Conflicto armado
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El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) responsabilizó hoy al Estado y al Gobierno en Colombia por el asesinato de 133 exguerrilleros desde la firma del Acuerdo de Paz.



El Consejo Político Nacional de la FARC, reunido de emergencia ayer y hoy debido a la escalada criminal contra sus miembros, denunció que también han sido asesinados 34 familiares de militantes del partido y que hay 11 desaparecidos, desde que se rubricó el Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.

Subrayó que esos sistemáticos asesinatos constituyen una flagrante violación del Acuerdo negociado en La Habana, en el que el Estado se comprometió a velar por la seguridad física, jurídica y social de los exguerrilleros tras su dejación de armas.

Añadió que son inaceptables las explicaciones dadas por el Ejecutivo y los informes publicados por la fiscalía local con cifras frías sobre los presuntos responsables de esos crímenes, sin que se vea un claro compromiso del Estado por poner fin a la violencia política que también ha causado la muerte de unos 600 líderes sociales desde la firma de la paz.

En opinión de la FARC, la campaña de estigmatización lanzada contra los excombatientes por parte de la presidencia del país y del gobernante partido Centro Democrático “estimula los instintos criminales de quienes aprietan los gatillos”, además de constituir un acto de “persecución política y hostigamiento contra quienes somos signatarios de un tratado de paz con el Estado”.

En medio del clima de inseguridad en que se encuentra su militancia, la FARC hizo un llamado a los veedores internacionales de la implementación del Acuerdo de Paz y a los países garantes del Acuerdo, para que se den plenas garantías en las elecciones regionales del próximo mes de octubre.

De igual modo instó a todos los sectores de la Nación a superar la indiferencia frente a los ataques que están padeciendo los exguerrilleros, y evitar así que la tan anhelada paz termine ahogada en un charco de sangre.

“Solo la más vigorosa movilización de los millones de colombianos que le apostamos a la paz podrá detener los planes criminales de quienes se benefician económica, política y socialmente de la guerra', enfatizó la FARC.

Fuente:
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=285892&SEO=farc-responsabiliza-al-gobierno-por-asesinatos-de-exguerrillerosfotos

Este es el texto íntegro de la declaración de la Fuerza Alternativa del Común:

El Consejo Nacional de los Comunes, máxima instancia de dirección de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, convocado de emergencia por el presidente del partido, para analizar la grave situación de seguridad que afecta al conjunto de nuestra militancia, y que ha cobrado la vida de 133 ex guerrilleros, así como de 34 de sus familiares y once más desaparecidos, que se suman a los más de 600 compatriotas asesinados por su papel de liderazgo en sus comunidades, además de las constantes amenazas que circulan en los territorios y el desplazamiento de miles de compatriotas, declara:

1° Estos asesinatos sistemáticos constituyen una clara violación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; y, por lo tanto, son responsabilidad del Estado y el gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos, incluidos los firmantes del acuerdo de paz y los líderes sociales, tal como está consignado en el punto 3.4 del Acuerdo.

2° Son inaceptables las explicaciones que hasta el momento hemos escuchado por parte de funcionarios del gobierno, y los informes publicados por la Fiscalía General de la Nación, en los que se presentan frías cifras sobre presuntos responsables, sin que se vea un claro compromiso por parte del Estado para garantizar la vida de todos los colombianos y mucho menos la intensión de poner en marcha las políticas, los mecanismos y las medidas acordadas dentro del Plan Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que garantice la no repetición del fenómeno de la violencia política que ha sido una de las principales causas del conflicto armado interno en nuestro país.

Por el contrario, lo que hemos conocido es la intención de poner en marcha planes y medidas que desconocen lo pactado, como es el denominado Plan de Acción Oportuna (PAO).

3° Es igualmente inaceptable la campaña de estigmatización lanzada contra nuestro partido, sus militantes y dirigentes, desde la bancada del partido de gobierno, Centro Democrático, y el propio presidente, que de alguna manera estimula los instintos criminales de quienes aprietan los gatillos; y que constituye una campaña de persecución política y hostigamiento contra quienes somos signatarios de un tratado de paz con el Estado.

4° Ante la gravedad de la situación y las perspectivas de su recrudecimiento, con motivo de las próximas elecciones locales y regionales, llamamos la atención de los países garantes, Cuba y Noruega, de los expresidentes Pepe Mujica y Felipe González, quienes integran el grupo de notables; así como de la Segunda Misión de la Organización de Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad próximamente visitará Colombia; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que difícilmente nuestro partido, tendrá plenas garantías para la participación en dicho proceso electoral.

A la vez que reiteramos nuestro compromiso de mantenernos firmes en el cumplimiento de lo pactado, llamamos también a la Procuraduría Nacional y la Defensoría del Pueblo, a que tomen cartas en este asunto de vital importancia para lograr el afianzamiento de la paz estable y duradera en nuestro país.

5° Convocamos a todos los sectores de la nación, a superar la indiferencia frente a el baño de sangre que estamos padeciendo; el momento exige, asumir la responsabilidad que tenemos todos los colombianos, para evitar que la tan anhelada paz, termine ahogada en un charco de sangre. Solo la más vigorosa movilización de los millones de colombianos que le apostamos a la paz, podrá detener los planes criminales de quienes se benefician económica, política y socialmente de la guerra.

Bogotá, junio 22 de 2019