DDHH
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“Los dirigentes políticos no solo deberían apreciar la complejidad de la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) en Colombia y sus riesgos asociados, sino que deberían usar su autoridad para garantizar que los defensores sean promovidos, respetados y protegidos: Michel Forst, Relator Especial de la ONU [1]”.



Colombia es el país más peligroso para la labor de los defensores de DDHH, así concluyó el Análisis Global 2018 de Front Line Defenders, en el que estudió el asesinato de 321 defensores, 39 % (por ciento) de ellos se registraron en Colombia con 126 casos.

Según el informe la criminalización a los líderes sociales y defensores DDHH incrementó en un 63 %, declarados por la política de seguridad como amenaza y enfrentan cargos relacionados con el terrorismo, en especial cuando denuncian la corrupción o informan de las vulneraciones a sus derechos e injusticias por parte de las empresas [2].

En lo corrido del 2019 el Genocidio Político ha cobrado la vida de más de 155 personas con vocación de transformación social [3]; que movilizan apoyos políticos y ciudadanos para que se garanticen los derechos económicos, sociales y culturales a sus comunidades.

Uribe encabeza el linchamiento mediático.

Desde el 5 de octubre el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez y su partidarios desarrollaron una campaña de difamación contra la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), al difundir piezas del expediente, en el que la Fundación destinó recursos para la protección de la familia de Juan Guillermo Monsalve por las amenazas y hostigamientos de las que fueron víctimas, por lo que les acusaron de haber realizado sobornos, cuando la misma Corte reconoció la acción como una función propia del CSPP en el Programa Protección de Testigos [4].

Las declaraciones del Defensor del Pueblo C. Negret al señalar que a los “líderes sociales y defensores los asesinan por la minería ilegal y el narcotráfico” [5], omiten y encubren la responsabilidad documentada en diferentes informes de vulneración de DDHH, que vincula a agentes estatales y paraestatales en respaldo a las empresas extractoras de recursos naturales y mega proyectos, que afectan directamente a los territorios de las comunidades indígenas, negras y campesinas [6].

El Concejero Presidencial F. Barbosa manifestó que “esa categoría o esa figura de líder social como tal no existía”, fue inventado después del Acuerdo de Paz [7], últimamente al entregar las cifras de los asesinatos de líderes aseguró que han reducido en un 43 % [8].

La Unión Europea (UE) no debe permitir que descalifiquen a los líderes.

A principios de octubre, la Subcomisión de DDHH de la Euro Cámara examinó las recomendaciones de la Red EULAT para la protección de defensores de DDHH en América Latina, que resalta la gravísima situación que sufre Colombia.

EULAT describe dos patrones que permiten que el asesinato de líderes se reproduzca:

1- La falta de reconocimiento de la labor de los defensores. Llamarlos delincuentes, terroristas, amenazas para la seguridad, o extremistas, es un claro desprestigio de su trabajo y abona el terreno para agredirlos; la situación se complica aún más cuando son los propios mandatarios los que utilizan este tipo de lenguaje.

2- El uso indebido del sistema penal en contra de defensores de DDHH. Esta criminalización debilita a todo el tejido social y a la comunidad. Si tienen que concentrarse en un proceso penal o por proteger su libertad, no pueden enfocarse en defender derechos ligados a la tierra, al territorio o al medio ambiente.

EULAT pide a la UE exigir que se respete el derecho internacional en cuanto a consultar a los Pueblos antes de cualquier proyecto que los afecte y no permitir que se descalifique la labor de los defensores [9].

Las víctimas de la persecución.

Javier Córdoba Chaguendo, comunicador social. Fue asesinado el 18 de octubre, mientras laboraba en la Emisora Planeta Radio, en el corregimiento Llorente de Tumaco, Nariño.

Tom Larrada Palacios miembro activo del movimiento indígena Nación Wayúu, activista defensor de los DDHH y contra la corrupción, desde el 2016 denunció que los líderes de Nación Wayúu y sus familiares son objetos de amenazas, atentados y asesinatos; su hermano Ramón Larrada de 70 años, fue asesinado el 19 de octubre.

Miguel Ceballos, dirigente campesino y tesorero de la Junta de Acción Comunal de San Isidro, vocero de DDHH y representante de la restitución de tierras. Fue asesinado el 21 de octubre, en su vivienda ubicada en zona rural del municipio La Montañita, Caquetá.

Irama Movil Gámez, candidata al Consejo Directivo por los indígenas Wayuu ante la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), había denunciado amenazas de muerte. El 25 de octubre cuando se movilizaba en la vía entre Riohacha y Valledupar, en el sector cementerio de Los Olivos, el vehículo donde se transportaba recibió varios impactos con armas de fuego.

Dago Hernán Galíndez Chicangana de 36 años, excombatiente de las FARC, era integrante de la compañía José María Carbonell, realizó el proceso de reincorporación en el Espacio Territorial de Capacitación en el Tolima. Fue asesinado en Patía, Cauca el 22 de octubre.

Alexander Parra Uribe, excombatiente y delegado del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, fue asesinado el 25 de octubre en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mesetas, Meta.

Desde que firmaron el Acuerdo de Paz 168 excombatientes de las FARC han sido asesinados, 88 de ellos en este Gobierno de Uribe-Duque.

Notas:
[1] Declaración de Fin de Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas, 3-12-2018. www.ohchr.org
[2] Análisis Global 2018, Front Line Defenders. https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/spanish_annual_report.pdf
[3] Informe Indepaz, 08-09-2019.
[4] https://www.fidh.org. Carta abierta de apoyo al CSPP. 23 oct 2019
[5] RCN Radio. Dueños de cultivos de coca y minería ilegal estarían detrás de asesinatos de indígenas. octubre 2019.
[6] Iepri.unal.edu.co. Informe. ¿Cuáles son los patrones? 2018
[7] Lafm. Francisco Barbosa: no hacer política con el asesinato de líderes.
[8] www.rcnradio. Homicidios de líderes sociales se reducen en 47%, según el gobierno.
[9] Asesinatos a defensores de derechos humanos: todo comienza con el desprestigio. Actualidad DW, 9-10-2019.

Addendum:
El 11 de noviembre Oliver Piñera Lozada, de 39 años de edad y excombatiente del frente 49 de las extintas Farc-ep, fue asesinado en zona rural del municipio de Piamonte, Cauca.  El excombatiente pertenecía al espacio territorial La Carmelita de Puerto Asís, Putumayo.

Este nuevo asesinato se suma al del también excombatiente Diego Fernando Campo en Corinto, Cauca, líder campesino y excandidato a la asamblea departamental de Nariño, el pasado 9 de noviembre.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que surgió de las desmovilizadas Farc-ep, señaló en twitter: “No hay garantías para el ejercicio de la política para las y los firmantes de la paz (...) Que pare el genocidio”

Fuentes
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262339
https://agenciapi.co/noticia/asesinan-excombatiente-de-las-farc-en-piamonte-cauca
https://tubarco.news/tubarco-noticias-occidente/excombatiente-de-las-farc-asesinado-a-bala-en-el-cauca/
https://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinatos-militante-farc-lider-campesino-20191110-0004.html