Tolima
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El destacado penalista tolimense, Rafael Aguja Sanabria, señala enfáticamente que el interés fundamental del Centro Democrático es acabar con el proceso de paz, para que no se sepa la verdad sobre los verdaderos responsables de la violencia que ha vivido el país en los últimos 60 años y, por el contrario, siga el pueblo inmerso en la mentira histórica de que el responsable de todas sus desgracias, es la guerrilla disfrazada de “terrorista”. 



Al analizar las primeras declaraciones del electo presidente Iván Duque Márquez, el abogado señala con preocupación que el país hace rato camina hacia los despeñaderos del fascismo. El Centro Democrático – dice – hace rato camina los senderos que caminaron Adolfo Hitler, Benito Mussolini y el general Franco.

Es más, según el togado, el Centro Democrático está colocado al margen de la Constitución Nacional vigente. “Se están colocando el Centro Democrático y sus miembros al margen de la Constitución”, indica. De alguna manera, su interés es acabar con la Carta Magna, acabar con el Estado Social de Derecho y que sus miembros, especialmente el narcoparamilitar ex presidente Álvaro Uribe Vélez, siga cobijado por el oscuro manto de la impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad, como lo dijo recientemente el ex candidato presidencial, Gustavo Petro Urrego.

Dijo que pretender acabar o hacer trizas los acuerdos de la Habana, equivale a hacer trizas la Constitución Nacional, por cuanto el acuerdo de paz es norma constitucional. “¿Qué es lo que defiende el Centro Democrático en definitiva? Los privilegios”, señala el penalista Aguja Sanabria. Al respecto, dice que Uribe es dueño de 10 mil hectáreas de tierra en Colombia y sus hijos de una cifra más abultada aún. Esos intereses son los que defiende el Centro Democrático y seguramente en lo sucesivo el presidente electo Iván Duque Márquez.

La página web: www.pacocol.org recogió este preocupante testimonio del nombrado abogado tolimense, Rafael Aguja Sanabria, el cual ofrecemos gustoso a nuestros gentiles lectores:

-         ¿Cómo analiza usted los anuncios del presidente electo Iván Duque Márquez relacionados con las Cortes y la misma Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

Sobre eso hemos tenido la oportunidad de estar estudiando la situación creada a raíz de la campaña electoral que llevó a cabo el Centro Democrático. Lo primero que hay que hacer notar es que el Centro Democrático en ningún momento hizo reconocimiento de la Constitución de 1991 y hasta el momento no ha hecho un reconocimiento oficial.

Como no reconoce la Constitución, pasa por alto que Colombia es un país constitucional, es un estado constitucional, que se rige por el estatuto orgánico que no es otro que la Constitución Nacional de 1991, y, busca por todos los medios entorpecer y evitar aplicar principalmente el artículo 22, el cual es claro y determinante en cuanto que la paz es un derecho y un deber de todo ciudadano.

La paz es un derecho y eso los mortifica. Hay una serie de situaciones de fondo, partiendo de la base que en el caso concreto de las altas Cortes, que no se administra justicia conforme a la Constitución, eso se le oye decir a todos los halcones del Centro Democrático y resulta que eso no es así. Las altas Cortes necesariamente están establecidas en la Constitución, se debe ceñir al texto constitucional. Sus funciones están reglamentadas porque son estatales. Es decir, son funciones públicas. Eso está reglamentado en su totalidad en la Constitución Política de 1991. No se pueden salir del texto constitucional porque cometerían el delito de prevaricato. En esto hay un enfoque equivocado del Centro Democrático.

Con esa andanada contra la Constitución de 1991, ganaron la presidencia de la república. ¿Qué ha dicho el presidente electo? Muchas cosas, pero hay todavía cuestiones que es del caso interpretar. Por ejemplo: ¿Por qué Uribe no le gusta que le digan senador, ni ex presidente, sino presidente? Por eso el presidente electo lo denominó: “El presidente eterno”. Con ese título adelantó la campaña electoral.

Ve en peligro su estabilidad emocional y su estabilidad institucional como senador de la república, porque ignora que el conflicto armado interno fue oficialmente desde 1964, un conflicto entre dos potestades: La insurgencia armada interna de carácter político, representada fundamental por las Farc y otros movimientos guerrilleros como EPL, ELN, y otros de menor cobertura y, el estado colombiano.

