Valle del Cauca
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En la mañana del día 9 de junio de 2020, la Alcaldía de Santiago de Cali, inició un proceso de desalojo forzado de una comunidad campesina asentada en la ribera del río Pance, en un sector llamado La Viga, donde los primeros habitantes llegaron hace más de 30 años,  otros tienen más de 25 años de vivir ahí, es decir, antes de que la primera Alcaldía de Jorge Iván Ospina (2008-2011) aprobara el decreto 732 de 2008 que ordenó “Generar en el Área de Planificación del proyecto de plan parcial 'Llanos de Pance', vivienda en estrato 6 como instrumento de desarrollo que permita contribuir, entre otros aspectos, a la consolidación urbana del sector”.



En el primer gobierno de Ospina se abrieron las puertas para que grandes constructoras urbanizaran los ecosistemas de la cuenca del río Pance, y en este segundo periodo de gobierno sus funcionarios de diferentes secretarías se presentaron a realizar esta operación con serias irregularidades: la Secretaría de Seguridad y Justicia no llevó la notificación del desalojo, la Comisaría de Familia no censó a los menores desalojados, no se reubicaron las familias, no se llevó a cabo previamente una Mesa de Concertación, y una vez suspendido el procedimiento por orden de la Personería, los empleados de la Alcaldía continuaron destruyendo las viviendas y cultivos de pancoger: maíz, sandía, maní y frijol, que estaban a punto de cosechar estas humildes familias, algunas de las cuales habían llegado a este asentamiento hace 11 años, huyendo de grupos paramilitares que les obligaron a desplazarse de Taminango, Nariño. Fue tal el abuso de poder, que el patrullero Ángel Zúñiga entregó su arma y se negó a participar en el operativo, razón por la cual fue detenido.


Al día siguiente, el Alcalde de Cali afirmó en sus redes sociales que “En el episodio del desalojo en Pance (que no conocía específicamente), debo señalar que bajo ninguna circunstancia debemos permitir la invasión de su ribera. Quienes la patrocinan, violentan el derecho de todos los caleños sobre el Rio. Cada evento de desalojo debe realizarce (SIC)”, lo cual es muy grave desde el punto de vista ético, pues  además de ser inhumano adelantar estas actuaciones en pleno confinamiento, es inconstitucional al no garantizar reubicación como dispone la  Corte Constitucional en sentencia T163/2016 que afirma que el “respeto de todas las garantías constitucionales del derecho al debido proceso, el trámite de los procesos administrativos de desalojo de ocupantes de bienes inmuebles asentados de manera irregular debe articularse con la protección del derecho a la vivienda digna, máxime cuando se dirige contra grupos vulnerables”. Máxime cuando estos desalojos ocurren en el marco de la actual emergencia sanitaria causada por el COVID-19, cuando mediante el Decreto 579 del 15 de abril del 2020 el Gobierno Nacional se comprometió a impedir los desalojos: “Durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020, se suspende la orden o ejecución de cualquier acción de desalojo dispuesta por autoridad judicial o administrativa…”

Entre las personas desalojadas había 14 menores de edad (entre ellos una bebé de meses de nacida, otras dos de 3 y 9 años, y otro niño que no llegaba a los 3 años), 6 adultos mayores y población vulnerable a COVID-19: una mujer de 46 años con hipertensión y un anciano de 89 años con cáncer. El censo de estas personas sólo fue realizado en el momento por organizaciones de DDHH, pues sólo dos días más tarde la Secretaría de Vivienda fue a levantar el censo.

Es importante mencionar que el asesor del despacho de la Alcaldía de Cali y miembro de la Unidad Anti invasiones que llevó a cabo este desalojo, es el señor CESAR AUGUSTO LEMOS POSSO, quien por esas maravillosas puertas giratorias ha pasado del sector público al privado y viceversa, pasando de la Alcaldía de Cali en 2012, a Propacífico (FDI-GIP) en 2014, cuando Jaramillo Mora empezaba su proyecto de vivienda estrato 6 Reservas de Pance. Hoy de nuevo Lemos ocupa un puesto importante en asuntos de tierras en la Alcaldía de Cali.

Propacífico es una Fundación muy poderosa, de cuyo Consejo Fundacional (máxima instancia del gobierno organizacional de ProPacífico) hacen parte empresas como Smurfit Cartón de Colombia que ha tenido que devolver, por sentencias de la Corte, tierras despojadas por paramilitares. También Manuelita que acumuló irregularmente predios de miles de hectáreas en los llanos orientales, adquisiciones que fueron tachadas de irregulares por la Contraloría, ya que comprendieron baldíos adjudicados en procesos de reforma agraria, cuyo sujeto son los campesinos sin tierra, y porque parte de sus tierras las compraron a oscuros personajes del narcoparamilitarismo en la región. Además hace parte del Consejo Fundacional de Propacífico la Constructora Jaramillo Mora.

Esta es la décima ocasión que el Estado intenta desalojar estas familias. La Red de Medios Alternativos y Populares accedió a videos y testimonios que dan cuenta de que en las últimas ocasiones las demoliciones para desalojar las hicieron con maquinaria que salía de las obras de la constructora Jaramillo Mora, que desde el 2014 construyó al lado del asentamiento desalojado su proyecto “Reservas de Pance”. Por dicho proyecto Jaramillo Mora ha sido objeto de sanciones ambientales pues realizó “sin los permisos y autorizaciones de la autoridad ambiental, la poda y tala de veinte (20) árboles con alturas de 3 a 6 metros, diámetros de copa entre 3 a 5 metros, ubicados en el área Forestal Protectora del río Pance en las coordenadas (...), detrás del proyecto urbanístico Reservas de Pance y Altos de Pance de la constructora Jaramillo Mora, en el sector la Viga”. También tuvo otro proceso sancionatorio por haber vertido al río Pance las aguas residuales de las viviendas de estos proyectos que contenían detergentes y materia fecal.

Es curioso (y cínico) que, a sabiendas de estos antecedentes, Jorge Iván Ospina afirme en la página de la Alcaldía que “Nosotros nos mantenemos en la idea de que no vamos a dejar invadir las riberas del río Pance, no solamente porque es un ecosistema del colectivo, sino porque también allí habría grandes riesgos de ubicar viviendas, puede venir una borrasca y, adicionalmente, porque no se puede construir vivienda que emita heces y aguas sucias a su cauce”. Duro con los campesinos y a manos llenas con los poderosos.

Es también curioso que el Alcalde haya expresado que desconocía que se realizaría este procedimiento, pues entre los miembros de la Alcaldía que acompañaron el desalojo forzado, se encontraba su primo William David Ospina, un médico contratado en la Secretaría de Paz y Derechos Humanos

De la idoneidad del señor William David Ospina para velar por los Derechos Humanos de las personas desalojadas, y en general para acompañar víctimas y población vulnerable, quedan serias dudas, por su desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario. También porque en sus redes sociales se ha manifestado, con un lenguaje guerrerista y revictimizador, justificando los crímenes de estado; se muestra a favor de emplear la Fuerzas Armadas en contra de la izquierda, estigmatizando la protesta social, a las víctimas y estudiantes; y ha llamado a desaparecer al Sindicato FECODE, de lo cual dan cuenta los siguientes twits. Una viga enorme que el Alcalde no puede ver en sus propios ojos.

Foto: desalojos en Pance. 9 de junio de 2020. Fuente: twitter del periodista Camilo Chará

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