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Renán Vega Cantor y Andrés Jáuregui González historiadores colombianos, son los autores del libro "Sangre y Cemento", investigación histórica sobre la huelga y masacre de trabajadores en Santa Bárbara, Antioquia, en 1963. (Publicado en Colombia por el Sindicato Unitario de la Industria de Materiales para la Construcción (SUTIMAC).



 En la historia colombiana del siglo XX se presentaron muchas huelgas en diversos sectores, algunas terminaron en forma sangrienta, debido a la represión a que fueron sometidas por el Estado.

 Esta pauta se había iniciado desde finales de la década de 1910, cuando fueron reprimidas las huelgas de los puertos de la Costa Atlántica, con un saldo trágico de numerosos obreros muertos.

Durante el Frente Nacional (1958-1974) se acentuó esta tendencia represiva del Estado colombiano para impedir la protesta de los trabajadores y sabotear o terminar de manera abrupta con las huelgas.

 El 23 de febrero de 1963 en la pequeña población de Santa Bárbara,  el Estado colombiano masacró a trabajadores, campesinos y habitantes, que participaban en la huelga de Cementos El Cairo (hoy cementos Argos).

 Laboraban en esa planta  230 trabajadores, de los cuales 221 estaban organizados en Sintracairo (hoy SUTIMAC), afiliado a la Federación de Trabajadores de Antioquia (FEDETA).

Ante la difícil situación económica que afrontaba el país y que afectaba de manera directa a los trabajadores por la inflación y el deterioro del poder adquisitivo de sus salarios, Sintracairo presentó un pliego de peticiones en el mes de octubre de 1962.

La Empresa dilató las discusiones del pliego por varios meses, y no atendió la mayor parte de las solicitudes, en especial las relativas al aumento salarial. Por esta circunstancia, los trabajadores se fueron a la huelga, el 23 de enero de 1963.
 
Desde un principio, la empresa saboteó la huelga con el fomento de los esquiroles y rompehuelgas. Su acción se vio facilitada por el respaldo del gobernador Fernando Gómez Martínez y por la activa participación de las Fuerzas Militares en el transporte del cemento.

Esto, obviamente, desencadenó la protesta de los obreros, quienes a los pocos días instalaron una carpa en la carretera central, con el fin de oponerse a la maniobra patronal.

Tras quedar paralizado totalmente el transporte de materia prima para la fábrica, el 22 de febrero el Gobernador dio a conocer su determinación de transportar cemento “costara lo que costara”.

En las horas de la tarde de ese día, el sindicato convocó a una Asamblea Extraordinaria en las carpas de la huelga, para presentar una propuesta de los inspectores de trabajo en materia salarial, y allí  el Inspector del Trabajo comunicó a los obreros que se había ordenado a la empresa que cancelara los salarios que adeudaba a sus trabajadores, según la Ley primera de 1963, con retroactividad al primero de enero.

Por esa razón, el sábado 23 los trabajadores se congregaron en las carpas de la huelga para esperar el pago del salario adeudado. En efecto, el pago se efectuaría, pero no en dinero, sino con una respuesta represiva y cobarde contra los obreros y el pueblo de Santa Bárbara.

A las 9 de la mañana de ese fatídico sábado se trasladaron al municipio el comando del Batallón Girardot, un pelotón de la Compañía Militar y dos pelotones de la compañía B que estaban en guarnición, con el fin de transportar el cemento de la fábrica El Cairo hasta la ciudad de Medellín.

 La caravana atravesó el lugar en donde se encontraban los huelguistas y ningún carro fue apedreado. Tan pronto llegaron las volquetas a las instalaciones de la empresa se inició la carga del material, labor que fue asumida por esquiroles y los soldados del ejército nacional.

Mientras tanto, los obreros decidieron bloquear la carretera central en el punto donde se encontraba la carpa, el bloqueo fue hecho por grupos de obreros que se acostaron sobre el pavimento, una estrategia que en semanas anteriores había funcionado para impedir la salida de las volquetas de la fábrica.

A las 4 de la tarde partió la caravana con cemento y clinker, (el producto del horno que se muele para fabricar el cemento) desde las instalaciones de la fábrica con rumbo a Medellín. En esa caravana se encontraban volquetas, con placa oficial, pertenecientes al Municipio de Medellín, y volquetas particulares conducidas por esquiroles, escoltadas por más de 100 efectivos del ejército, que se habían desplegado para que trasladaran el cargamento.

La caravana se ubicó aproximadamente unos 300 metros antes del sitio donde se encontraban los huelguistas, muchos familiares de los trabajadores, algunos campesinos, mujeres, niños, y curiosos que se habían congregado en ese lugar.

Miembros del ejército empezaron a tomar posiciones estratégicas a lado y lado de la carretera y el Coronel Valencia Paredes exigió a los huelguistas que se dispersaran para dar paso a la caravana.

Ante la negativa de los obreros, el oficial se comunicó con el gobernador Gómez Martínez, quien le respondió tajantemente: “‘¡Hombre, coronel, si no es capaz de pasar ese cemento, véngase inmediatamente que yo mando a otro!’”.

Cuando, el reloj señalaba las 4 y 45 de la tarde, el comando del Batallón emitió la orden: “dispersión con gases”. Allí se produjo la primera descarga sobre la multitud y un pelotón del ejército empezó a capturar a los dirigentes de la huelga.

Ante la arremetida de las Fuerzas Armadas, la multitud respondió con una nutrida lluvia de piedras, los únicos objetos con que contaba para defenderse. Ante los ataques aleves de la tropa, la gente se cubría la cara con toallas y pañuelos húmedos.
 