Finalmente, se llega a un acuerdo de paz que no le gustó al Centro Democrático y por supuesto, al “presidente” Uribe. ¿En qué consistía? Sencillo. En que el estado colombiano representado por el presidente de la república (El estado colombiano, no el gobierno de turno), y las Farc como estamento insurgente político y militar, llegaban a un acuerdo consistente en los puntos que supuestamente todo el mundo los conoce, pero los podemos repetir: 1. El alto al fuego para adelantar las conversaciones; 2. Que las Farc reconocían al estado colombiano como en efecto lo reconoció. Pero el estado colombiano, a su vez, reconocía a las Farc como un legítimo contradictor, desde el punto de vista del uso de las armas. Las Farc aceptaron someterse al estado colombiano, entregando en consecuencia las armas, y el estado colombiano, a su vez, se comprometía a respetar a los integrantes de las Farc, buscando su reinserción a la sociedad colombiana y a prestarle toda la asistencia que requiera el desmovilizado grupo de las Farc.

Eso fue lo que se pactó. Luego, instrumentar el proceso de paz. Y aquí fue Troya, porque se crearon mecanismos para cimentar el proceso de paz, es decir, para darle legitimidad por un lado y darle operatividad por el otro. La legitimidad se llevó a cabo, a través de una serie de actos legislativos que como tales hacen parte de la Constitución y no pueden ser desconocidos.

La instrumentalización consiste en crear un aparato especial de justicia por un tiempo determinado encargada de examinar los actos que realizaron los alzados en armas en cumplimiento de su programa insurgente, pero también los actos del gobierno y sus fuerzas militares. No podemos pasar por alto que en un momento el conflicto armado se degradó. Se degradó principalmente de parte del gobierno y también de la guerrilla en algunos casos especiales.

Se cometieron delitos que contrariaban el régimen de los derechos humanos y el régimen del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Cuando nos encontramos que hubo violación en estos dos aspectos, tenemos que aceptar que hay una situación bastante delicada y que no era del caso dejársela a los jueces ordinarios, por su recargo de trabajo, creando entonces un instrumento que establece la constitución nacional, llamada: Jurisdicción Espacial de Paz (JEP).

Se le dio cuerpo a ese instrumento a nivel constitucional, quedando pendiente la asignación de las atribuciones específicas, no determinadas por los actos legislativos, pero sí necesarias como el estatuto de procedimiento, que es el que se acaba de aprobar por el congreso, respecto del cual el Centro Democrático logró colar dos cosas importantes: Una, tiene que ver cómo se va a juzgar y castigar a los agentes del estado por una parte y a los militares por la otra. Se crea una sala especial. Al decir se corre muchos riesgos.

Y, se corre otros riesgos, porque la exigencia del Centro Democrático es que debe estar integrada por militares, bien en servicio activo o bien retirados. Es decir, que serían los militares los que juzgarían en última instancia a los militares y miembros de la policía nacional y a los agentes del estado comprometidos con violación del Derecho de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), en desarrollo del conflicto social y armado interno.

Esto ha generado discusión y seguirá seguramente dándose, porque el propósito del Centro Democrático es acabar con el proceso de paz; pero pasa por alto que el proceso de paz en este momento hace parte de la Constitución, y que el presidente que llegue a posesionarse el 7 de agosto, tiene que juramentar cumplir con la Constitución, las leyes de Colombia y los reglamentos que se hayan expedidos conforme a la ley y a la Constitución.

-         ¿Quiere decir doctor Aguja Sanabria que en estos momentos violar los acuerdos de la Habana, es violar la Constitución Nacional vigente?

Exacto. Oponerse a la paz es violar uno de los principales propósitos, si no el más sublime en este momento del estado colombiano, porque la paz no es solamente un derecho de todo ciudadano, sino que es un deber de todo ciudadano. Y ese deber debe aplicarse, precisamente, respecto del presidente electo y respecto de los miembros del Centro Democrático. Sus integrantes no se pueden salir de la Constitución, ni pueden obrar actuando contra la Carta Magna.

Por eso, en la campaña electoral, citamos una y mil veces dos enunciados: El primero, que Colombia era un estado constitucional y el segundo, que Colombia estaba regida por la Constitución Política de 1991. Sobre eso no hay ninguna duda. Y el presidente que llegue tiene que afincar el desarrollo de su actividad sobre esos dos principios. Si los viola, se coloca al margen de la Constitución.

