Tolima
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Incumplir ha sido la regla de oro del Gobierno nacional, no importa que se trate de sus obligaciones legales y constitucionales o de los compromisos adquiridos con las organizaciones sociales.



Por supuesto que no es una norma de conducta que el Gobierno aplique de una manera libre y soberana. Responde a un guion previamente reglado, constitucionalizado si se quiere, en el cual están comprometidas las castas oligárquicas, a las cuales les interesa tener un Estado pequeño, comprometido en dejar al cuidado del capital privado aquellas necesidades que puedan dejar buena ganancia.

Tal es el papel que juegan ciertas normas, como la Regla Fiscal, recientemente elevada a rango constitucional, o políticas como la de reducción del déficit fiscal y de mejoramiento de la calificación crediticia del país, que si bien no hacen parte de ningún código, son cumplidas a raja tabla por corresponder a imposiciones de organismos internacionales.

El proyecto de presupuesto que cursa actualmente en el Congreso está impregnado de las anteriores consideraciones. Se observa en él una disminución en las partidas de inversión social, pero eso sí, con un incremento notable en el servicio de la deuda. Claro, como a la banca internacional hay que cumplirle, que el Estado se meta las manos al bolsillo para que atienda tales obligaciones.

Pero el proyectado presupuesto también incrementa el rubro de defensa, lo cual ha echado por tierra la presunción que se tenía de que los acuerdos de paz harían disminuir ese presupuesto en beneficio de otros más cercanos a las necesidades de la población.

Por supuesto que esa era la presunción de algunos, porque otros, tal vez más aterrizados, siempre creyeron que la guerra es tan buen negocio que si no la hay, debe crearse la apariencia de que existe, pues ello permite seguir medrando al calor de sus recursos. Por eso se repite insistentemente que el narcotráfico se ha incrementado después de los acuerdos de paz. Es la plata pidiendo guerra, que con la guerra viene más plata.

Pero menos repetida es la tesis de que con ese reforzado presupuesto podrá atenderse un  requerimiento del imperio al Judas de América Latina: servir de plataforma de agresión contra el hermano pueblo venezolano. De esta tesis las dudas son cada vez menores, sobre todo si tomamos en cuenta las pruebas que el propio Santos va sembrando con su reiterado rechazo al proceso constituyente que allí se adelanta. Ante esto, el movimiento democrático debe hacer suya la lucha por una segunda y definitiva independencia. Sin ella será imposible definir nuestro propio destino, y ni siquiera acordar un presupuesto que realmente solucione los problemas más acuciantes de la población.