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Para el actual Gobierno pareciera que todo es sostenible. Primero fue la minería a cielo abierto, el fracking y ahora la exploración y explotación petrolera y de gas marino, lo que permitirá, junto con una flexibilización de la normatividad, profundizar los conflictos socioambientales, y con ellos la criminalización de la protesta.



Hace un año, mientras en París se negociaba la 21ª. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (cop21) en medio de un enorme despliegue publicitario, una noticia pasó inadvertida: en el mar Caspio ardía otra plataforma marina petrolera, esta vez de la State Oil Company de Azerbaiyán, que dejaba un saldo de 29 trabajadores desaparecidos (probablemente muertos), y generaba el peligro de un nuevo derrame que afectaría profundamente el lago más extenso del mundo.

No era el primer accidente en la zona; en 2008 otra plataforma petrolera de la British Petroleum (BP), Central Azeri, había tenido una fuga de gas debida a fallas de revestimiento en los pozos, situación revelada a través de WikiLeaks.

De igual manera, seis años después del accidente en el Golfo de México, la BP –responsable del mayor derrame petrolero marino de la historia– continúa perforando en el suroeste asiático, tratando de re-construir, sin éxito, una reputación deteriorada por los enormes impactos ambientales y sociales relacionados, los cuales ahora quiere experimentar en el Caribe colombiano.

El de México fue el primer caso de ecocidio presentado ante el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Las denuncias sobre las nefastas consecuencias que este produjo se han unido a los accidentes ocurridos en el delta de Níger (Shell), en la Amazonia ecuatoriana (Chevron-Texaco), y en la zona costera de Alaska (Exxon Valdez).

La conferencia de París sirvió para enjuiciar y condenar de manera simbólica a Estados, empresas y corporaciones financieras que afectan los bienes comunes planetarios, base de la supervivencia de nuestra especie hoy.

Los océanos son los fundamentos de nuestra casa común, y sin embargo apenas el 0,3 % de ellos ha sido objeto de conservación. Desde la Cumbre de Río (1992) hasta la de París se ha avanzado muy poco en política pública internacional. El mar se considera un “territorio baldío”, expuesto a los más grandes atropellos.

Desde hace varios años la bióloga Silvia Earl viene denunciando el probable colapso de más del 50 % de los mares. La Misión Azul, liderada por ella, advierte acerca de la desaparición de más de la mitad de la barrera coralina australiana.

Esta denuncia debería alertar a los colombianos, pues el país tiene en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la tercera barrera coralina más larga e ininterrumpida del mundo, parte de la Reserva de la Biosfera Seaflower y sujeta a posibles impactos asociados con la gran minería; las obras de infraestructura portuaria y canalera; las explotaciones petroleras y gasíferas en mar y en tierra, y la expansión turística descontrolada.

Avanzada extractivista

Colombia posee 2.900 km de costa en el Mar Caribe y 1.300 km en el océano Pacífico. En 2015, con el anuncio de que “el futuro del petróleo está en el mar”, el Gobierno confirmó su avanzada extractivista en el mar Caribe, iniciada entre 2010 y 2012 y ampliada en 2014 a través de nuevas concesiones de exploración y explotación a empresas nacionales y multinacionales.

En consulta a la Asociación Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre la posible exploración en la Reserva de la Biosfera Seaflower, esta manifestó “no estar realizando ningún contrato de exploración y explotación”, aunque sí aceptó las labores de adquisición de datos sísmicos 2D de 6.844 km, más 340 km adicionales en el Caribe colombiano, para obtener información científica que permitiera conocer las características geológicas del subsuelo y la historia evolutiva de la cuenca.

La sísmica 2D –para cuya adquisición se contrató a la empresa Western Geco– es una actividad que ha producido considerables impactos ambientales en sedimentos marinos, en la calidad del agua, en peces, aves y otro tipo de fauna marina como ballenas, tortugas y delfines, entre otros, ampliamente estudiados y referenciados en diversos lugares del mundo.

Para el actual Gobierno pareciera que todo es sostenible. Primero fue la minería a cielo abierto, el fracking y ahora la exploración y explotación petrolera y de gas marinas, lo que permitirá, junto con una flexibilización de la normatividad, profundizar los conflictos socioambientales, y con ellos la criminalización de la protesta.

La ANH solo otorga licencia ambiental a “las actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del territorio nacional que se realicen en profundidades inferiores a 200 metros”.

Es decir que el Gobierno puede adquirir información sísmica en el área de la Reserva de la Biosfera o de cualquier otro lugar con más de 1.500 m y 5.000 m de profundidad, sin licenciamiento ambiental, y, más todavía, sin Consulta Previa, ya que en su interpretación de “soberanía nacional” este es un “asunto de Estado”.

El mar no es un territorio que le garantice la sobrevivencia a las comunidades, y el territorio insular y marítimo del Archipiélago no le pertenece a la comunidad Raizal.

En ese sentido se excluye también la relación del mar como parte del territorio ancestral, que los pobladores, pescadores tradicionales y capitanes de embarcaciones han reclamado.

Cabe señalar que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) revocó el artículo quinto (2011) en el cual se obligaba a Petrobras a incluir a las comunidades de pescadores dentro del proceso de socialización e información relacionada con el área de interés para la perforación exploratoria del Bloque Tayrona. Para el Gobierno no hay población afectada en sus océanos.

Periódico- N° 206- Universidad Nacional diciembre 2016