Conflicto armado
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Para el exministro González Posso el recrudecimiento de la violencia paramilitar es el resultado de la insistencia del Gobierno colombiano en negar su existencia. Denuncia que los trámites para la Justicia Especial de Paz han sido intencionalmente retrasados por intereses políticos contrarios al acuerdo de paz.



El Gobierno colombiano debe asumir que aún existe el paramilitarismo y este se está rearmando, afirmó el exministro de salud y economista colombiano Camilo González Posso.

En una entrevista en el programa Paz por Lozano, en teleSUR, el también presidente del Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo (Indepaz) consideró que el acuerdo de La Habana ha puesto a Colombia en un proceso de reordenamiento territorial forzado.

La evidencia estaría presente en los 144 asesinatos de líderes sociales que han sucedido en Colombia desde enero del año pasado hasta la actualidad, según datos de Indepaz.

“Esto procede de un complejo de violencia, donde surgen unos grupos de interés económicos que tienen un patrón de comportamiento que es diferente de los fenómenos guerrilleros de los años 90”, declaró González Posso y puso por ejemplo a grupos como el Clan del golfo que el año pasado lograron realizar un paro efectivo en decenas de municipios colombianos. El interés no sería únicamente las ganancias del narcotráfico y los acuerdos de parapolítica, sino problemas de distribución de tierras.

Para el economista, la estrategia efectiva en su contra consiste en dejar de negar su existencia. “El Gobierno ha decretado en varias ocasiones que no existen los paramilitares. (Álvaro) Uribe sacó un decreto declarando el fin del conflicto armado interno”, dijo el exministro. “No se puede desestimar la justicia especial para neutralizar y someter a estos grupos violentos”.

Desde su perspectiva es necesario agilizar lo que denomina “tramitología” de los acuerdos de paz. “Tenemos seis meses para que se llegue al día 180 y las FARC-EP queden desmovilizadas” pero afirmó que a más del día 100 aún están muy atrasados, a pesar del mecanismo del fast track implementado para la agilización de los trámites legislativos.

 su juicio la lentitud se debe a poderosos grupos de interés que “observan muy detenidamente cada artículo” de la ley de Justicia Especial De Paz, para “protegerse”, ganar beneficios o utilizarlo como “caballito de batalla” en contra del acuerdo de paz.

Lo importante, según González Posso, es recordar que el proceso de Justicia Especial es “una justicia restaurativa, el propósito no es establecer penas para castigar sino dar la oportunidad de superar las secuelas de las millones de víctimas”. Recordó que el conflicto armado en Colombia ha causado el desplazamiento de sus hogares de siete millones de personas y el abandono de cerca de 12 millones de hectáreas de tierra productiva.

TeleSUR