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Sr. Jens Stoltenberg, Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Bruselas:



Estimado Sr. Stoltenberg, reciba un cordial saludo. Soy Piedad Córdoba Ruiz, ex senadora colombiana, ex candidata presidencial, defensora de derechos humanos, líder política, interlocutora de organizaciones afrodescendientes, indígenas y campesinas.

Le escribo desde un país que, en plena lucha contra la pandemia del Covid, enfrenta una realidad aún más trágica: el asesinato sistemático de jóvenes y adultos, muchos de ellos afrodescendientes, indígenas, estudiantes, campesinos, líderes sociales pertenecientes a familias y comunidades vulnerables, quienes en razón de su condición social y de sus orígenes étnicos han sido victimizados. En los primeros 8 meses del año en curso y primeros días del presente mes de septiembre, van ejecutadas de forma alarmante 51 masacres con cerca de 240 víctimas.

El pasado mes de agosto fueron ejecutadas 14 masacres con 64 víctimas, que se suman a los asesinatos casi diarios de activistas civiles que luchan por la paz, el medio ambiente, la justicia social y la equidad. Así mismo, de acuerdo con el periódico El Espectador “El 7 de septiembre fue un día nefasto para el país: tres masacres dejaron 12 víctimas en 24 horas. Los asesinatos ocurrieron en los municipios de El Carmen de Bolívar y Simití, en Bolívar; y en Zaragoza, Antioquia.

Las cifras detallan no sólo que en el año 2020 se han incrementado los asesinatos de líderes sociales y/o defensores de derechos humanos y ambientales, además de integrantes de la hoy desmovilizada guerrilla de las FARC, sino el acumulado espantoso de estos últimos años en una dinámica creciente: desde la firma en 2016 de los Acuerdos de paz son 1.000 las personas civiles asesinadas por razones políticas.

Así mismo, cabe señalar que de acuerdo con entidades que hacen seguimiento al feminicidio en Colombia, en este año 2020 han ocurrido 230 asesinatos de mujeres en el país, sin olvidar que el pasado 21 de junio, siete soldados del Ejército, en el departamento de Risaralda, secuestraron a una niña indígena de 11 años, la llevaron a una zona apartada y la violaron; este caso entre otros que luego se han conocido en los que aparecen involucrados y confesos miembros de las fuerzas militares.

Como usted puede comprobar, la situación es alarmante. A pesar de ello, el gobierno del presidente Iván Duque insiste en señalar de forma desobligante que estos hechos trágicos que laceran el tejido social no son masacres, afirmación que no sólo resulta contraria a la definición convencional asumida en organismos como la ONU o en agencias especializadas, sino que claramente apunta a presentarlas como hechos ajenos, que no atañen a la responsabilidad del Estado ni por acción ni por omisión.

El 31 de mayo de 2018, el presidente colombiano en ese momento, Juan Manuel Santos, oficializó el status de Colombia en la OTAN en calidad de “socio global”, lo que permite recibir cooperación de una alianza militar única en el mundo, por su enorme poder y significación histórica y geopolítica en el sistema internacional.

La OTAN sostiene que su rol actual está relacionado con la seguridad internacional basada en la paz y en la estabilidad de quienes están en dicha alianza. Esto también implica el respeto irrestricto hacia la preservación de los derechos humanos y hacia el derecho internacional humanitario. En ese sentido, uno de los principios jurídicos que rigen ese paradigma está en relación con la línea de mando responsable de las operaciones militares que un país lleva a cabo.

Sr. Stoltenberg, en días pasados la Corte Suprema de Justicia de Colombia informó del avance de investigaciones contra Álvaro Uribe Vélez, quien antes de haber sido presidente de Colombia (2002-2010) ocupó el cargo de gobernador de Antioquia, departamento en el que nací. Se le acusa de haber actuado con omisión permitiendo masacres y otros crímenes de lesa humanidad a manos de grupos paramilitares en los que se ha comprobado tenía y tiene gran influencia.

Ante la espantosa realidad de Colombia hoy día, con un registro semanal de asesinatos de líderes, pobladores, excombatientes y opositores, cabe preguntarse: ¿Quién está al mando de las fuerzas armadas?; ¿Quién es el máximo dirigente en la cadena o línea de mando?

No cabe duda de lo que la Constitución indica: es el presidente, hoy Iván Duque, quien tiene a su cargo la responsabilidad por las actuaciones de sus fuerzas armadas; es él el comandante en jefe de las estructuras armadas oficiales. Por lo tanto, quien tiene la obligación de dar instrucciones para el combate a los grupos paramilitares o de depurar responsabilidades de oficiales que muestren algún grado de colusión con esas bandas.

