Economía
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La reforma tributaria es una ley, pero está modificando la Constitución. Rebasa lo que la Corte Constitucional denomina límites materiales implícitos de la Carta Política. Es decir, lesiona principios esenciales del Estado social de derecho.



Además es inicua, porque está montada fundamentalmente sobre el impuesto indirecto.

Los especialistas coinciden en el carácter regresivo de un tributo que, como el indirecto, no consulta la capacidad del contribuyente, pero lo obliga a pagar simplemente porque tiene necesidad de consumir ciertos bienes y servicios.

El IVA, por ejemplo, debe pagarlo, por igual, toda persona que necesite ropa y comida, es decir, todo el mundo: Por eso es uno de los impuestos más injustos e inequitativos que existe.

Una reforma tributaria sustentada en el incremento del IVA no puede invocar razón de equidad alguna.

Colombia sería el primer caso en el mundo donde se reactive la economía saqueando el consumo de los hogares, como lo escribe el columnista Mario Valencia, de la revista Dinero.

Lo sabe bien el ciudadano colombiano, que ha padecido 15 reformas tributarias en los últimos años, en medio de una constante, y al parecer creciente, debilidad fiscal de su Estado.

Como si lo anterior fuera poco, la reforma tributaria pretende gravar las pensiones de jubilación.

Semejante despropósito lesiona también el Estado social de derecho. Las pensiones no son un regalo, ni una ofrenda, ni un subsidio.

Son un ahorro del trabajador que se deduce de su salario, para hacer efectiva una prestación, conforme a normas preestablecidas.

Gravar las pensiones con impuestos desconoce los derechos adquiridos y, por lo tanto, viola la Constitución y lesiona principios básicos del Estado Social de derecho.

Las pensiones pagaron impuestos cuando fueron salario, de manera que gravarlas de nuevo es aplicarles doble tributación. ¿De dónde le cuelgan sentido de equidad a semejante iniciativa?

La reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso es inicua, es incoherente, es confiscatoria. Disminuir cualquier mesada pensional viola el artículo 48 superior, en donde se ordena que “por ningún motivo” puede reducirse su valor.

Pero despojar al pensionado de la tercera parte de su ingreso, de un solo plumazo, viola el artículo 34, que prohíbe la confiscación.

Por Dios, no caben más violaciones a las normas constitucionales y a los principios del Estado social de derecho. Así no pueden convivir unos ciudadanos, ni pueden sobrevivir unas instituciones.

Varios miembros del Congreso han planteado alternativas para que la financiación de un Estado ineficiente e hipertrofiado como el colombiano tape su hueco fiscal.

Ahí están las propuestas que el ministro pretende ignorar, aunque el presidente abrió la puerta a su estudio. Pero la austeridad puede comenzar por el Gobierno mismo.

No disminuyendo viáticos o escoltas o nóminas paralelas, sino formulando una auténtica reingeniería del Estado. Alguien me lo dijo en forma de caricatura: en Colombia sobran ministerios y faltan municipios.

@inefable

Foto: Ámbito Jurídico

Fuente:
https://www.elespectador.com/opinion/una-reforma-confiscatoria-columna-822710