Economía
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Mientras nuestra sociedad claudica a la voracidad del virus, van llegando cada semana las noticias del pillaje. Las gentes más humildes, las que históricamente han visto vulnerado su derecho a vivir dignamente y se han ido conformando con el cruento ejercicio de sobrevivir a la violencia sutil, sistemática, ya naturalizada con que las clases políticas y económicas, nos acostumbraron a vivir, son quienes más sufren el desangre de los recursos públicos.



Cómo desconocer que familias enteras vagan por las ciudades con el desamparo turbándoles el rostro, mientras un puñado de funcionarios públicos, que han jurado proteger el bien común y velar porque los recursos se destinen a mitigar el impacto del covid-19 en una sociedad carente de equidad e inclusión dilapidan cantidades vulgares de dinero en su propio beneficio, o, en armar hasta los dientes a los organismos represivos, o, en una flota de vehículos para el uso de un solo hombre, que no ha sabido estar a la altura de lo que representa la banda presidencial en su pecho.

Era previsible, cuando comenzaron a expedirse decretos presidenciales en el marco del estado de emergencia actual, como el Decreto 512 de 2020 “por el cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para realizar movimientos presupuestales, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica”, o, como el Decreto 440 de 2020 “por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia covid-19" entre los muchos que ha ido adoptando el gobierno, para que la rebatiña viera su oportunidad de enriquecer los bolsillos de unos pocos en detrimento de miles, sino millones de colombianas y colombianos.

Así, con el auditorio desocupado, los tres entes de control de este país desarticulado y enfermo, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría anunciaron, con los lugares comunes de toda la vida, el esfuerzo de su alianza tripartita por neutralizar el pillaje de los recursos destinados a mitigar el flagelo del covid-19 en nuestra ya de por sí demacrada sociedad.

El fiscal, con un tono que busca generar confianza, pero que fracasa por la débil credibilidad de que goza por ser amigo personal, de toda la vida, del presidente Duque, señaló que 10 alcaldes recién elegidos, pertenecientes a los partidos de la gente “divinamente”, están siendo investigados por delitos como interés indebido en celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculados.

De acuerdo, con el fiscal Barbosa, se trata de los alcaldes de Armenia, Malambo, Cereté, la alcaldesa del Socorro, los alcaldes de Calarcá. San Pedro, San Antonio, Coveñas, Guaduas, Palocabildo, estos últimos, a la hora de la conferencia de prensa, detenidos.

El dudoso fiscal Barbosa, también indicó que la entidad a su cargo ha desarrollado “125 iniciativas investigativas y 40 indagaciones, ha impartido 140 órdenes de policía judicial y revisado más de 3.000 contratos”. Así mismo, los tres funcionarios, manifestaron con la seriedad que el caso imponía que “que los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia adelantan 14 procesos contra aforados, entre ellos, un ministro y 11 gobernadores”. Vergonzoso, pero, como ya señalé, previsible.

Lo cierto, es que estas investigaciones, estas “acciones contundentes”, que siempre prometen en estos eventos, surgen debido a que siete organizaciones civiles, es decir, conformadas por gente común y corriente, se aliaron para vigilar el manejo de los recursos públicos otorgados en el contexto del coronavirus, y, tras su investigación descubrieron que en estos meses de confinamiento se han firmado alrededor de 9.000 contratos por, una suma de 1,6 billones de pesos. ¿Dónde están esos recursos?

Por qué no se han invertido en evitar que la gente ande con el peso de la angustia, el hambre y la desesperanza, rogando por comida en las calles de las ciudades colombianas.

Así mismo, de acuerdo con el diario La Opinión, de Cúcuta “De esos contratos, 4.655, estimados en 1,1 billones de pesos, se han asignado bajo la causal de urgencia manifiesta, que permite contratar de manera directa; el 71% de la contratación se ha realizado en el nivel territorial y el 44 % corresponde a la ciudad de Bogotá”.

Por otra parte, la investigación indica que “se registran 7.613 contratistas, entre los cuales la alianza va a identificar cuántos fueron financiadores de campaña de las elecciones territoriales de 2019.” y es ahí, donde entra la afamada alianza tripartita entre Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, porque en ese detalle está la clave para entender lo que los partidos de la gente “divinamente” representan, pillaje.

Partidos a los cuales los funcionarios de la rueda de prensa pertenecen, o, han pertenecido. Entonces, esos funcionarios que están siendo investigados, o, que ya fueron apresados, serán sancionados por sus partidos, algunos pagarán una pena mínima desde la comodidad de su casa, otros, verán como los términos de su causa caducan y, mientras otro escándalo cubre al propio y sin mucho ruido un día, están de nuevo en las mismas, con la reputación renovada y aquí no pasó nada.

