Conflicto armado
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MODIFICAR O HACER TRIZAS UN acuerdo de paz, luego de que un grupo insurgente ha dejado las armas, es hacer que el Estado pierda credibilidad y respetabilidad.



No todos los puntos pactados en el tratado Estado-Farc son lo mejor para cada una de las partes; fue una negociación, a la cual se incorporaron casi todas las objeciones de los que lideraron el voto por el No. Concuerdo con el planteamiento del senador Uribe de que en el Acuerdo hay mucha impunidad. Esta lo favorece. El Acuerdo dice: “La creación y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz no modificarán las normas vigentes aplicables a las personas que hayan ejercido la Presidencia de la República”. Más adelante afirma que si la Jurisdicción Especial encuentra información que comprometa a una persona que haya ejercido la Presidencia de la República, la remitirá a la Cámara de Representantes. En esta forma se garantiza la impunidad, al caer bajo la jurisdicción de la Comisión de Acusaciones. Un mayor crimen dentro de la degradada guerra que vivió el país fueron los asesinatos de las personas ajenas al conflicto por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, los “falsos positivos”. Hasta el año 2011, la Fiscalía había investigado 1.549 casos de falsos positivos, con 2.759 víctimas y 3.963 uniformados implicados.

La Constitución colombiana precisa que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Esto implica que no puede eludir la responsabilidad que pueda tener. Estos crímenes no se inician bajo el mandato de Uribe, pero se intensifican bajo su administración. Un detonante fue la directiva 29 del Ministerio de Defensa en el año 2005, que dio incentivos a la muerte de personas “innominadas” que pertenezcan a la guerrilla. Anteriormente, los premios sólo se daban por personas “nominadas”, es decir, identificadas como pertenecientes a un grupo armado ilegal. En dos años se multiplicaron por cuatro los asesinatos fuera de combate. Ante las acusaciones, el presidente respondía: “Más que falsos positivos son falsas denuncias”. En el período 2002-2010, el Departamento de Estado de los Estados Unidos produjo 162 informes sobre las ejecuciones extrajudiciales, la mayor parte de ellas durante la administración Bush. Las Naciones Unidas, el Reino Unido, Human Rights Watch y la OEA produjeron también informes sobre estos crímenes. Mal puede alegar el comandante supremo de las Fuerzas Armadas que ignoraba lo que estaba sucediendo. El asesinato que llenó la copa fue el de los muchachos de Soacha, justificado por el presidente con la lapidaria frase: “No estaban cogiendo café”. Otro caso emblemático fue el asesinato de una familia en Cajamarca, un abuelo con un bebé en los brazos, que se justificó así: “Fueron confundidos con guerrilleros”. Luego se supo que todo obedeció al interés de un miembro de la brigada por apoderarse de esas tierras.

En el año 2008, ante la presión de la opinión, se modificó la directiva 29 y se priorizaron para la recompensa las capturas sobre las “bajas”. El retiro de algunos comandantes en el 2009, por el repudio nacional e internacional a los asesinatos de Soacha, redujo significativamente en más de 90 % el número de falsos positivos. Lo que comprueba que las medidas del comandante supremo sí tenían impacto sobre estos conductas punibles. En aras de la paz, es mejor dejar los acuerdos como están, así tengan un alto grado de impunidad.


El Espectador