Conflicto armado
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 Organizaciones jurídicas refieren incumplimientos del Gobierno y la Rama Judicial al acuerdo que ofrece beneficios de excarcelación.


 
Tras seis meses de haber sido expedida la Ley 1820 de 2016, “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales”, menos del 30% de los presos políticos de las FARC han sido beneficiados con esas medidas, contempladas en los Acuerdos de Paz suscritos en noviembre entre esa guerrilla y el Gobierno Nacional.
 
Debido a esa situación, organizaciones sociales y políticas participaron este jueves en una jornada carcelaria nacional para exigir la aplicación de la Ley y, por ende, la libertad de los prisioneros políticos. En el caso de Medellín, la movilización se concretó a través de un plantón realizado enfrente del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
 
En esta ciudad la jornada fue convocada por el equipo de la Corporación Nibaru, una organización jurídica que hace parte de la coalición nacional “Larga vida a las mariposas”, y que trabaja por la defensa y libertad de los prisioneros políticos de las FARC en cárceles de los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba.
 
Según datos de la Coalición, presentados por Nibaru, “de 3.400 personas reconocidas por las FARC como sus prisioneros, solo 2.400 han sido certificados por el Alto Comisionado para la Paz. A estos últimos, les han otorgado 285 amnistías, 264 libertades condicionadas y 283 traslados a zonas veredales, para un total de 832 beneficiarios de la Ley 1820”.
 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228656