Es triste que en Colombia solo nos quede la ilusión efímera de esperar que la historia les cobre sus fechorías. Mientras eso sucede cuántas familias más seguirán deambulando sin esperanza y con hambre por estas calles displicentes, por este país que se ha ido construyendo sobre sobre la inequidad, la injusticia, la exclusión.

La Pandemia del hambre.

La población en situación de hambre y pobreza viene en aumento debido a la recesión económica y social producida por la enfermedad mundial del coronavirus, así lo deja ver el último informe conjunto Cepal y FAO emitido el 16 de junio del presente año, el cual alerta que, la actual crisis sanitaria mundial está a punto de transformarse en una crisis alimentaria.  

Uno de los aspectos que más resalta el informe es lo que tiene que ver con la interrupción de la cadena de suministro debido a las disrupciones logísticas.

En específico en Colombia hay problemas con la oferta a la par que muchos hogares dejaron de consumir debido al confinamiento, pero también a que aumentó el desempleo y quienes vivían de la informalidad dejaron de percibir lo poco que entraba a sus hogares para la manutención.

Aunque el sector agropecuario ha sido de los sectores que durante la pandemia se ha mantenido activo, presenta serias dificultades como el aumento del precio en los agroinsumos, el temor de los transportadores de contagiarse al llegar a Corabastos, el cierre de cadenas de restaurantes, cafeterías y demás establecimientos que proveen alimentos y sumado a lo anterior, el histórico estructural problema de no poder sacar los productos debido al mal estado de las  vías terciarias y la corrupción en programas de créditos y subsidios; estas problemáticas aumentan las preocupaciones de no poder recuperar lo invertido, lo cual dificultará la producción en el segundo semestre del año, viéndose ya departamentos que disminuyeron las siembras como el Valle, Nariño y algunos del caribe.

El informe añade cifras preocupantes como el aumento de la pobreza en 3,5 puntos porcentuales, mientras que se prevé que la pobreza extrema aumente 2,3 puntos porcentuales, alcanzando al 13,5% de la población de la región, la incidencia más alta de las últimas dos décadas. Eso implica que 15,9 millones de personas más podrían caer en la pobreza extrema, con lo que afectaría a 83,4 millones de personas en 2020.

Lo anterior además de obstaculizar el acceso a alimentos básicos y nutritivos, aumentará la brecha de desigualdad nutricional, lo cual será propicio para más casos de covid y demás enfermedades asociadas a la falta de calidad en la alimentación.

Del informe es preocupante el análisis de cómo la recesión económica de millones de hogares repercutirá directamente en la seguridad alimentaria, dejando claro que el hambre se deriva de la pobreza y no de la falta de alimentos.

Este aspecto del informe debe llevarnos a la apertura del debate sobre la falta de una política agroalimentaria que garantice a todos el derecho a la alimentación, una política que no solo beneficie a los grandes productores agropecuarios sino y en especial, recursos destinados a los pequeños y medianos productores, así mismo destinar recursos y logística  para la apertura de mercados locales, con subsidios reales que le permitan a los productores flexibilizar precios para los hogares que en estos momentos presentan mayor pobreza.

Con base en lo anterior, me preguntó por qué el gobierno nacional y los gobiernos locales priorizaron la compra de kits de alimentos a grandes productores, cadenas de supermercados y empresas, poniendo en esos kits solo alimentos no perecederos, granos y no se ven por ejemplo hortalizas, verduras o frutas, es decir ni balanceado en términos alimenticios ni balanceado en favorecer también a los pequeños y medianos productores agropecuarios, eso que ni hablar de los altos precios que se pagaron por aquellos kits, poniendo en evidencia que en los momentos de más crisis y necesidad solo le va bien a aquellos que ejercen la corrupción.

El informe Cepal/FAO realiza una serie de recomendaciones que además de justas, son urgentes y se deben aplicar desde ya como reforzar el ingreso básico de emergencia con un bono contra el hambre, otorgar apoyo financiero al sector agropecuario, a lo que le agrego que se debe tener en cuenta a medianos y pequeños productores, lograr una articulación entre el sector privado y público para garantizar producción, abastecimiento, distribución y un amplio acceso a alimentos. En lo que respecta a acceso, es necesario priorizar a las mujeres, a la comunidad travesti, niños, adolescentes y desempleados. Y de nuevo expreso lo que ya he dicho antes, urge un nuevo pacto agropecuario y de seguridad alimentaria.

Tomado del portal Las2Orillas