Conflicto armado
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El 28 de diciembre de 2016 se llevó a cabo en el Congreso de la República el debate que aprobó la Ley de Amnistía e iniciaba el debate de la aprobación de la Justicia Especial Para la Paz-JEP, mecanismo que sería parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, acordado en los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Colombiano y la entonces Guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia-FARC-EP.



La Ley de Amnistía se aprobó y entendimos los comunistas que no era necesario presentarnos por predicar nuestros autores y paradigmas de investigación, por lo cual gran parte de las Facultadas de Humanidades y Ciencias Sociales tendrían que entrar en juicios epistemológicos en relación a nuestros modos de comprender el mundo y de interpretar los acontecimientos históricos de la lucha de clases en Colombia.

Entre las cuestiones que dejan en claro las últimas modificaciones de la JEP es el temor al juzgamiento de las Fuerzas del Estado y de los terceros, personas jurídicas, empresarios y todos aquellos que tras sus intereses económicos tienen responsabilidad directa o indirecta en los crímenes de lesa humanidad cometidos en los procesos de despojo de tierras y desplazamiento forzado armado.

Por su parte, la aplicación de la justicia contra los ex comandantes de la guerrilla, es de tajante efectividad con la puesta en prisión de Jesús Santrich. Recordar el proceso 8.000 o que el narcotraficante N° 82 de la lista Clinton es el expresidente Uribe Vélez, pasa por alto en los análisis de los Magistrados, que seguramente, han sido puestos al tanto de los zafarís de la justicia en el cono sur.

En la rueda de prensa que realizó el nuevo partido FARC, se hizo énfasis en el comunicado leído por Carlos Antonio Lozada, del art. 19 constitucional transitorio del Acto Legislativo 1 del 2017, que llevaría a impedir el juzgamiento de la Fuerza Pública y los Agentes del Estado, a su vez, el posible juzgamiento de los primeros en el orden de responsabilidad, los militares, encubriría el juzgamiento de los civiles empresarios y políticos que cargan con la autoría intelectual de los delitos cometidos en la perpetración de masacres, persecuciones, falsos positivos y falsos judiciales contra líderes sociales, estudiantes y defensores de derechos humanos.

Un parte de controversia, es que precisamente, sí hay juzgamiento al Estado, entrará la Corte Penal Internacional en la resolución de los fallos y sentencias contra los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno de Colombia, asunto que podría resolver de una vez y por todas, la sentencia contra el autor del Pacto de Ralito y la secuencia de interconexiones de la parapolítica. En tanto, el cumplimiento de lo pactado en los cuatro años que duraron sentados en la Habana, tiene en vilo una cuestión en el Estado y otra en la disidencias, es decir, tanto el nuevo gobierno de Duque como los Frentes Primero y Séptimo no se sienten parte de tal Acuerdo.

Estos asuntos debieran entrar en la continuidad de la solución política del conflicto armado vigente en nuestro país. No hay monopolio legítimo de la violencia del Estado hasta tanto todas las fuerzas insurgentes pacten un Acuerdo. Por ende, el proceso de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional-ELN, como el proceso pendiente de conversación con los Frentes Primero y Séptimo debiera develar las cuestiones de fondo que no se tramitaron en el anterior. La discusión del modelo de Estado y modelo Económico, como asunto central en la resolución del conflicto.

Sí tras la firma del Acuerdo de la Habana, el salvavidas del Plan Marco de Implementación-PMI, hasta ahora viene siendo contemplado en los Documentos CONPES, tanto los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como la creación por el Departamento Nacional de Planeación del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), avanza a pasos muy lentos. Las instituciones responsables por parte del Estado son el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Presidencial de Cooperación y la Agencia de Renovación del Territorio, ordenadas por medio de los Actos Legislativos 01 de 2016, el cual define el procedimiento de los planes de inversiones, y el Acto Legislativo 02 de 2017, que traza las directrices de estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final.

Con este panorama, el accionar del nuevo gobierno colombiano ante el Acuerdo de Paz firmado, todavía está por verse, comprendemos los ciclos del conflicto colombiano en el siglo XX y siglo XXI y sabemos que las retaguardias de los oficiales, los paraoficiales y contra oficiales siguen intactas.

El negocio de la guerra continúa en el mundo entero, la compra y venta de armas, puede volver a estallar una conflictividad regional, en manos de las denominadas “bandas criminales” o “delincuencias comunes”, las cuales han seguido vulnerando a las poblaciones.

Los intereses económicos puestos en el territorio colombiano han sido el Leitmotiv (1) real y verdadero del conflicto armado, sí esto no se pone en las mesas de conversaciones, seguiremos en la incertidumbre de la tiranía limitada del tiempo, en que durará el cese al fuego que venimos teniendo hace algunos años.

(*) Licenciada en Humanidades (UDFJC); Magister en Estudios Políticos (UNR); Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA); Estancia de Investigación en el Doctorado de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (UNAL). Militante del Partido Comunista Colombiano.

Nota:
(1) Leitmotiv: Es un tema central que se repite. En una composición musical es el tema dominante y recurrente.