Además, es sumamente preocupante la actuación de la Policía Nacional con numerosas unidades implicadas en casos de corrupción y permisión, verificándose connivencia con carteles de narcotraficantes, la inoperancia en controles fronterizos, así como de otras fuerzas especializadas que no cumplen labores de interdicción aérea y marítima.

¿Cómo puede Colombia, como país socio de la OTAN, contribuir a la seguridad internacional cuando en su propio territorio las fuerzas armadas se muestran, cuando no autoras directas, cómplices, encubridoras o facilitadoras, al menos como incompetentes, carentes de la profesionalidad y la ética más básicas?; ¿Pueden algún día desempeñarse fuerzas colombianas en acciones de seguridad internacional cuando en su propio terreno se articulan a circuitos de corrupción, crimen organizado y terrorismo contra la población indefensa?; ¿puede prestigiarse un presidente y sus fuerzas militares que han actuado con omisión y no detienen a los autores de matanzas constitutivas de genocidio y etnocidio?

Atendiendo a las responsabilidades personales y colectivas por violaciones de derechos humanos, y por supuesto al deber de la OTAN de no apoyar ni prestar colaboración alguna a fuerzas armadas comprometidas por acción o por omisión en graves crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional en caso de no ser juzgados internamente, acudo con respeto ante Usted, Sr. Stoltenberg, para pedirle proceda a:

Comprobar la situación de violación sistemática de derechos humanos que sufren comunidades colombianas pobres, especialmente los pueblos negros e indígenas, así como los y las campesinas, no protegidas por las fuerzas armadas oficiales sino abandonadas y victimizadas en sus territorios.

Tramitar en las instancias de la OTAN la suspensión inmediata de Colombia como país socio, al violar los derechos humanos y no contar con una línea de mando responsable con capacidad real para impedir el plan de matanzas que se está consumando en amplias zonas del país.

Sr. Stoltenberg, cuando Usted presentó el acuerdo con Colombia el 31 de mayo de 2018 en Bruselas, se refirió a él como una asociación para la paz, no para la guerra, al tiempo que afirmó que era de su interés “promover el papel de la mujer en la paz y la seguridad”. Como mujer colombiana que siente el dolor de millones de personas pobres que sufren la guerra, la persecución, el desprecio de los poderosos, las masacres, la pérdida de sus hijos, acudo a Usted para que haga lo que esté a su alcance para detener estas matanzas.

Nadie que tenga la capacidad de hacer algo para salvar la vida de estas personas puede quedarse callado. La alianza militar más poderosa del mundo debe tener cláusulas sobre el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos y sobre cómo evaluar en dónde han sido invertidos sus recursos de formación y la capacitación recibida por oficiales colombianos en más de cinco años de intercambio activo, desde cuando en 2013 inició la cooperación conjunta. Un periodo en el que han continuado las masacres, incluso de niños y mujeres en estado de indefensión.

La OTAN no puede mirar para otro lado mientras que con su anuencia, asistencia o indiferencia se puede estar desarrollando una estrategia de genocidio por razones étnicas, sociales, políticas y económicas, hechos sobre los que algún día una Corte de jueces independientes se pronunciará ante el mundo.

Cuando el 23 de octubre de 2018, Usted, Sr. Stoltenberg, se reunió en Bruselas con Iván Duque, el presidente colombiano agradeció la “certificación por parte de la OTAN de las capacidades de la Fuerza Pública colombiana”. En 2019 nuevas reuniones entre el gobierno colombiano y la OTAN apuntaron a ese objetivo.

Ante el récord de masacres, asesinatos y otros crímenes contra la humanidad, que tienen lugar hoy en zonas altamente militarizadas por las fuerzas estatales, ¿la OTAN puede activar algún mecanismo de censura o prevención? ¿Volverá a certificar las capacidades profesionales de las fuerzas armadas colombianas, mientras decenas de padres y madres lloran por el asesinato de sus hijos a manos de organizaciones paramilitares que se movilizan y actúan en posible complicidad con esas fuerzas del orden?

De esta manera le dejo una constancia ética y le pido en nombre de los valores de la democracia y los derechos humanos, ¡actúe! ¡Impidan las próximas masacres, asesinatos, etnocidios, feminicidios!

Con respeto, y agradeciendo su atención,

Piedad Córdoba Ruiz
C.C. 21.386.190
Ex Senadora de la República
Ex Candidata Presidencial
Activista Derechos Humanos
Bogotá, septiembre 8 de 2020
Tomado de 45segundos.com