Valle del Cauca
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La violencia ha sido siempre el "argumento" de la clase dirigente en Colombia

Luego del atentado criminal del que fue víctima el viernes 2 de marzo el precandidato presidencial Gustavo Petro en Cúcuta, ha quedado una vez más al descubierto el carácter violento de los sectores más reaccionarios y mafiosos de la clase dirigente colombiana.



El ascenso vertiginoso de Petro entre los más variados conglomerados de la población del país tiene enloquecida a la derecha en el poder y a la extrema derecha que pugna por volver a la Presidencia, la primera alcahueta de la segunda.

Y producto de esa desesperación, la ultraderecha acrecienta su campaña criminal contra el candidato de la Colombia Humana y los integrantes de la Lista de la Decencia al Congreso, para tratar de frenar su derecho al ejercicio de la política.

El clima está oscurecido desde principios de febrero, cuando mediante actos fríamente preparados por jefes del uribismo en sus diferentes vertientes (CD, vargasllerismo, conservatismo y otras extrañas carpas políticas) arremetieron de manera violenta contra el candidato presidencial del Partido Farc, Rodrigo Londoño.

Uno de los casos más graves fue el ocurrido contra la sede del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Sutimac, que fue atacada por hordas uribistas y sometida a más de cuatro horas de terror con piedras y rocas, que dejaron heridas a cuatro personas y causaron daños enormes en la edificación obrera.

El odio sembrado por dirigentes y voceros de los partidos de la derecha y la ultraderecha se siente en otras regiones del país, como en Antioquia, donde fue agredida Aída Avella, aspirante al Senado en la Lista de la Decencia, por un reconocido extremista del uribismo que apoya al exprocurador Ordóñez.

Pero el hecho más delicado fue el presentado en Cúcuta contra Gustavo Petro, preparado y perpetrado, como se ha denunciado ya, por las mafias paramilitares que siguen instrucciones de delincuentes presos en la cárcel La Picota de Bogotá.

Según las graves denuncias formuladas por diferentes voceros de la campaña presidencial de Petro, esas mafias pagaron a centenares de descompuestos para sabotear el acto político de la Colombia Humana en Cúcuta y agredir al candidato, como efectivamente ocurrió.

Resulta sintomático que todos estos hechos ocurran sin que haya una reacción visible y enfática de la Policía, que se muestra permisiva y hasta cómplice, como se ha denunciado en los casos de Yumbo y Cúcuta, y del Gobierno, que emite pronunciamientos generales, gaseosos que redundan en la complicidad.

Y más sintomático aún, cuando una protesta pacífica de estudiantes universitarios en Popayán, que rechazaban la presencia del senador Álvaro Uribe, investigado de manera profusa por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, fue violentamente reprimida por la Policía, producto de lo cual varios estudiantes quedaron lesionados y otros detenidos.

De que hay toda una ofensiva contra la campaña de Petro y los partidos y movimientos que lo acompañan lo demuestra también que alcaldes como los de Medellín y Cúcuta abiertamente han prohibido sus actos, violando así la Constitución y la Ley.

Todo lo expuesta hace urgente la movilización en defensa del derecho de la izquierda y demás sectores alternativos y progresistas del país al libre ejercicio de la actividad política, a que cese la campaña de terror desatada por los enemigos declarados de la paz y de los cambios sociales.

Solo la movilización altiva y multitudinaria de todos quienes buscan una Colombia justa podrá frenar la ola de violencia y evitar que la oligarquía sanguinaria vuelva a hacer lo que ha hecho históricamente: asesinar a los líderes del pueblo, como ocurrió con Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa, Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Pizarro Leongómez y tantos otros.

Lo que está ocurriendo hoy hace parte de la historia de terror y crimen que ha caracterizado a la clase dirigente colombiana. No lo olvidemos.

Cali, sábado 3 de marzo de 2018.

Periodismo Libre Marzo 3 de 2018