O sea, si miramos, la tempestad la ha creado el Centro Democrático, con el anuncio que hará “trizas” el proceso de paz. Eso suena a subversivo, contrario a la Constitución Nacional vigente. Instigación al desconocimiento del orden constitucional. Se están colocando el Centro Democrático y sus miembros al margen de la Constitución y eso está penalizado en el código de procedimiento penal.

-         ¿Quiere decir que “hacer trizas el proceso de paz”, es hacer “trizas la Constitución Nacional”?

Ni más ni menos. Ellos quieren acabar con la Constitución de 1991. Es aquí, donde el candidato Gustavo Francisco Petro Urrego, levantó banderas y mucha gente lo apoyó y lo seguirá apoyando, porque lo que el candidato Petro señaló es que Colombia no solamente es un estado constitucional (Eso lo dejó claro y terminantemente establecido), sino que es un estado social de derecho, la nueva conceptualización que no acepta el Centro Democrático.

Para ellos, Colombia debe ser un estado de derecho, simple y llanamente un estado de derecho, quitándole la palabra social, que es lo que determina que hay prelación del pueblo sobre cualquiera sea la actividad que desarrolle el estado colombiano. Es al pueblo al que debe tenerse en cuenta. En otras palabras: En todo acto de gobierno, lo primero que hay que tener en cuenta son las necesidades del pueblo. Eso no le gusta al Centro Democrático, para quien las primeras necesidades son los dueños tradicionales del poder, que no pueden ser despojados de eso.

Petro, hizo algunas precisiones. Por ejemplo, clarificar que el problema de la tierra está sin resolverse, el problema de la impunidad está sin resolverse, el problema de la concentración excesiva de la tierra. Dijo durante la campaña que el “presidente” Uribe es propietario de 10 mil hectáreas de tierra en Colombia; y, sí hacemos un examen de cuánta tierra tiene sus vástagos, es decir, sus hijitos, seguramente tendrán más tierra que el papá. 

Entonces, ¿Qué es lo que defiende el Centro Democrático en definitiva? Los privilegios.

-         En esas condiciones concretas que plantean el Centro Democrática y el “eterno presidente”, ¿Vamos hacia el abismo del totalitarismo, del fascismo?

El Centro Democrático hace rato está circulando por los senderos que circularon Adolfo Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia y posteriormente, Franco en España.

No podemos olvidar que el franquismo se enraizó en Colombia a través del partido Conservador. Los conservadores viejos, los que llevan más de 60 años de edad, fueron franquistas. Y si no, preguntémosle al presidente Belisario Betancur, que desfiló por las calles de Bogotá vistiendo camisa negra, proclamando las atribuciones del falangismo español. De manera que son ellos los que no quieren ceder, ni quieren aceptar que el pueblo es mayoría, que el pueblo tiene razón, que las necesidades del pueblo deben ser satisfechas dentro de un marco de legalidad y constitucionalidad, porque consideran que si actúan así, sus privilegios se ponen en peligro, creando un sistema político para defender sus intereses de clase.

Podríamos profundizar más. Pero si analizamos bien sabemos que el Centro Democrático lo que procura es todo lo contrario de lo que añora y necesita el pueblo colombiano en su totalidad.  ¿Qué nos dejó la campaña de Duque? La promesa que le va a bajar los impuestos a los empresarios y congelar los salarios de los trabajadores. Su finalidad es fortalecer las propiedades de los dueños del poder en Colombia en detrimento de los intereses del pueblo. La pelea será entonces entre el pueblo y los explotadores. Lucha de clases. Eso va a marcar el régimen de Iván Duque Márquez. Es ahí donde el pueblo debe estar en guardia, listo a actuar, a movilizarse.

Por estos días está reunido con la aristocracia de los Estados Unidos, aristocracia que nunca ha tenido compasión y compresión con la lucha de los pueblos americanos. Asi las cosas, la tendencia es a radicalizarse la lucha de los pueblos por su independencia. Hoy sabemos – por el ejemplo – que el narcotráfico es una empresa transnacional que maneja los Estados Unidos. El dinero que produce el narcotráfico es legalizado a través de entidades financieras soportadas por los estados.

Doctor Rafael Aguja Sanabria. Foto Nelosi