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Decenas de miles de personas se movilizaron la noche del viernes 7 de julio repudiando vigorosamente el anunciado "indulto" a Alberto Fujimori, condenado en el 2 de enero de 2010, a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos y corrupción.



Los manifestantes, se concentraron en la Plaza de San Martín, y recorrieron las principales avenidas de Lima, no solamente rechazando el "Indulto" -cuya viabilidad fuera ofrecida por el Presidente Kuczynski-,  sino también recusando el "modelo" Neoliberal que agobia a los peruanos.

Denunciaron también la corrupción, y la gestión de sucesivos gobiernos que, en ejecución de los programas económicos dictados por el Fondo Monetario Internacional, han generado un masivo descontento popular.

Importante fue la masiva presencia de jóvenes, dado que el "mensaje" de la clase dominante en los últimos años ha estado orientado, precisamente, a "neutralizar" a los jóvenes ganándolos para la apatía y la indiferencia.

Colectivos juveniles, mujeres, familiares de víctimas del régimen fujimorista, colegios profesionales y organizaciones sindicales y políticas, se hicieron presentes y recorrieron los 6 kilómetros que abarcó la marcha. En algunas ciudades del país, hubo acciones similares.

Durante diez largos años en el control del poder del Estado, Alberto Fujimori fue un consumado terrorista, primero como presidente “democráticamente” elegido, y luego como golpista y dictador.

Desde el primer minuto de su mandato, al jurar su cargo el 28 de julio de 1990, asumió como suya la política de terrorismo de Estado, que por espacio de una década habían desarrollado los presidentes Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) y Alan García  (1985-1990), en el enfrentamiento y la persecución del movimiento subversivo PCP-Sendero Luminoso, el cual también realizaba acciones terroristas.

Ya en diciembre de 1982, cuando el presidente Belaúnde ordenó el ingreso oficial de las fuerzas armadas a la “lucha antisubversiva”, el entonces comandante general Luís Cisneros Vizquerra le había anunciado que “... para eliminar tres o cuatro senderistas, habría que matar por lo menos a 50 personas inocentes”. Fue precisamente eso lo que hicieron de manera sistemática.

En la concepción de guerra antisubversiva de la oficialidad peruana y latinoamericana, esos eran los métodos a ser empleados para amedrentar o atemorizar no tanto a militantes y activistas, sino a comunidades y pueblos enteros. Eran las lecciones bien asimiladas de las feroces dictaduras de Chile, Argentina, Bolivia y Brasil.

Fujimori, apenas logró ganar las elecciones presidenciales de 1990, estrechó sus lazos de amistad y colaboración con el ex capitán, expulsado del Ejército, agente de la CIA y abogado Vladimiro Montesinos, personaje  mafioso bastante conocido en los círculos del poder civil y militar.

Entre la primera y segunda vuelta electoral de aquel año, este señor se había convertido en asesor legal de  Fujimori y, desde luego, en el mejor informante e intrigante sobre las cuestiones de poder y el aparato del Estado en el Perú.

Montesinos dirigía en la practica el Servicio de Inteligencia Nacional, y era quien seleccionaba a los oficiales de las FF.AA. que debían asumir responsabilidades en los diferentes niveles jerárquicos.

Las masacres colectivas, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones y los secuestros en todo el país ocurrían de manera cotidiana. En noviembre de 1991 tuvo lugar el crimen de Barrios Altos, cuando agentes de inteligencia adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército, asesinaron a balazos a 15 personas, habiendo sobrevivido otras 4 pero quedando gravemente heridas; se trataba de una fiesta popular entre vecinos.

Según investigaciones posteriores, el crimen ocurrió por órdenes directas de Vladimiro Montesinos y por encargo del presidente Fujimori.

Fujimori, haciendo uso de la violencia, el 5 de abril de 1992, disolvió el Congreso de la República y suspendió las actividades del Poder Judicial.

Del 6 al 9 de mayo de 1992, ordenó y dirigió la matanza en el penal Miguel Castro Castro, por la cual  la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia de 25 de noviembre de 2006, declaró por unanimidad que el Estado Peruano violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los 41 internos fallecidos, violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención, en perjuicio de los familiares de los internos y violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El 18 de julio de 1992 ocurrió la masacre de La Cantuta, un profesor universitario y 9 estudiantes fueron secuestrados, y desaparecidos por el destacamento Grupo Colina del ejército. Fujimori implementó el terrorismo de Estado hasta su caída a fines del año 2000.

Sobre la guerra sangrienta en el Perú entre 1980 y el 2000, se cuenta con volúmenes enteros de información documentada, preparadas y publicadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Ahora, cuando se discute el indulto al ex presidente Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción durante su gobierno, hay incontables políticos de las diferentes tendencias de derecha, periodistas y columnistas diversos que opinan y presionan, para que el presidente Kuczynski haga uso de sus facultades para tomar tal decisión que sería una grave ofensa a los pueblos del Perú y a su memoria histórica. Un protagonista de primera línea del terrorismo de Estado, como lo fue el señor Fujimori, no tiene el menor derecho a indulto alguno.

De acuerdo con las leyes vigentes Fujimori no puede ser indultado.

Fuentes

https://nuestrabandera.lamula.pe/2017/07/10/masiva-fue-marcha-peruana-contra-el-indulto/nuestrabandera/
https://nuestrabandera.lamula.pe/2017/07/07/peru-fujimori-en-el-poder-fue-un-consumado-terrorista/nuestrabandera/
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf
https://www.ecured.cu/Alberto_Fujimori