Economía
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La crisis económica y social neoliberal, que se ha visto agravada por la pandemia del covid-19, pone a las sociedades frente a dos caminos excluyentes. O se profundizan los principios, objetivos e instrumentos del modelo que ha provocado la mencionada crisis económica y social, o se aprovechan las condiciones de la crisis para desplegar alternativas de política económica y social capaces de ofrecer herramientas que permitan, tanto enfrentar la emergencia sanitaria, como superar el orden económico y social que ha puesto en situaciones de precarización, vulnerabilidad e informalidad al grueso de la población.



Ya se escuchan voces que demandan la introducción de reformas tributarias, laborales y pensionales regresivas para atenuar los efectos de la crisis.

Para estas voces resulta "inevitable" que las pérdidas generadas por la pandemia, así como los costos de la futura recuperación económica, se socialicen y sean asumidas por quienes se ven más golpeados por la crisis: los sectores asalariados e informales de la población.

La paradoja es evidente: son las víctimas del modelo neoliberal imperante quienes deben pagar los costos de sus crisis.

Sin embargo, también se abre la posibilidad de pensar en salidas que logren minimizar el sufrimiento humano provocado por la pandemia, pero habilitando espacios para la transgresión del orden socioeconómico imperante.

La renta básica de ciudadanía parece ubicarse en este último camino. Sin embargo, es necesario reiterar que es el apego estricto a sus principios lo que le permitirá permanecer en el campo de las alternativas al neoliberalismo y no girar hacia el pantano de las medidas compensadoras y remediales que buscan reproducirlo.

Como alternativa al neoliberalismo, la renta básica de ciudadanía se propone garantizar un "derecho a la existencia" para cada ser humano. Por este motivo, prescribe la necesidad de otorgar, de manera universal, individual e incondicional, un ingreso que les permita a las personas satisfacer sus necesidades básicas.

A diferencia de otros modelos de transferencias monetarias, la renta básica no se propone ubicar los ingresos de las personas por encima de determinados umbrales estadísticos. Todo lo contrario: dichos umbrales deben ser concebidos como el piso para calcular el monto de la renta básica, y no como el tope al cual se debería llegar.

En estricto sentido, la renta básica podría ser tan alta como las fuerzas productivas y distributivas de la sociedad lo permitan, y tan baja como los umbrales de necesidades básicas lo definan.

Si la renta básica pierde de vista sus principios de universalidad (por derecho de ciudadanía), individualidad (para cada ser humano) e incondicionalidad (independientemente del nivel de ingresos o de la disposición a trabajar), terminará convirtiéndose en una medida neoliberal remedial del tipo "Familias en Acción" (focalizada, condicionada y dirigida a las familias), o del tipo "impuesto negativo" de Milton Friedman (que buscaba complementar los ingresos laborales de las personas para alcanzar cierto umbral básico de ingresos).

Perder de vista estos principios y diferencias conlleva al equívoco de considerar la renta básica como una solución con la que estarían de acuerdo tanto los sectores políticos progresistas de izquierda, como los sectores políticos conservadores de derecha: estos últimos son proclives a defender modelos de rentas básicas focalizadas, que no alteren de manera sustancial el gasto público, y que no desincentiven la venta de la fuerza de trabajo. Es decir, modelos que terminan arrebatándole a la renta básica su potencial transformador, al convertirla en un simple subsidio focalizado a la demanda [1].

A continuación, se presenta una alternativa de renta básica que intenta acercarse de manera decidida a sus principios fundamentales, en la perspectiva de enfrentar la agudización de la crisis provocada por la pandemia y visualizar posibilidades de transformación de la política económica y social en Colombia.

La propuesta se basa en una redefinición para el caso colombiano de la elaboración realizada por Gregory Mankiw [2].

Dicho autor ha planteado otorgar a cada persona en el año 2020 un monto de dinero que tendría que ser devuelto a manera de impuesto en 2021, siguiendo la siguiente fórmula:

Esto quiere decir que las personas que vieron sus ingresos reducidos a cero durante el año 2020 no tendrían que pagar ningún impuesto en el año 2021. Las personas cuyos ingresos se mantuvieron constantes devolverían la totalidad de la ayuda recibida durante 2020.

Y quienes mejoraron sus ingresos en 2020, pagarían en 2021 un impuesto superior a la ayuda recibida durante el año de la pandemia. El modelo de Mankiw puede funcionar como un mecanismo redistributivo para quienes vieron deteriorado su nivel de ingresos durante la pandemia, como un préstamo para quienes mantuvieron sus ingresos constantes y como un impuesto para aquellos a quienes les fue mejor en medio de la crisis que en el año 2019.

Sin embargo, esta propuesta no representaría una alternativa adecuada para países caracterizados por altos niveles de informalidad y precarización laboral como Colombia.

Concretamente: bajo el modelo de Mankiw una persona precarizada, vulnerable o informal, que no hubiese visto afectados sus ingresos significativamente durante la pandemia, simplemente recibiría un crédito que tendría que ser pagado en 2021. En este sentido, la propuesta de emergencia de Mankiw no transgrede el orden neoliberal ni sus efectos estructurales.

Con el fin de ofrecerle un potencial transgresor a la elaboración de Mankiw, se propone para Colombia una renta básica de ciudadanía que parta de la dolorosa constatación de que únicamente el 15% de la fuerza laboral ocupada del país tiene ingresos superiores a dos (2) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). El 85% restante gana menos de este valor.

La idea es ofrecerle a cada persona del país (algo más de 49 millones de personas) una renta básica que la ubique por encima del umbral de pobreza ($284.000) [3] durante seis (6) meses.

