Conflicto armado
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Como parte de la política injerencista que ha reactivado el gobierno colombiano hacia la República Bolivariana de Venezuela en los últimos meses, el congreso de este país realizó el 01 de junio de 2018 una reunión con parlamentarios pertenecientes a Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Ecuador, además de parlamentarios de la Asamblea Nacional Venezolana, algunos de ellos autoexiliados en Colombia para hacer llamados internacionales a la intervención militar hacia su patria.



Dicha convocatoria fue difundida por los medios de comunicación como Primer Encuentro de Congresos de América Latina por Venezuela reunidos en Villa del Rosario, Norte de Santander, ciudad de Cúcuta.

Los medios de comunicación dicen que asistieron más de 100 parlamentarios de América Latina y el Caribe, pero no presentado una la lista de dichos parlamentarios, mostrando esto características de un fake news o “noticia falsa” en cuanto a la cantidad de asistentes a dicha reunión, la cual dio como resultado dos documentos:

1.- Declaración de los Presidentes, Mesas Directivas y Delegaciones de los Órganos Legislativos de América Latina y el Caribe

2.- Proyecto de ley Estatutaria número 96 de 2018 Senado colombiano, por medio de la cual se previenen y enfrentan actividades y operaciones delictivas en territorio colombiano por parte de miembros del régimen venezolano y se dictan otras disposiciones, con su respectivo informe motivacional.

Este encuentro forma parte de esa estrategia internacional de algunos “países de la región” y fundamentalmente Colombia, en su búsqueda de coquetear a EEUU, crear una matriz de opinión perjudicial hacia Venezuela y fortalecer apetencias imperiales de ejecutar una intervención militar, además de la guerra económica que ya se encuentra en pleno desarrollo sobre los venezolanos.

Sin embargo, desde la óptica del Derecho Internacional Público y de las normas establecidas en la Carta de la ONU, OEA y demás acuerdos o pactos internacionales de los cuales los países de América Latina y el Caribe son signatarios, no existen competencias delegadas a los parlamentos para que actúen como sujetos de derecho internacional ante la comunidad de naciones, y menos para exigirle a los organismos internacionales la aplicación o no de normas contra algún país miembro.

Los parlamentos de cada país responden a una necesidad interna, forman parte del poder público nacional, pero no ejercen funciones de política exterior, pues esa es una potestad que solo es atribuida a los sujetos de derecho internacional público constituidos por los Estados (representados por los presidentes como jefes de estado), las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo, persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir que recibe de él derechos y obligaciones.

En el caso particular de Colombia la constitución política de ese país es bien clara al establecer, dentro de su articulado, que es el Presidente de la República quien dirige las relaciones o política exterior a través de su persona o del Canciller, por lo cual el parlamento colombiano no tiene capacidad jurídica para expresar alguna solicitud o recomendación a un organismo internacional y menos si es para la coacción contra otro Estado.

Una solicitud de esta índole contradice los principios de la ONU y de la OEA, quienes fomentan la solidaridad y paz internacional bajo el respeto a los principios de no intervención y autodeterminación de los Pueblos, pues cada país tiene el derecho a organizarse jurídica y políticamente como lo consideren sus ciudadanos por mayoría de votos como principio democrático universal.

En cuanto a la invocación que la asamblea de parlamentarios y el propio congreso colombiano ha hecho de la carta Democrática Interamericana, como ya se mencionó,  solo los sujetos de derecho internacional en este caso los estados, por intermedio de quien ejerce la supremacía en política exterior, podría solicitar al consejo permanente de la OEA que analice la situación interna de un determinado país, y mediante aprobación reglamentaria de sus miembros tomen alguna decisión respecto al país señalado, pero en ningún caso prevé el uso de la fuerza como intervención  para solucionar la crisis, nunca debe apartarse la OEA de los principios de mantener la paz y solidaridad entre los países, salvaguardando los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Políticamente este tipo de reuniones forman parte del lobby o show mediático que parlamentarios venezolanos, representantes de la derecha, vienen realizando a nivel internacional para derrocar el gobierno y a su vez, lograr financiamiento en divisa internacional que les permita mantenerse económicamente como hasta ahora lo han hecho; algunos medios internacionales han denunciado la conformación de ONG por parte de estos parlamentarios venezolanos autoexiliados, para obtener dinero para ayudar a los inmigrantes venezolanos en el exterior, pero lo están utilizando para la conspiración.

Mientras algunos venezolanos aliados a parlamentarios de otros países faciliten al imperialismo acentuar su histórica política intervencionista en la región a cambio de dinero, será imposible erradicar las intervenciones e injerencias externas como lo ha practicado EEUU, y como hoy Colombia pretende hacerlo sobre Venezuela.

Es simplemente una estrategia colombiana en la búsqueda de consolidar al país neogranadino como colonia estadounidense, o como plataforma para el ataque contra los demás estados latinoamericanos y caribeños que han decidido sistemas de gobiernos contrarios a los intereses estadounidenses, por ello en la propia motivación de la propuesta legislativa, aluden a las acciones unilaterales producidas en el seno de la Unión Europea o de EEUU como si se tratara de un organismo supranacional con carácter vinculante de sus decisiones hacia los demás países fuera de esa agrupación política, militar y económica.

En el caso de los diputados venezolanos presentes en el evento, algunos se han auto exiliado en Colombia y Perú, donde algunos medios de comunicación han publicado denuncias de creación de ONG que han recibido financiamiento internacional mediante donaciones o financiamientos no reembolsables, bajo la consigna de ayudas humanitarias a inmigrantes venezolanos, las cuales luego utilizan para realizar este tipo de eventos conspirativos.

Igualmente un parlamento como el colombiano legisla para luego justificar la solicitud de financiamiento internacional mediante empréstitos o donaciones, que le permita atender la supuesta crisis de inmigrantes venezolanos, dinero que solo sirve para enriquecer las oligarquías godas de ese país, o preparar conspiraciones bélicas hacia Venezuela como está ocurriendo actualmente.

En conclusión, muchas de las denuncias que hoy pretende hacer el congreso colombiano contra Venezuela son las acciones que debió ejercer Venezuela, por las agresiones e incursiones de grupos paramilitares, extracción de combustible, alimentos y dinero efectivo en la frontera, eran elementos que permitían solicitar ante organismos internacionales acciones contra la hermana república olvidando los buenos oficios y buena voluntad como hoy lo hacen ellos.

La promoción de este inusual e injurioso acto legislativo colombiano constituye un ingrediente publicitado por el poder mediático de la derecha internacional, para incrementar las agresiones del gobierno colombiano hacia Venezuela, en la búsqueda de una real intervención militar ejecutada por el pentágono con la complacencia de estos traidores latinoamericanos.

Definitivamente ambos actos son meramente simbólicos, pues denotan la intencionalidad mediática puesto que ninguno surte efecto jurídico sobre Venezuela y sus instituciones, mucho menos sobre las acciones o decisiones que organismos internacionales apegados a las normas, pactos y convenciones puedan emitir.

@rafaeliginio

Gráfica.- Machado se reúne con Pastrana y Uribe en la frontera

Fuente:
https://www.conelmazodando.com.ve/opinion-colombia-trata-de-instaurar-la-necesidad-de-atacar-belicamente-a-venezuela