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Durante el año 2016 se detuvo a más de 42.000 menores de edad no acompañados, y a 56.000 personas que componían unidades familiares al cruzar la frontera sur de manera irregular (por México).



Las familias permanecían bajo “custodia” durante meses –algunas durante más de un año– mientras se tramitaba su petición de permanecer en EE.UU.

Muchas estaban recluidas en centros sin acceso adecuado a atención médica ni asistencia letrada. El alto comisionado de la ONU para los Refugiados calificó de crisis humanitaria y de protección la situación en el Triángulo Norte de Centroamérica.

Durante el primer mes de Trump en la presidencia, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deportó a 17.606 indocumentados, y desde el mes de su elección sumaban más de 56 000.

A diferencia de las cifras aportadas en la presidencia de Obama, en las que se especificaba que el 43 % de los deportados en sus ocho años de gobierno no tenían antecedentes criminales que constituyeran una amenaza para la seguridad nacional, el gobierno de Trump incluye al 100 % de sus expulsados en la categoría de criminales.

Según datos oficiales manejados por medios de prensa internacionales, hasta el 15 de julio la Administración Trump había deportado a 167.350 extranjeros, lo que va en camino de convertirse en la más grande masa de deportados por EE.UU. en los últimos años.

Los latinoamericanos constituyen el grupo más grande en ser expulsados, particularmente los mexicanos, que hasta mayo del 2017 sumaban alrededor de 60.000.

El miedo entre los inmigrantes es ahora mayor después de que Trump dictara una política de cero tolerancia en caso de redadas.

Desde que el mandatario llegó a la Casa Blanca se han conocido casos en los que algunos «dreamers» e indocumentados, sin antecedentes criminales serios, han sido detenidos durante operativos y puestos en proceso de deportación.

El mandatario primero dijo que deportaría a 11 millones de indocumentados en un plazo de 18 meses, y las organizaciones proinmigrantes, y de derechos civiles se han activado para intentar proteger a aquellos que no han cometido crímenes y que constituyen la mayoría.

Luego el magnate rebajó la cifra hasta tres millones de indocumentados con antecedentes criminales y estableció una nueva lista de prioridades de deportación que, entre otros, incluye crímenes severos, la expulsión de indocumentados cuyos casos todavía no han sido resueltos, y da poderes extraordinarios a los agentes de inmigración para que sean ellos y los jueces quienes decidan si un indocumentado es o no una amenaza a la seguridad de EE.UU.

A principios de noviembre del 2017, defensores centroamericanos de Derechos Humanos alertaron a los gobiernos de la región sobre el impacto que tendría si la Administración Trump decide retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a casi 300.000 inmigrantes originarios de El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Afirmaron que una decisión de esa magnitud impulsaría una expulsión masiva hacia Centroamérica en el 2018 y llevaría a esos países a enfrentar una crisis, debido a que no existen condiciones suficientes para la reinserción de los repatriados.

El 3 de noviembre de 2017 The Washington Post reveló que el Departamento de Estado ha recomendado poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití, del que se benefician 413.500 inmigrantes que residen y trabajan legalmente en territorio estadounidense.

La noticia trascendió días antes de un anuncio muy esperado del Departamento de Seguridad Interna (DHS) sobre si renovaría esa protección.

El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni  otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados, y podrían ser deportados.

El mandatario también pidió al Congreso trabajar para acabar «inmediatamente» con la lotería de visados, que asigna hasta 50.000 visas al año a naciones con bajas tasas de inmigrantes en EE.UU. y que él mismo ya había solicitado eliminar, en agosto pasado.

Trump ha respaldado proyectos de ley que limitan la inmigración legal y regresan a un sistema que privilegia el mérito y la capacitación sobre los lazos familiares.

Sobre el multimillonario proyecto de completar un muro para sellar la frontera de EE.UU. con México, argumentando razones de seguridad interna y tráfico humano, se incrementan los opositores y el cuestionamiento.

Los que se oponen aseguran que el número de personas que pretende cruzar a EE.UU va a la baja, como lo indican las cifras de detenciones registradas por la Patrulla Fronteriza a lo largo de toda la frontera.

Durante el año fiscal 2016 se registraron 418.816 arrestos, y en el año fiscal 2017 que finalizó el 30 de septiembre, solo se habían registrado 287.637, por lo que aseguran el muro es totalmente innecesario.

Para erigirse sobre el desierto de California, los prototipos del muro tuvieron que pasar por encima de al menos 39 leyes estadounidenses: ambientales, humanitarias, sociales y de derechos indígenas, dio a conocer Paloma Aguirre, directora del Programa Costero y Marino de Costa Salvaje (programa fronterizo EE.UU.-México).

Los prototipos, construidos por cuatro compañías, le costaron al gobierno de EE.UU, $ 500.000 dólares cada uno.

El Congreso aún necesitaría aprobar un presupuesto de 1.800 millones de dólares para comenzar oficialmente la construcción.

http://www.granma.cu/cuba/2017-11-29/eeuu-y-sus-lecciones-de-derechos-humanos-09-11-2017-23-11-55