Y que, en el año 2021, se genere un impuesto progresivo para ser pagado por el 15% de los ocupados con ingresos superiores a dos SMMLV (Salarios mínimos).

Esto significaría que una familia promedio con cuatro integrantes recibiría un valor mensual de $1.136.000 durante seis meses. Un valor superior al SMMLV en 2020 ($877.803). De esta manera se superaría la pobreza individual durante el periodo mencionado y se les brindaría a las familias una asignación monetaria que les permitiría enfrentar la situación de la pandemia, tanto como sus efectos mediatos (…)

Bajo esta fórmula se define un modelo progresivo de impuestos, pues las personas que perciben ingresos menores a dos (2) SMMLV no pagarían ningún impuesto en 2021. Por su parte, las personas que obtienen ingresos varias veces superiores a dos (2) SMMLV pagarían un impuesto proporcional.

Por ejemplo, las personas con ingresos de tres (3) SMMLV pagarían un impuesto mensual de $71.000 durante el año 2021, mientras que las personas que obtienen ingresos equivalentes a cien (100) SMMLV (piénsese en personas que perciben dividendos) pagarían un impuesto mensual de $6.958.000. El impuesto será creciente de acuerdo con el nivel de ingresos. El número de contribuyentes sobre el que recaería el impuesto se aproxima a tres millones de personas.

La inversión requerida para financiar la renta básica propuesta asciende a un valor equivalente al 3,4% del PIB, descontando la recaudación de impuestos de 2021.

El carácter universal, individual e incondicional de la propuesta hace que el monto de la inversión requerida sea más elevado que el estimado por otras propuestas realizadas para el caso colombiano. Sin embargo, su potencial transformador sería mayor, pues a diferencia de dichas propuestas la alternativa aquí presentada plantea un horizonte temporal más largo, ofrece un monto monetario más alto y no se concentra exclusivamente en familias pobres y vulnerables [4].

El financimiento de la propuesta puede complementarse, además, con la instauración de un impuesto al patrimonio de carácter progresivo, con la reestructuración del pago por concepto de intereses de deuda pública, con emisión de dinero por parte del Banco de la República, con la eliminación de una parte de las exenciones tributarias otorgadas por el Gobierno nacional (que ascendieron a cerca de $80 billones en 2018), con la reconducción de los recursos asociados a programas de transferencias monetarias condicionadas y focalizadas ("Familias en Acción", "Colombia Mayor", "Jóvenes en Acción" e "Ingreso solidario") que tienen un costo aproximado anual de $3,7 billones, y con el aprovechamiento de los recursos fiscales comprometidos por el gobierno para la devolución del IVA (que ascienden a $2 billones entre el 2020 y 2022).

El hecho que varias de estas medidas hayan sido contempladas también en las propuestas realizadas por Luis Jorge Garay, Jorge Espitia y Diego Carrero muestra el creciente consenso que existe sobre su viabilidad y pertinencia.

Una combinación de estas estrategias de política económica y social significaría no únicamente desatar el potencial transformador de la garantía de un "derecho a la existencia" para cada colombiana y colombiano, sino introducir ajustes heterodoxos y con carácter transgresivo en la conducción de la política fiscal y monetaria del país. Sobre estas bases, la propuesta aquí presentada podría hacerse permanente. Con esto, se le ofrecería una posibilidad real al despliegue de alternativas al neoliberalismo más allá de una simple gestión autoritario-sanitaria de la crisis.

Notas:
[1] Para un análisis profundo del potencial transformador de la renta básica de ciudadanía ver: Mora, A. (2012). Social policy and social transformation: The citizen’s basic income and the end of the contribution principle. Working Paper No. 31. Centre de recherches interdisciplinaires Démocratie, Institutions, Subjectivité (CriDIS). Universidad Católica de Lovaina - Disponible en Basic Income Economic Netwok BIEN (https://basicincome.org/).

[2] Mankiw, G. (2020). A proposal for social insurance during the pandemic. Greg´s Mankiw Blog (versión digital-23 de marzo de 2020).

[3] Según el DANE, el umbral monetario de pobreza para el año 2018 es de $283.828 en cabeceras municipales. El promedio en el país es de $257.433. En este sentido, la propuesta realizada toma el escenario más exigente.

[4] Luis Jorge Garay y Jorge Espitia, al igual que Diego Carrero, también han formulado propuestas de renta básica para enfrentar la pandemia. Los primeros han considerado entregar un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) de 2020 ($877.803) a cada una de las 6,2 millones de familias pobres y vulnerables del país durante tres meses.

El costo de la propuesta asciende a un valor equivalente al 1,2% del PIB. Por su parte, Diego Carrero ha propuesto una renta básica de entre medio (0,5) y un (1) SMMLV para un rango de entre 6 y 10 millones de familias pobres, vulnerables e informales del país por un periodo de tres meses.

El costo de esta alternativa se ubicaría en un valor equivalente al 1,5% - 2,6% del PIB, de acuerdo con el número de familias beneficiadas. Al respecto ver: Carrero, D. (2020). Es necesario implementar una Renta Básica en Colombia. UN Periódico (versión digital-abril 20 de 2020), y Garay, L. y Espitia, J. (2020). Renta básica extraordinaria como medida social de emergencia para enfrentar algunos de los impactos de la pandemia del COVID-19 en Colombia. Viva la Ciudadanía (versión digital-marzo 26 de 2020).

(*) Profesor Asociado, Departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia. Investigador del Centro de Pensamiento y Diálogo Político.

Junio de 2020

Fuente:
https://revistaizquierda.com/secciones/numero-86-junio-del-2020/una-renta-basica-para-enfrentar-el-neoliberalismo-y-el-covid-19-en-colombia