Los huelguistas intentaban repeler la embestida de las fuerzas militares e impedir el paso de las volquetas, y en forma inesperada, el ejército empezó a disparar a sangre fría contra los inermes trabajadores y contra todos los presentes en el lugar.

Ante la agresión violenta e indiscriminada, la multitud comenzó a correr, unos hacia los cafetales aledaños a la carretera, otros hacia las casas vecinas en busca de refugio. En las ventanas del hospital se hallaban varios médicos, que alcanzaron a tomar algunas fotos del accionar represivo de la tropa.

Tan pronto los miembros del ejército se percataron de las cámaras dispararon hacia el hospital y enviaron soldados a arrebatarles los rollos fotográficos.

Allí después de recibir varias descargas cayó asesinada con un impacto de bala en su cabeza la niña de 10 años María Edilma Zapata, quien huía aterrorizada por la balacera que el ejército desplegaba contra los trabajadores. Esta niña era hija del obrero y sindicalista de la fábrica Cementos, Luis Eduardo Zapata, quien había sido detenido esa mañana.

La masacre finalizó a las 5:30 pm aproximadamente. A las 6 de la tarde, cuando la noche comenzaba a caer, los comandantes del operativo dieron la orden de pasar las volquetas con el clinker, cuando todavía estaba fresca la sangre de los obreros cementeros.
 

El cobarde ataque del ejército sobre la población de Santa Bárbara se extendió hasta las 7 de la noche cuando se decretó el toque de queda. Entre las 6 y las 7 de la noche los militares patrullaban las calles de Santa Bárbara, allanaban casas y capturaban en forma indiscriminada a los habitantes de Santa Bárbara. El balance final de ese trágico 23 de febrero de 1963 fue terrible: 12 muertos, y más de cien heridos.

Además unas 80 personas fueron privadas de su libertad y en varios vehículos fueron trasladadas al Batallón Girardot.

A las ocho de la noche de ese sábado sangriento, la gobernación de Antioquia negó que hubiese ocurrido una masacre y expidió un comunicado en el que aseguraba que el ejército “fue atacado sorpresivamente en un punto vecino a Santa Bárbara”.

“El ataque se hizo desde los barrancos de la carretera, desde los cafetales, y desde la misma vía y en él se usaron revólveres, fusiles, armas automáticas y piedras. Las Fuerzas Armadas repelieron el ataque y del choque resultaron tres sub-oficiales heridos con bala, ocho soldados con piedra, ocho muertos civiles, entre ellos una niña que recibió una pedrada, y numerosos heridos más”.

Así se fraguaron las mentiras oficiales. Era el comienzo de la impunidad, como producto de la cual los responsables directos de la masacre se presentaron como “defensores de la patria” contra los “embates del comunismo internacional”.
 
Entre esos responsables se encuentran el gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez, dueño de El Colombiano, un periódico desde donde se calumnió a los huelguistas, los militares, que cumplieron el papel de rompehuelgas y accionaron sus armas contra los habitantes, Belisario Betancur, Ministro de Trabajo, quien respaldó a la empresa cementera, Eduardo Uribe Botero, Ministro de Gobierno y accionista de Cementos El Cairo, y las camarillas sindicales de la UTC y la CTC, por su complicidad directa con la política antiobrera del Frente Nacional…

Los crímenes quedaron en la impunidad de la justicia Colombiana, sumándose a la lista de las mayores masacres y de los peores conflictos sindicales en el país junto a la Masacre de las bananeras de 1928, puesto que la “exhaustiva investigación” que se realizó los declaró inocentes y como compensación por sus “múltiples servicios a la patria” (es decir al capitalismo criollo) fueron premiados con altos cargos en la administración pública, como embajadores en Washington, Ministros y uno de ellos alcanzó la Presidencia de la República, siendo algunos años después, responsable directo de la masacre del Palacio de Justicia (1985).

La pregunta final es obvia: ¿podía haber investigación imparcial en el proceso bajo un régimen antidemocrático, excluyente, represivo y anticomunista que observaba cualquier protesta social como una acción subversiva contra el Estado?

Evidentemente no, la investigación fue una farsa y nunca se condenó a los responsables del crimen. Más exactamente, nunca se realizó una investigación de verdad, sino un simple simulacro, propio de un país de leguleyos santanderistas.

Con en este caso se comprueba que los actos judiciales no pueden convertirse en veredictos de tipo histórico, porque como lo ha dicho Carlo Ginzburg: “Un historiador tiene el derecho de percibir un problema allí donde un juez decidiría un ‘no ha lugar a proceder’”.

Nota:

25 años después de la masacre, Henry Cuenca Vega, militante del Partido Comunista de Colombia, y quien fuera dirigente sindical de SUTIMAC, miembro de la CUT y concejal por la Unión Patriótica en Yumbo, fue asesinado en la ciudad de Bogotá.

Videos:


https://www.youtube.com/watch?v=T5Gnx0ekN10
https://www.youtube.com/watch?v=hzvwlLqIGWc
https://www.youtube.com/watch?v=R3ozvTH-fUc
https://www.youtube.com/watch?v=tqPrl82Vec0


Fuentes:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=164164
http://utopialapalabra.blogspot.com.co/2013/02/santa-barbara-50-anos-de-la-masacre.html
http://cut.org.co/fotos-y-videos-conmemoracion-50-anos-masacre-santa-barbara-feb-23-de-2013/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato_%C3%9Anico_de_Trabajadores_de_la_Industria_de_los_Materiales_de_Construcci%C3%B3n
http://www.hijosbogota.org/index.php/recordar-con-el-corazon/galeria-de-la-memoria/item/139-henry-cuenca-vega