 19 en las cárceles del país, trasladando presos contagiados de un centro penitenciario a otro de manera premeditada, condenándonos a la pena de muerte y llevándonos a una inevitable genocidio carcelario”.

De igual manera, los detenidos solicitan la inmediata derogatoria del decreto 546 del 14 de abril de 2020, “por constituirse éste, en una burla frente a la grave problemática que enfrenta en la actualidad las personas privadas de la libertad”.

También en este pronunciamiento los presos solicitan al gobierno nacional y a la ministra de justicia, en este caso, Margarita Cabello, una rebaja de penas del cincuenta por ciento “para todos las personas privadas de la libertad, sin excepción de delitos, con el objetivo de que las cárceles no se conviertan en un escenario de genocidio carcelario premeditado, por parte del Estado Colombiano”.

Igualmente, mediante este comunicado los detenidos expresan el rechazo “y disgusto ante la actitud indolente de la administración de la cárcel; la empresa que suministra los alimentos “pro alimentos líder”, por su grave negligencia ante la propuesta de donación de los alimentos de un día por parte de todos los privados de la libertad  de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), que pretendimos entregar a uno de los barrios más pobres de la ciudad de Tunja, agobiados por el hambre y confinados por el Covid – 19”.

En las cárceles colombianas se viola a diario los derechos humanos. El hacinamiento, la falta de higiene, la falta de agua, la pésima alimentación, los procesos jurídicos desconocidos y las peyorativas condiciones de las celdas. Todos estos aberrantes hechos que el país nacional desconoce completamente, se suceden a diario en estos centros carcelarios del país, según denuncias permanentes de organismos defensores de derechos humanos.