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La contrainsurgencia mediática y política en el post acuerdo ha prolongado la polarización para aislar a Farc en su primera actuación dentro de la legalidad existente.



Si se aplican las normas para la participación de excombatientes, Farc tendrá una pequeña bancada, que puede cumplir un gran papel en el control político. La otras fuerzas de la izquierda, en una coyuntura trascendental como la de ahora, no deben propiciar  coaliciones diversas. Necesitamos sumar, no parcelar. La coalición por la lista de la Decencia al Senado, que reúne a ASI, MAIS, UP, Todos somos Colombia, Colombia Humana, Fuerza Ciudadana y PCC propone un primer paso de entendimiento programático, unas reglas para construir alianzas regionales y para escoger una formula presidencial de amplia convergencia, incluida una consulta popular interpartidista en las elecciones legislativas de marzo.

La coyuntura post acuerdo, marcada por la implementación parcial, asimétrica e inconclusa del Acuerdo final con Farc, fue escenario en el curso del año de dispersas pero significativas confrontaciones sociales, en los paros cívicos de Buenaventura y Chocó, paro del magisterio, de los pilotos de Avianca, movilizaciones duramente reprimidas del campesinado cocalero y otros productores agrarios, protestas petroleras, mingas indígenas, casi todas ellas reclamando derechos legítimos, convenciones y acuerdos incumplidos, algunos de ellos a lo largo de muchos años y muchos gobiernos.

Tales protestas, aguantadas con ESMAD, tretas jurídicas y nuevas promesas a incumplir, desnudan a un régimen político de clase y a una burguesía dominante incapaz de llevar a término un tratado de paz, que pretende seguir acumulando deudas sociales, el robo de los bienes comunes y postergando cambios democráticos, cuya ausencia toca niveles críticos al culminar la segunda administración Santos. Dicho en forma sintética: hay un desfase de fondo entre las demandas de las mayorías populares en reformas sociales, libertades públicas y derecho del pueblo a intervenir en las decisiones fundamentales y la perspectiva de  instituciones legislativas doblegadas por los corruptos a su servicio; y un futuro gobierno de espaldas a todos los compromisos adquiridos por el Estado, encapsulado en servir centralmente a los intereses del capital financiero y persuadido de que su “seguridad” consiste en mantener un descomunal aparato militar-policial, una alianza militar con Estados Unidos contra Venezuela y un ejército paramilitar funcional al desangre lento del movimiento popular, distante de una verdadera separación de las armas y la política.

Ante el horizonte de restauración plena de un orden contrainsurgente y autoritario en “tiempos de paz” la Colombia democrática debe movilizarse y actuar. No es tarea exclusiva para la izquierda. Lo es para el conjunto de la sociedad que entiende que estamos ante un momento histórico singular e irrepetible, cuya disyuntiva es: avanzamos a una justicia social, igualitaria e incluyente, o permanecemos en el atasco de la desigualdad, la corrupción, los privilegios para pocos y el genocidio prorrogado.

Es un momento de combate, hay derrotas transitorias y desgastes de formas de acción. La vía de recuperar la iniciativa popular en el descontento que ha ido madurando es la de la unidad programática y de acción política. El status quo está en crisis y hay que atreverse a disputar el poder. Hay formas de convergencia y unidad que deben ponerse en movimiento. La unidad suma y multiplica. Es el momento de trabajar sin desmayo en esa dirección.

Semanario Voz