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Los acontecimientos políticos que marcaron el año que culmina permiten avizorar el devenir de los próximos años: Los resultados de las elecciones Presidenciales y al Congreso de la República, la consulta anticorrupción, los escándalos de corrupción como Odebrecht y las movilizaciones sociales en las que su principal protagonista fue el movimiento universitario.



El regreso del uribismo al control del Ejecutivo permite un realinderamiento de las fuerzas de extrema derecha, que con el apoyo de grandes poderes económicos aplicará medidas que afectan garantías y derechos de amplias capas sociales. El proyecto de Ley de Financiamiento es solo una muestra.

Para lo anterior, cuenta con un parlamento que en su gran mayoría se ha mostrado alineado con los planteamientos del Ejecutivo, con mayorías aplastantes, pues funciona en unidad de los partidos de ultraderecha y los partidos tradicionales. En este escenario, la implementación de los acuerdos de La Habana y el cumplimiento de lo pactado por el Estado corre un grave riesgo de ser modificado, con las consabidas consecuencias.

Otro hecho a destacar y al que se le pueden hacer varias lecturas fue la consulta anticorrupción, promovida por fuerzas políticas y sociales alternativas. Aunque no se alcanzó umbral, participaron más de 11 millones de colombianos que evidencian un descontento generalizado con la clase política.

Colombia no fue ajena al escándalo de corrupción que salpicó a varios países latinoamericanos. Odebrecht dejó ver nuevos capítulos que comprueban una vez más la metástasis de este fenómeno en altas esferas del poder político y económico que maneja al país.

A su vez, el movimiento social continuó en su proceso de construcción de unidades porque ha tenido que manifestarse ante incumplimientos de acuerdos pactados con el Gobierno, para el caso sindical, y por otra parte respondió a la voracidad de multinacionales mineras en las regiones.

El protagonista

Y es en este último escenario en el que el principal protagonista del año fue el movimiento universitario, que tuvo de que dar una pelea para enfrentar las políticas de desfinanciación de las Instituciones de Educación Superior, IES, al punto que estas no tenían los recursos para terminar actividades académicas del presente año.

Ante esto, profesores y estudiantes, realizaron un cese de actividades, con movilizaciones y asambleas permanentes durante más de dos meses, en las que lograron revelar ante el país el desinterés del Establecimiento por garantizar el derecho a una educación gratuita y de calidad para todos los colombianos, en favor de instituciones educativas privadas y del endeudamiento de millones de familias con créditos como los del Icetex.

Organizaciones de profesores como la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU; organizaciones estudiantiles del ámbito nacional como la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, Acres; y la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, Unees, se echaron al hombro la responsabilidad de dirigir masivas movilizaciones en el territorio nacional, pero a la vez de mantener una disposición de diálogo con representantes del Gobierno nacional, quienes por mucho tiempo se dedicaron a recibir las diferentes propuestas de los negociadores por el movimiento universitario, responder que no hay dinero y a dilatar con la esperanza de desgastar las energías de los estudiantes para mantenerse en paro, aprovechando la presión ejercida desde las direcciones de las universidades con el argumento de la pérdida del semestre académico.

Cada semana de los últimos tres meses, las calles de las principales ciudades del país fueron colmadas por miles de estudiantes, profesores, trabajadores, padres de familia y estudiantes de universidades privadas, para exigir al Gobierno nacional suplir el déficit con la educación superior tasado en más de 18 billones de pesos.

La respuesta del Establecimiento fue la misma de siempre. Varios de sus más acérrimos representantes hicieron apología al negocio de la educación, los créditos educativos para quienes quieran acceder a este derecho y hasta se acuñaron frases en el sentido de que a la gente no se le puede dar todo regalado, incluso se atrevieron a proponer la financiación de las universidades desde el aporte de los egresados.

A su vez, con sus medios de comunicación intentaron deslegitimar las movilizaciones y las razones de las mismas, y aunque abrieron espacios a las demandas de estudiantes y profesores y hasta se mostraron de acuerdo, daban más importancia a hechos como manchar con pintura las paredes de un medio de comunicación o las respuestas a las provocaciones y los abusos del ESMAD que dejaron heridos de gravedad. Aun así, las movilizaciones tuvieron el apoyo de la gran mayoría de los colombianos quienes se sintieron representados en la justeza de las peticiones.

El pasado 14 de diciembre, los representantes de la comunidad universitaria lograron un acuerdo con el Gobierno nacional en el que los representantes del Estado se comprometen a gestionar ante el Congreso de la República una reforma estructural del Sistema General de Regalías teniendo como objetivo priorizar y estabilizar recursos para la educación superior.

Además, en este se destaca que el 5 de diciembre pasado fue aprobado el Presupuesto Bienal de Regalías que incluye $1.5 billones de Recursos del Sistema General de Regalías, para proyectos de inversión, fortalecimiento de infraestructura, investigación, ciencia, tecnología e innovación de las lES públicas, con destino a Colciencias, obras de infraestructura de las IES, e inversión para fortalecimiento institucional.

Entre otros aspectos, también se acordó una reforma al Icetex para transformar la gobernanza, estructura y características de su portafolio de servicios y fuentes de financiación. Todo, para garantizar de forma idónea el derecho a la educación de más colombianos.

Aunque los logros del acuerdo no son suficientes para las necesidades de la IES, sí son un avance que permiten sostener por algún tiempo su funcionamiento. Asimismo, el movimiento de profesores y estudiantes logró mayores niveles de organización y capacidad de resistencia y negociación, que seguramente será utilizada en cercanas movilizaciones de continuidad en respuesta al problema de fondo que se mantiene. En pocas palabras, los dirigentes estudiantiles y de profesores, y toda la comunidad universitaria ha estado a la altura de las exigencias, han mostrado la tenacidad y firmeza en cómo se deben exigir los derechos en un ambiente de diálogo y de movilizaciones permanentes.

Marcha de estudiantes universitarios por las calles de Bogotá. Foto archivo.

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