Al arribar a la inmigración del aeropuerto de México la exsenadora del partido comunista, lideresa sindical, integrante del Partido Comunista Colombiano y vocera de Marcha Patriótica, Gloria Inés Ramírez, fue retenida de manera sin razón legal valedera y por razones aún por esclarecer. El hecho ha causado indignación entre las organizaciones sociales de la Marcha Patriótica ya que hablamos de una mujer desde el Senado y desde las calles ha trabajado por décadas por los derechos de las agremiaciones obreras, mujeres, campesinas y sobre todo por la paz del país.

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Cristian Delgado, encargado de la comisión nacional de derechos humanos de Marcha Patriótica, dice que “a la fecha han asesinado a 133 compañeros […] en todo el país”.

Desde su comienzo en 2012, el movimiento político y social Marcha Patriótica (MP) ha venido denunciando las persecuciones, estigmatizaciones y asesinatos que ha padecido. Sin embargo, las denuncias y responsabilidades de estos hechos en su mayoría han quedado en la impunidad. Estos barbáricos actos son similares a los ocurridos a mediados de la década de 1980 y hasta ya avanzada la siguiente. Los miembros de la Unión Patriótica (UP) fueron sometidos por parte de las fuerzas del Estado y paramilitares a un genocidio político; una práctica sistemática, dirigida contra sus integrantes, que hoy vuelve a preocupar a la sociedad colombiana.

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Cerca de 13 organizaciones sociales llevarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varias preocupaciones frente a la realidad que están viviendo líderes y lideresas en Colombia. En las audiencias tratarán temas como la falta de garantías de no repetición en los crímenes contra integrantes de organizaciones sociales y denunciarán la búsqueda de mecanismos de impunidad para agentes estatales en el marco de las negociaciones de paz adelantadas entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno nacional.

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