Tolima
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El reciente informe proferido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el genocidio contra el Partido Comunista y la Unión Patriótica (UP), coloca al desnudo una vez más el terrorismo de Estado imperante en Colombia contra la oposición.



Bueno resulta advertir que no lo están diciendo organismos nacionales o partidos de oposición, lo está diciendo un organismo internacional con amplio prestigio en este escenario. Su investigación exhaustiva con los debidos protocolos, llevaron a este organismo a fijar la posición sobre esta infeliz práctica que se ha hecho común en este país, como en su momento ocurrió prácticamente en todos los países del cono sur y Centroamérica.

El informe señala sin ambages que los crímenes contra el Partido y la Up, fueron ejecutados por agentes del Estado, por paramilitares, con la aquiescencia, de las fuerzas militares. Es decir, actuaron directamente, en otras los paramilitares, pero con la colaboración de la fuerza pública. La investigación concluyó con la responsabilidad del Estado. 

Largo y tortuoso camino

El camino que tuvo que recorrer los sobrevivientes del Partido y de la Up para llegar a esta instancia no fue nada fácil. La presión del Estado para que el concepto saliera a su favor, eximiéndolo de toda responsabilidad, fue enorme utilizando medidas legales e ilegales como ha venido saliendo a flote en medios alternativos de comunicación.

El proceso comenzó en 1994, cuando la Corporación REINICIAR se echó semejante fardo en sus costillas, de la mano de una mujer chaparraluna, sobreviviente del brutal genocidio, Jahel Quiroga Carrillo. Sobreponiéndose a la estigmatización, a las continuas amenazas, esta mujer rodeada de un grupo integérrimo, compuesto de hombres y mujeres, de distintas profesiones, recorrió el camino escabroso hasta conseguir este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pronunciamiento histórico por cuanto hace justicia.

Con los nervios de acero y la paciencia de Job, REINICIAR, pudo demostrar cabalmente la continuidad y sistematicidad de la política de terrorismo de Estado, el exterminio de este proyecto político que se abría promisorio en el escenario nacional. Pudo documentar más de 6000 mil casos de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento obligado, torturas y amenazas.

Sin lugar a dudas, este pronunciamiento de fondo es un aporte fundamental en la lucha contra el terrorismo de Estado y, sobre todo, contra la impunidad.

Establece la CIDH que el Estado Colombiano es responsable por la política de exterminio a sangre y fuego contra el Partido Comunista y la Unión Patriótica, no solo por omisión, sino porque actuó directamente en este espeluznante baño de sangre con agentes propios del Estado, en alianza con el paramilitarismo, asesinando, haciendo burdos montajes al estilo Uribe, por ejemplo, chuzando, estigmatizando y desplazando.

Recordemos que la UP, había nacido en 1984, como resultado de los diálogos de paz con la entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC – EP) y el gobierno nacional de Belisario Betancur Cuartas. Era una propuesta distinta a las tradicionales propuestas del establecimiento que iluminó rápidamente el escenario político del país. La clase burguesa temerosa e incapaz de rebatir esta propuesta, optó por asesinar a los principales líderes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica.

Dice el editorial de VOZ La verdad del pueblo de esta semana: “Este informe conmina al Estado a tomar medidas de reparación y de satisfacción, junto con todas las que conlleven a superar la impunidad con que ha operado la persecución a la Up. Recomendaciones que no fueron acatadas por el gobierno, decidiendo actuar contra el proceso llevando el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde este litigio seguirá su curso con un pronunciamiento para las partes implicadas”.[i] 

En esas condiciones, hay que decir que se ha ganado una gran batalla, pero no la guerra. Por lo tanto, se hace necesario la movilización y la difusión de lo que es el genocidio político, único en el mundo, que se viene practicando en Colombia. La verdad sea dicha: El genocidio no es cosa del pasado, está vigente, se sigue asesinando en Colombia a la oposición. La movilización del 7 de agosto será clave para exigirle a Iván Duque Márquez, que desarticule el paramilitarismo y pare el baño de sangre, intimidación, amenaza, montaje, etc, contra el pueblo colombiano. Hay que participar de esta marcha y muchas más.

[i] Semanario VOZ La verdad del pueblo. Edición número 2943. Página consultada 5.