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Colombia es el país más desigual en cuanto a condiciones de acceso a la tierra en toda América Latina. Este problema es tema decisivo para la consolidación de la paz en el país.



Un informe publicado recientemente por la organización internacional Oxfam refleja los datos de un censo agrario del año 2014 por el Gobierno colombiano. En el muestreo las cifras de la distribución desigual hablan por sí solas y demuestran la gravedad del problema.

El texto titulado “Radiografía de la desigualdad": lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia” confirma que el 1 por ciento de las explotaciones más grandes acaparan más del 80 por ciento de las tierras rurales, mientras que el 99 por ciento restante de los cultivos que existen solamente ocupan el 19 por ciento.

Estas grandes concentraciones de tierra son el resultado de décadas de violencia y políticas públicas sesgadas que “han favorecido a latifundio especulador y rentista, arrojó el estudio.


Guajira. Foto: León Darío Peláez

¿Cómo es la distribución de la tierra?

El conflicto social y armado colombiano tiene sus raíces en la tierra y en las manos de quien acapara su mayor concentración.

Los datos del censo en el que se basa la investigación de Oxfam reflejan que el 0.1 por ciento de las explotaciones agropecuarias tienen más de dos mil hectáreas y controlan el 60 por ciento de la tierra, mientras que el 81 por ciento de las explotaciones tiene un promedio de sólo 2 hectáreas y ocupa menos del 5 por ciento de la tierra.

Según el estudio, la contribución de las mujeres al sector agropecuario no se refleja en el acceso a la tierra, que es bastante limitado, solo el 26 por ciento de las unidades productivas están dirigidas por mujeres y sus explotaciones son más pequeñas, predominando las de menos de 5 hectáreas.

En cuanto a la propiedad de las tierra, las cifras también son alarmantes: en el 43 por ciento de las unidades productivas de más de 2.000 hectáreas no se conoce de qué forma sus propietarios las obtuvieron.

Si el territorio agrario se dividiera a la mitad resultaría que las 704 mayores unidades productivas agropecuarias cubren la mitad, mientras que 2 millones 046 mil 536 ocupan la otra mitad. Oxfam resalta que cerca de un millón de pequeñas explotaciones agropecuarias tiene menos tierra que la que dispone en promedio cada vaca criada en las grandes haciendas ganaderas del país.

Por otro lado, cerca del 70 por ciento de los terrenos cultivables conocidos se encuentran en manos de narcotraficantes en la producción de cultivos ilícitos, como producto de su negocio, pero también de la quiebra a la que se han visto abocados numerosos propietarios por la aplicación de las políticas neoliberales.

Acuerdos de paz: Reforma Rural Integral

En entrevista para teleSUR el senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, explicó que como parte del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) está estipulado insertar los pasos para una reforma rural de carácter integral.

"Significa generar procesos y políticas lógicas que permitan democratizar la propiedad rural, que permita eliminar la pobreza en las zonas rurales y generar procesos productivos que respeten la propiedad campesina y el modelo económico de los campesinos, indígenas y de las comunidades afrodescendientes en Colombia", afirmó.

“Parte de esas medidas son por ejemplo las creación de un fondo de tres millones de hectáreas de tierras para entregar a campesinos que no las tienen o que las han perdido y generar un proceso de formalización de propiedades que abarque siete millones de hectáreas, es decir, beneficiar con un monto de 10 millones de hectáreas a los campesinos que están sin tierras por situación en la que no se reconoce su propiedad”, precisó el senador colombiano.

Según Cepeda, otra de las propuestas es la creación de un Catastro multimoral que permita construir información oficial sobre el estado actual de posesión de la tierra en Colombia y que este tenga un impacto sobre la posibilidad de recaudar impuestos, de manera proporcional con relación a la tenencia de la tierra.

Agregó que el fortalecimiento de la jurisdicción agraria para los procesos de restitución de tierras es un elemento clave, así como la posibilidad de que por vía administrativa se produzca la restitución y confiscación de tierras que no están siendo debidamente utilizadas o que han sido objeto de despojo.

"El éxito de estas propuestas consiste en que ahora se conviertan en normas legislativas y en reformas que permitan que se lleven a la práctica. Y esa es la lucha en la que estamos, la lucha de la implementación", culminó Iván Cepeda.

Desarrollar el compromiso que establece la implementación de la Reforma Rural Integral establecida en el acuerdo de paz, firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno y las FARC-EP, es uno de los puntos esenciales para abordar y resolver las causas estructurales del conflicto: la lucha por la distribución equitativa de las tierras en Colombia.

TeleSUR